La desesperante realidad económica, agravada por una escandalosa inflación, la inseguridad, la deplorable situación de la salud y de los hospitales públicos, la violación de los derechos humanos y la pobreza han degrado a la sociedad venezolana a límites absolutamente desconocidos.
A pesar de esta aberrante situación, el dictador Nicolás Maduro no cesa en sus disparatados despropósitos. El último de ellos ha sido la intervención de la Cruz Roja local fundándose en supuestas irregularidades, presunciones, denuncias y testimonios de personas no identificadas, algo similar a lo resuelto por el régimen dictatorial del nicaragüense Daniel Ortega.
La aberrante medida adoptada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), absolutamente subordinado al régimen chavista, se produjo después de que la entidad, que se enfocó en la situación de los presos políticos, entre otros detenidos, fue acusada por funcionarios del gobierno venezolano de conspiración, uno de los cargos más usuales para aventar cualquier tipo de disidencia.
El fiscal general Tarek William Saab, un dilecto colaborador del líder chavista, designó a un fiscal nacional para investigar y sancionar a los responsables de presunto acoso y maltrato de voluntarios y trabajadores y de actuaciones irregulares en el uso de los recursos de la institución humanitaria.
La declaración de Saab se produjo pocos días después de que Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela detrás de Maduro, acusó al titular de la Cruz Roja venezolana y a su equipo no solo de conspirar contra el gobierno, sino también de actitudes y actividades mafiosas en el manejo de fondos.
El TSJ ordenó asimismo la constitución de una junta reestructuradora ad hoc que estará presidida por Ricardo Filippo Cussano, extitular de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela –la mayor cámara de empresas del país–, quien deberá coordinar la designación de los miembros que integrarán esa junta.
Como era dable esperar, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con sede en Ginebra, manifestaron su oposición a la medida adoptada y consideraron que cualquier intervención gubernamental en cualquiera de sus sociedades suscita serias preocupaciones en cuanto a su independencia y trabajo humanitario. Lo que claramente se percibe como un zarpazo a la autonomía del organismo internacional sienta un grave precedente contra la libertad de asociación y reunión en Venezuela.
Lo que se teme, en función de la ausencia de una verdadera causa que justificara una intervención, es que, bajo nuevos controles, la Cruz Roja venezolana vea reemplazados sus fines por otros que respondan a la dictadura gobernante, transformándose para dejar así de prestar el valioso apoyo humanitario que la caracteriza mundialmente.
Editorial publicado por el diario La Nación de Argentina
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