La magnitud del fraude

Ilustración: Juan Diego Avendaño

El pasado 22 de agosto la “militante” del PSUV (partido oficial) presidenta de la Sala Electoral del Tribunal “Supremo” de Justicia de Venezuela, sin que se resolviera previamente la recusación en su contra, leyó la parte resolutiva de la sentencia referida al recurso intentado por “el jefe del Estado” sobre el resultado de la elección presidencial del 28 de julio anterior. Conforme a la misma, la sala, decidió convalidar “categóricamente” la elección del Sr. Maduro, o sea, el fraude contra la voluntad popular que muestra la lectura de las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación.

El fraude se preparó desde meses atrás. Aunque, inicialmente, los mandos del grupo usurpador creyeron poder manejar el proceso electoral –hasta fijó una fecha que consideró “inspiradora”– pronto comprendieron que sería difícil atraerse el apoyo de las clases populares. El rechazo a la reelección era general: superior a 80% de los votantes. Porque el balance desde 2014 es el peor de la historia: caída del PIB en 86% y destrucción de la industria petrolera, salto sideral de la inflación (971.233.440.134%), cierre de miles de empresas, pérdida de millones de empleos y reducción del salario mínimo a monto inferior a 5 dólares mensuales. La pobreza extrema afecta a 76,6% de la población que se encuentra desprotegida por el desmantelamiento de los servicios esenciales (educación, salud), la destrucción de la infraestructura y la inseguridad general: 202.892 muertes violentas (32.381 causadas por agentes del Estado). Como consecuencia, emigraron más de 8 millones de personas.

Como los sondeos señalaban escaso respaldo al usurpador y la oposición se adiestraba para defender sus votos, los mandos del continuismo desde mediados de 2023 tomaron medidas para preparar el fraude: se nombraron miembros más obedientes en el CNE y se modificó la integración del Tribunal “Supremo” (con abogados de poca formación jurídica, pero “probada” militancia); se limitó la inscripción  de los jóvenes en el registro y se impidió la de más de 5 millones de migrantes; se rechazó la presencia de observadores no comprometidos con la causa. Con la protesta de sus auténticos titulares, se puso a varias organizaciones democráticas al servicio del régimen; se pretendió desmantelar (mediante dura persecución) a “Vente Venezuela” de María Corina Machado; y se ordenó colocar todos los obstáculos posibles (algunos inimaginables) al candidato de la oposición (cuyo nombre se intentó imponer) ¿De  repetirse las elecciones, como proponen algunos, las nuevas se realizarían en tales condiciones?

La prueba del fraude la ofreció el torpe “presidente” del cne al anunciar los “resultados” de los escrutinios. Mintió al decir que los cómputos se habían demorado por un “hackeo” electrónico originado en Macedonia (imposible según los conocedores del tema). Luego, leyó de un papel cualquiera (una “servilleta”?), las cifras parciales (correspondientes al 80% de los votos): 5.150.092 (51,2%) para N. Maduro y 4.445.978 (44.2%) para E. González Urrutia.  Señaló que la tendencia era “irreversible” (aunque faltaba por sumar 20% de los votos). Atribuyó al total de candidatos un porcentaje superior al 100% de los escrutados. En fin, la información no provenía (aunque era un requisito indispensable) de la sala de totalización, cerrada a testigos de la oposición, por lo que no ofreció los resultados por estados y municipios, como disponen las normas. El organismo no mostró, en respaldo a aquellas cifras, las actas correspondientes a cada mesa de votación.

Para ese momento, la oposición disponía de copias originales de las actas enviadas al cne por 84,5% de las mesas de votación, colocadas de inmediato en páginas de internet de acceso general y gratuito. Cualquier ciudadano podía verificar su validez: en efecto, podía constatar (lo hicieron millones de personas), la correspondencia entre los resultados indicados en las copias con los de la mesa en que habían sufragado. Las actas faltantes no eran de mesas con mayoría del candidato a la reelección, sino de aquellas en que el testigo encargado de transmitirlas se vio impedido (por funcionarios o militares) de cumplir esa tarea. El renegado “defensor de los derechos”, ahora autodenominado “fiscal”, calificó de forjadas las copias originales. Parece no haber pensado lo que significa: elaborar, en menos de tres horas, más de 24.000 documentos distintos, con características particulares e irrepetibles (cifras, nombres, firmas únicas) es tarea absolutamente imposible.

El lunes 29 de julio el “presidente” del cne, sin acta de la sala de totalización ni revelar el porcentaje de participación, proclamó “ganador” al perdedor. Atribuyó a N. Maduro 6.408.844 “votos” (o 51,95%) mientras que reconoció a E. González Urrutia 5.326.104 (o 43,18%). Extraño: después de una gestión de escasos o ningún logro (y que ha causado todos los males posibles), el actual ocupante del cargo “consiguió” más votos que en su presentación anterior. No se acompañó aquella “proclamación” de los resultados desglosados por estados, municipios y mesas, como manda la ley.  No era necesario: aparecían en las redes.  Lo explicó el candidato Enrique Márquez: “Venezuela sabe lo que pasó el 28J. Los electores saben lo que pasó. Los testigos saben lo que pasó. El Plan República sabe lo que pasó. El CNE sabe lo que pasó. El TSJ sabe lo que pasó. El mundo sabe lo que pasó”.

Las fallas observadas en la proclamación del “ganador”, movieron a la cúpula del poder a acudir ante la sala electoral del tribunal “supremo”. Se buscaba una decisión de la más alta instancia judicial, que se tuviera como indiscutible y por tanto definitiva. Pero, como un procedimiento de ese tipo no está previsto en la legislación procesal, se “improvisó” uno (lo que no es posible en asunto de interés público). Al final, los integrantes del organismo (cuya designación ha sido siempre cuestionada) dictaron una sentencia que reconoce al tiempo que convalida el fraude. Curioso: no ordenaron publicar las actas, cuya existencia y contenido dicen haber constatado y solo “incitaron” al organismo electoral a hacer lo que es obligatorio. Los mandos militares se apresuraron a declarar su acatamiento. No hacía falta: días antes el ministro vitalicio había advertido a la oposición que no volvería a gobernar. De impedirlo se encarga el plan república!

Los mejores testigos del fraude resultaron ser, precisamente, los escogidos por el organismo electoral para integrar las mesas de votación y los designados como sus testigos por el partido oficial. Y junto a ellos, los oficiales y soldados del ignominiosamente llamado “plan república” que deberían cuidar el orden y garantizar la libre expresión de voluntad de los electores. Se les dio, sin embargo, la tarea de amedrentar a los ciudadanos y entorpecer las labores de control de los militantes de la oposición. Unos y otros presenciaron lo ocurrido (cuando no participaron en su ejecución). Y lo comentaron con sus camaradas y también con sus familiares durante toda la jornada (que para ellos no fue gloriosa). Por eso, cientos de miles de personas conocieron y luego difundieron las noticias; y resultó imposible ocultar la verdad. Como ahora, a pesar de las decisiones de la tal “sala electoral”, será impedir la historia.

El fraude provocó de inmediato la protesta general (que se ha hecho permanente). El régimen, movido por el temor, en lugar de negociar la transición pacífica, respondió con represión. Así, agregó nuevos crímenes (que son imprescriptibles) a su largo prontuario. Desde antes, algunos de sus representantes están sometidos a investigación por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. En las semanas siguientes, según Provea, fueron asesinados 24 manifestantes y se produjeron 50 desapariciones forzadas. Otros 2.400 ciudadanos fueron detenidos, casi siempre luego de sufrir maltratos. Muchos debieron marcharse. Tales cifras superan las de los momentos oscuros de las peores dictaduras del Cono Sur. Por su parte, Foro Penal informó que para el pasado 22 de agosto el número de presos políticos subió a 1.458 (entre ellos 107 adolescentes y 216 mujeres). Conviene recordar que durante el período del usurpador más de 17.000 personas han sido detenidas por razones políticas: marcará la historia.

El 28 de julio pasado los venezolanos manifestaron en forma inequívoca su rechazo al régimen autoritario que se esconde tras la fachada del socialismo y su voluntad de restaurar el sistema democrático, para asegurar el ejercicio de la libertad y la realización de la justicia. De esa decisión quedó constancia en las actas de las mesas de votación. También en las protestas que provocaron la intención de desconocer los resultados de la elección presidencial. El país no aceptará la sentencia de un tribunal constituido para validar el fraude. No será base jurídica ni política de la continuidad de la dictadura destructora.

X: @JesusRondonN