La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó recientemente las condenas impuestas contra 17 acusados por el magnicidio frustrado perpetrado el 4 de agosto de 2018 cuando Nicolás Maduro se encontraba en un acto militar celebrado en la avenida Bolívar de Caracas.
El 23 de agosto, la Sala Penal recibió nueve recursos de casación consignados por abogados de los 17 condenados por magnicidio, con denuncias relacionadas mayormente con el juicio celebrado en contra de los acusados, que buscaban anular las condenas impuestas contra los 13 civiles y cuatro militares señalados de homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la República, entre otros delitos.
Entre las denuncias presentadas por los abogados se encuentra que el tribunal de juicio presuntamente se negó a darle curso a una nueva prueba que supuestamente favorecía al general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Alejandro Pérez Gámez, acusado de haber informado sobre el lugar del acto donde estaría Maduro.
Los magistrados desecharon esa denuncia porque no califica para ser expuesta en un recurso de casación, el cual está dirigido a denunciar presuntas infracciones de las cortes de apelaciones y no de los tribunales de juicio, de acuerdo con información obtenida por Últimas Noticias.
Las denuncias también fueron desestimadas por la Sala Penal y los magistrados ratificaron las condenas impuestas, según la sentencia 682, redactada por la magistrada Elsa Gómez y convalidada por sus colegas Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.
¿Quiénes son los acusados por el caso de magnicidio frustrado?
Entre los 17 procesados por magnicidio en grado de frustración, 12 fueron condenados a 30 años de prisión, entre ellos tres militares: general Alejandro Pérez Gámez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); coronel (GNB) Pedro Javier Zambrano Hernández, y Juan Carlos Monasterio Vanegas, sargento mayor de primera en situación de retiro (GNB).
Los pilotos de los dos drones activados frente a la tarima donde se encontraba Maduro, Bryan de Jesús Oropeza Ruiz, Argenis Gabriel Valera Ruiz y Alberto José Bracho Rosques, también fueron condenados a 30 años de cárcel. Al igual que Yanín Fabiana Pernía Coronel, la mujer acusada de prestarles logística para esa acción.
También se encuentra Yolmer José Escalona Torrealba, el supuesto explosivista que recibió los drones en Barquisimeto (Lara) para su preparación con C-4, así como Emirlendris Carolina Benítez Rosales, empresaria catalogada como presunta colaboradora en el atentado fallido.
Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, presunto miembro de la denominada Resistencia Activa; Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, identificado como cabecilla de la operación, y José Miguel Estrada González, quien se enroló desde la cárcel en los planes, completan la lista de los sentenciados a pena máxima.
El general Héctor Armando Hernández Da Costa fue sentenciado a 16 años de prisión por el delito de conspiración, mientras que Ángela Lizbeth Expósito Carrillo recibió 24 años por presuntamente alojar en su vivienda al cabecilla de la operación. José Eloy Rivas Díaz fue condenado a 20 años de prisión por financiamiento al terrorismo y el exdiputado Juan Requesens recibió 8 años de prisión por el delito de conspiración.
El juicio contra los acusados transcurrió entre el 2 de diciembre de 2019 y e 2 de agosto 2022, cuando el Tribunal Nacional Primero de Juicio con competencia en casos vinculados con delitos Derivados y Conexos asociados al Terrorismo emitió condenas de entre 5 y 30 años de prisión.
Esas condenas fueron ratificadas el 21 de marzo pasado por la Sala Especial Dos de la Corte de Apelaciones Antiterrorista.
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