El viernes negro de Maduro

El asedio a la Embajada de Argentina en Caracas pareció responder a la exhortación de Buenos Aires a la CPI para que solicite una orden de detención “contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen” por crímenes de lesa humanidad.

La maniobra también le sirvió a la dictadura de táctica de distracción para consumar la persecución contra el presidente electo Edmundo González, pero puede que más bien sea otro motivo para que se activen definitivamente los mecanismos de la justicia internacional.

Las gastadas teorías conspirativas de Maduro, que  roba elecciones e impone uno de los sistemas represivos más crueles del mundo siguiendo la fórmula de mafia de su socio Vladímir Putin,  desnudan el miedo de la jerarquía chavista y su cúpula militar de acompañar al mandatario ruso en la lista de los criminales más buscados  del mundo.  

Maduro ha insistido desesperadamente en que el fiscal Karim Khan conspira en su contra junto con Estados Unidos, los medios y hasta las ONG, pero la Corte Penal Internacional acumula desde 2018 pruebas de crímenes de lesa humanidad que podrían convertirlo pronto en “un hombre en busca y captura” como Putin, perseguido por crimen de guerra.

En la primera vez que pide detener a un jefe de Estado en ejercicio, la Corte emitió el 17 de marzo de 2023 orden de arresto contra Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia, lo que supone un crimen de guerra. Ese paso también puso de nuevo en la mira del mundo a perpetradores de crímenes de lesa humanidad como Maduro para que igualmente rindan cuentas.

Ya no hay garantía de impunidad y eso es importante, como ha advertido Donatella Rovera, del equipo de investigación de Amnistía Internacional que documentó la situación en Ucrania invadida por las tropas de Putin el 24 de febrero de 2022.  Cualquier jefe de Estado responsable de crímenes de guerra, considera la experta, “tiene que saber que existe la posibilidad de que un día se encuentre delante de la justicia”.

Y eso es así desde que la CPI entró en vigor el primero de julio de 2002. Creado por iniciativa de la ONU en 1998 a través del Estatuto de Roma y respaldado hoy en día por 124 naciones, el tribunal internacional con sede en La Haya (Países Bajos), juzga también los crímenes de lesa humanidad. Estos incluyen el asesinato, la tortura y la desaparición forzada, cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, como ocurre en Venezuela.

A fin de cuentas el objetivo de la Corte Penal Internacional, un organismo independiente que ni siquiera forma parte de la estructura orgánica de Naciones Unidas, es la universalización de los derechos humanos. Y Maduro, que es como su socio Putin en el crimen contra la vigencia de esos derechos, probablemente también tenga razones para estar preocupado.

Por eso el jefe del régimen, que ha desatado una represión feroz contra quienes denuncian que se robó las elecciones el 28 de julio, no perdonó que en un solo día  de la semana pasada 31 exgobernantes y Argentina solicitaran su captura a la CPI por crímenes de lesa humanidad. Tampoco perdonó que Lula le recordara la misión imposible de que “debería probar que fue el preferido del pueblo venezolano”. Fue, en cambio, el viernes negro de Maduro.