Un grupo de familiares aplaudía en las afueras del penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, la tarde del 16 de noviembre. Padres y madres celebraban cada vez que un preso político era excarcelado. Entre ellos estaba Jefferson Torres, una persona con discapacidad visual detenida días después del 28 de julio. Las cámaras de Venezolanos por la Información (VPItv), así como la de los ciudadanos presentes en el lugar, captaron el reencuentro.
Escenas similares ocurrían a tan sólo 85 kilómetros de allí, en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, donde José David Crespo, de apenas 15 años de edad, fue excarcelado después de pasar 109 días preso. Había sido detenido cuando tenía 14 años y, para entonces, era el menor de los adolescentes arrestados en el contexto postelectoral en el estado Lara, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones.
En total, de acuerdo con lo anunciado por el Ministerio Público (MP), durante el pasado 16 y 17 de noviembre fueron excarceladas 225 personas. Es una cifra superior a la contabilizada por la ONG Foro Penal, que hasta ahora ha registrado la excarcelación de 165 presos políticos.
“La Fiscalía dice que es un poco más; es posible que sea así porque no hay una lista oficial de las personas excarceladas y esto se ha manejado con mucha opacidad. No ha habido información concreta y verificable por parte de las autoridades”, dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente y fundador del Foro Penal, en conversación telefónica con El Nacional.
Las excarcelaciones ocurren luego de que se produjeran solicitudes de revisión de medidas que interpuso el MP ante los tribunales, explicó Himiob. Sin embargo, en dichas diligencias sólo han podido intervenir defensores públicos impuestos por las autoridades. En los casos que los abogados del Foro Penal han podido verificar, todos los excarcelados tienen medidas cautelares que limitan sus acciones.
En ese sentido, no sólo no se le da información a los familiares, sino que no se permite que tengan acceso a sus abogados de confianza ni a los expedientes.
“Los procesos penales en su contra continúan y no están, entonces, completamente libres. Por eso nosotros hablamos de excarcelaciones y no de liberaciones”, precisó Himiob.
Actualmente, aún 1.751 personas siguen presas por motivos políticos, según el Foro Penal. De esa cantidad, 41 son adolescentes. Nunca antes habían registrado un número tan alto de presos políticos en el país.
#Carabobo | Así fue el reencuentro de Jefferson Torres, uno de los excarcelados este #16Nov en el penal de Tocuyito, con sus familiares.
Jefferson es una persona con discapacidad visual y estuvo detenido de manera arbitraria en el contexto postelectoral del #28Jul.… pic.twitter.com/2ilnp7si9U
— VPItv (@VPITV) November 16, 2024
¿En qué condiciones se dieron las excarcelaciones de los presos políticos?
Las medidas cautelares impuestas a los excarcelados son beneficios procesales garantizados en las leyes venezolanas. Pero establecen importantes limitaciones, como tener que presentarse cada determinado tiempo ante un tribunal y no dar declaraciones a medios de comunicación, por ejemplo, lo cual termina vulnerando nuevamente los derechos de los excarcelados.
Esta situación se ha repetido constantemente entre todas las personas detenidas por razones políticas, afirma Rafael Uzcátegui, activista de los derechos humanos y director de la ONG Laboratorio de Paz. Son juicios que se extienden durante años, sin respuesta alguna, pero con una intención clara: coaccionar a las personas para que no participen en manifestaciones o se pronuncien en contra del gobierno nacional.
El limbo legal, además, ha obligado a las personas excarceladas y a sus familiares a ser cuidadosos con sus acercamientos a la prensa e incluso con las ONG, lo cual incentiva aún más la opacidad en torno a las condiciones de las excarcelaciones.
“Es muy difícil obtener los testimonios de las personas que son excarceladas. Sabemos que, de alguna manera, se les ha dicho que no pueden decir nada de lo que vivieron mientras estuvieron recluidos ni nada que tenga que ver con sus procesos”, explicó Himiob.
Esta combinación de factores, a juicio de Uzcátegui, se ha convertido en un mecanismo de castigo y un mensaje para atemorizar a la sociedad: “Es lo que pudiera pasar si la gente ejerce su derecho a la manifestación pacífica o son objeto de una detención arbitraria”.
“Hay una verdadera y clara intención del gobierno de que no se sepa qué es lo que ha pasado en esos procesos penales porque de eso se nutren diferentes acciones internacionales que se han adelantado”, agregó Himiob.
El abogado venezolano Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, habla durante una conferencia de prensa en Caracas el 14 de noviembre de 2024. Foto: Juan BARRETO/ AFP
Las excarcelaciones no terminan con los problemas
Los problemas de los privados de libertad, ni mucho menos, terminan con las excarcelaciones. Todos terminan padeciendo condiciones físicas (como el adelgazamiento debido a una mala alimentación), emocionales (miedo a socializar) y mentales (estrés post-traumático, ansiedad y pánico) que los terminan marcando profundamente.
“Bajo un país en el que funcione el estado de derecho, las personas pudieran ser beneficiadas con indemnizaciones por el Estado, o ser parte de políticas públicas para revertir algunas de estas situaciones. Esto debería ser una labor liderizada por la Defensoría del Pueblo, que en nuestro caso no tiene ninguna independencia y es un apéndice del actual Fiscal General”, sostiene Uzcátegui.
Rafael Uzcátegui, activista de los derechos humanos y director de la ONG Laboratorio de Paz. Foto: EFE
Estas condiciones también se extienden a los familiares, cuyas primeras reacciones al ver a sus parientes detenidos es el miedo y el desconcierto ante lo que pueda ocurrir. Viven con la expectativa de que sus seres queridos puedan ser liberados, pero con la amenaza por parte de funcionarios que les advierten que las condiciones podrían empeorar si dejan registro de la situación, ya sea exponiendo los casos, protestando o grabando un video.
A pesar de este escenario tan adverso, los familiares encuentran entre ellos, construyen amistades a partir del dolor compartido y conforman grupos para denunciar la situación de cada uno de sus parientes.
“Los familiares son permanentemente revictimizados y, aunque la condición de su ser querido varía según el penal en el que estén, a todas les violentan los derechos al debido proceso”, concluye Uzcátegui.
Manifestantes sostienen carteles contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y exigen la libertad de los presos políticos durante una protesta en la embajada de Brasil en Caracas el 11 de septiembre de 2024. Foto: JUAN BARRETO / AFP
Escalada represiva sin precedentes en el país
Himiob y Uzcátegui coinciden en la existencia de niveles de represión gubernamental que no se habían visto antes en Venezuela. Aseguran que está directamente relacionada con la intención de las autoridades de evitar cualquier queja o protesta que, de algún modo, sea capaz de poner en entredicho el resultado electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 28 de julio o vulnerar su permanencia en el poder.
Si bien el costo político de llevar a cabo la represión son altos, tanto nacional como internacionalmente, Himiob cree que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a asumirlos.
“A partir del 10 de enero (de 2025, cuando comienza el nuevo período presidencial) serán una fuerza de ocupación militar y policial del territorio venezolano, cuya principal política pública será el uso de la coacción y la fuerza”, advirtió Uzcátegui.
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