En mi columna de la semana pasada, les ofrecí este comunicado del Ministerio Público, hoy lo repito, porque su contenido es medular para lo que quiero desarrollar
«El Ministerio Público informa a la comunidad nacional que en la madrugada del día de ayer ha sido detenido luego de una exhaustiva investigación científica, Pedro Tellechea Ruiz, junto a sus más inmediatos colaboradores, por la comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación, donde destaca entre las diferentes causas que se le siguen, la entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado, conocido como el cerebro de Pdvsa, a una empresa controlada por los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, vulnerando así todos los mecanismos legales y nuestra soberanía nacional».
Constitucional y legalmente le corresponde a la Fiscalía del Ministerio Público ejercer el monopolio de la acción penal, así como también velar por el cumplimiento del principio de legalidad. Lamentablemente, cuando este privilegio es utilizado no para hacer valer los derechos y obligaciones de los ciudadanos, contenidos en nuestra carta magna y en el resto del ordenamiento jurídico, sino para obtener dividendos partidistas o beneficios del gobierno de turno, se pierde toda la majestad de la que está revestida, dando paso a la desconfianza, a la burla y en muchos casos al desacato de sus decisiones.
Nadie puede dudar que Tarek William Saab, desde el primer día que asumió el cargo, se ha comportado y actuado como un vocero y destacado activista del régimen y de su partido, y no como titular de la más importante institución del novísimo Poder Moral. En el caso que nos ocupa, se pone en evidencia lo anteriormente señalado. La Constitución consagra la igualdad entre los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de la aplicación de la normativa jurídica y de la administración de justicia. Cuando algún ciudadano es ampliamente reconocido como opositor y es necesario sacarlo del juego, el fiscal hace el trabajo sucio inventando delitos no cometidos, aportando pruebas inexistentes y detallando en lo más mínimo los supuestos delitos en que ha incurrido y casi siempre los mismos como: instigación al odio, corrupción y traición a la patria, entre otros. Cuando se trata de una persona vinculada al alto gobierno por ejercer algún cargo o sencillamente por ser un enchufado relevante el trato es diferente, lo que queda en evidencia en ese comunicado en el que señala que Pedro Tellechea cometió graves delitos, pero no señala cuáles, excepto en el caso de la entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado, conocido como el cerebro de Pdvsa, a una empresa controlada por los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, vulnerando así todos los mecanismos legales y nuestra soberanía nacional».
Este régimen instalado hace 25 años, ha protagonizado los más diversos y escandalosos hechos de corrupción y Tarek solo ha puesto en movimiento el proceso penal cuando el jefe del Estado ha formulado la denuncia contra alguno de sus colaboradores que cayó en desgracia como los casos de Tareck el Aissami y ahora el de Pedro Tellechea, cuyo propósito no es combatir la corrupción, sino pasar la factura porque le descubrieron un movimiento que podría derrocar a Nicolás Maduro. Es posible que sea cierto la entrega del cerebro de Pdvsa a los gringos y efectivamente constituiría un acto de traición a la patria. Pero el fiscal está seguro que la entrega de nuestro sistema de identificación, de registros y notarías a la dictadura cubana, facilitar el espionaje y control de elementos cubanos a nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas, el permitir la explotación y extracción de nuestros minerales y demás materiales estratégicos a China, Rusia, Irán y Turquía, nada de eso es traición a la patria, sencillamente se trata de un acto de cooperación revolucionaria. Este personaje más que ser un garante de la legalidad, es del verdugo del régimen, así lo confirma el invento del año, el supuesto robo de Citgo y la implicación en el mismo de los más relevantes voceros de la verdadera oposición; aceptando que ello fuera cierto, habría que investigar qué dio origen y condujo al remate de esa empresa (que no se ha producido) y quiénes fueron responsables directos e indirectos de tales acciones, pero el mutismo es total. Así mismo, para quien fuera un falso defensor de los derechos humanos, el encarcelamiento de miles de ciudadanos, el secuestro, tortura y tratos crueles a niños, a adolescentes y a mujeres por hacer uso del derecho constitucional a la protesta, es un castigo merecido por contrarrevolucionarios.
Igualmente, para este personaje que pareciera solo importarle su físico, el desconocimiento de la soberanía popular, el cambiar un resultado electoral, el robarse unas elecciones, no es un delito, simplemente se trata de un estado de necesidad para que la delincuencia continúe saqueando a Venezuela. Con razón el Tren de Aragua nació en esta «revolución», y se multiplicó, convirtiéndose en una vergüenza internacional a la sombra de quienes gobiernan.
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