Trump sigue haciendo de las suyas. Arremete contra todas las instituciones que se le atraviesan por delante, brinca o deroga las normas que obstaculizan sus propósitos, dispara aranceles a lo largo y ancho del planeta y riega sanciones por todos lados. Además, negocia los conflictos internacionales cambiando a cada rato la brújula, señala amenazante que quiere comprar Groenlandia, expulsa a los inmigrantes sin ninguna consideración y los deporta a las cárceles de Bukele, “las mejores del mundo”, todo bajo la bandera del MAGA. En suma, se trata de una extensa lista de cosas que marcan su arbitrariedad política, siendo la última de ellas una insólita arremetida contra la ciencia.
“No science, no progress” rezaba una pancarta levantada el pasado 7 de marzo en una manifestación de científicos en Boston, protestando contra las políticas del presidente Trump. Y hace apenas unos días, alrededor de 1.900 miembros de las academias científicas estadounidenses (parte de la élite mundial en sus respectivas disciplinas) firmaron una carta abierta en la que denuncian el peligro que supone “el ataque sistemático contra la ciencia”, bajo el gobierno de Trump. Advierten que “e9l sistema científico del país está siendo destruido”, llegando al extremo de despedir a miles de científicos (detrás se encuentra Elon Musk, encargado de podar la burocracia), muchos de los cuales se han ido a otros países, entre ellos a China.
Se está imponiendo, expresa la carta, la censura mediante órdenes ejecutivas y amenazas financieras, que establecen qué estudios se financian o publican y cómo se comunican los resultados.
Como viene ocurriendo con todas las medidas que toma Trump, incluso aquellas que parecieran ser solo un asunto doméstico, tienen trascendencia más allá de sus fronteras. En este sentido, los firmantes de la carta indican que Estados Unidos invierte nada menos que la cuarta parte del financiamiento dedicado a nivel mundial a la ciencia y la tecnología.
Estamos, pues, estupefactos frente a las “travesuras” de Donald Trump, observando un mundo dibujado por la arbitrariedad o, como han anunciado algunos con más elegancia, por la Anomia Planetaria, frente a la que, por cierto, el andamiaje institucional, creado en torno a la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha quedado claramente obsoleto.
HARINA DE OTRO COSTAL
Leyendo algunos informes me entero hace poco de que el Salto Angel, la cascada más alta del mundo que está dentro del Parque Nacional Canaima, se encuentra al borde de la ruina, consecuencia de operaciones mineras ilegales que han surgido evadiendo impunemente todas las leyes venezolanas, además de varias internacionales.
E ignorando también el Plan de la Patria, en cuya última versión se considera al ecosocialismo como “como un elemento fundamental del socialismo bolivariano, frente a la crisis del sistema depredador del capitalismo, insostenible ecológica y socialmente”. Alrededor de ese objetivo, en el año 2016 el presidente Maduro creó el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Cabe advertir que meses antes se había iniciado la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” y se inició el Motor Minero, bajo una nueva política de desarrollo basada en la denominada Ecominería, que es precisamente lo contrario de la que se viene haciendo en el sur de Venezuela.
Sin embargo, como ocurre en el discurso oficial, la realidad es apenas un detalle menor, respecto al cual no es preciso guardar ninguna relación de concordancia. Prueba de ello es que, a mediados del año pasado y como si estuviera iniciando su gestión, Nicolás Maduro declaró que Venezuela tiene que “ordenar la minería a través de un concepto productivo, ecológico y preservador”, tal como lo evidencia la devastación del Salto Ángel, como opinan algunas personas, sin duda malintencionadas, enemigas del gobierno.
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