A primera hora del martes, 17 de diciembre, decenas de personas se aglomeraban en la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia. Eurodiputados, periodistas, activistas y otros políticos aguardaban la intervención de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, mientras se preparaba para recibir el premio Sájarov junto a Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, que acudió a la ceremonia en representación de la líder opositora.
Durante su intervención, González Urrutia sacó de sus bolsillos una muestra de las actas electorales emitidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) que validan su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Ante ello, aseguró que estará en Venezuela el próximo 10 de enero para tomar posesión del cargo como jefe de Estado.
¡Las actas llegaron al Parlamento Europeo!.
Con motivo del premio Sajarov tenemos una agenda intensa, con diferentes audiencias internacionales, en cada una sacaremos las actas de la verdad. pic.twitter.com/BsPQLYhCTZ— Edmundo González (@EdmundoGU) December 17, 2024
“Nuestra intención es estar en Venezuela (el 10 de enero) para que se respete la soberanía popular y la voluntad de millones de venezolanos que votaron por Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. Es una deuda que tenemos y que queremos hacer cumplir”, dijo el presidente electo a El Nacional, unos días antes de la ceremonia de entrega del premio Sájarov.
Pero esa tarea se enfrenta a numerosos retos y no será fácil de cumplir, según analistas consultados por este periódico. Como principal objetivo, debe superar y brindar opciones que permeen dentro de la base oficialista que permite al gobierno de Nicolás Maduro mantenerse en el poder. Para ello, a su vez, la oposición necesita canales de comunicación efectivos que transmitan a los grupos oficialistas las consecuencias o beneficios que podrían obtener con un cambio gubernamental. Y estas negociaciones pudieran ser más efectivas si son respaldadas por altos niveles de presión internacional y las fuerzas democráticas venezolanas.
A juicio de Mariano de Alba, abogado y analista internacional, las afirmaciones de Edmundo González (en las que asegura que estará en Venezuela para juramentarse) lucen más como una estrategia para generar presión sobre el chavismo e impulso dentro de las filas de la oposición.
“Hasta ahora, el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado mantener una cohesión sorprendente luego del fraude anunciado por el CNE en julio. También es cierto que persiste una dosis de descontento en las filas del gobierno y una percepción de que el panorama económico que tiene en frente el país es muy negativo. Pero no hay claridad de que eso será suficiente para que al menos parte de esa institucionalidad decida retirar su soporte a Maduro a partir del próximo 10 de enero”, explica De Alba en conversación telefónica.
En medio del escenario de incertidumbre, la lucha por el control gubernamental pudiera extenderse más allá del 10 de enero, de acuerdo con Miguel Ángel Martínez Meucci, politólogo experto en conflictos políticos. “Lo más importante no es el día en sí mismo, sino que la voluntad del pueblo venezolano encuentre las vías para ser respetada y hacerse valer”, sostiene.
Una correlación de fuerzas de camino al 10 de enero
Numerosos intentos de negociación entre la oposición venezolana y representantes del chavismo han ocurrido en el pasado con resultados desfavorables a una transición democrática en el país. Sin embargo, en esta ocasión pudiera resultar diferente.
El resultado de las elecciones del 28 de julio, por ejemplo, reveló la opinión de la inmensa mayoría del país. Esto ha establecido un nuevo tablero político y elevado la presión sobre los actores políticos que intentan impedir el mandato electoral.
“Por eso el hecho de que los resultados sean comprobables es tan importante: porque en esta ocasión le ha quedado claro a los gobiernos extranjeros qué es lo que piensan los venezolanos. A partir de ahí, podrán hacer o dejar de hacer, pero por ejemplo, ya le resulta muy complejo a un actor democrático reconocer a un gobierno que desconoce la voluntad de la gente expresada en las urnas. Y eso trae una larga lista de consecuencias favorables para un cambio político”, precisa Meucci.
Entre esa lista de consecuencias se encuentran las sanciones internacionales, que han sido ampliadas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea contra funcionarios acusados de perpetrar el fraude electoral y la violación de derechos humanos.
Un nuevo reto para la oposición, en esta oportunidad unificada en el liderazgo de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González, sería entonces encontrar una forma de canalizar esa voluntad mayoritaria expresada en las urnas.
Pero, si bien es importante el factor de la presión internacional, las alianzas a nivel interno (dentro de Venezuela) suelen desempeñar un papel preponderante. Éstas, no obstante, se han limitado y complicado como consecuencia de la represión desplegada por el gobierno nacional desde el 28 de julio.
“Para llegar a la transición democrática va a ser necesario lograr una acción colectiva de la ciudadanía venezolana que presione a la coalición de gobierno con acciones concretas, pero también disposición a entablar negociaciones complejas sobre cuál será el panorama del país una vez que se concrete un cambio”, explica De Alba.
El rol de la comunidad internacional
Tanto Meucci como De Alba coinciden en que la comunidad internacional puede desempeñar un rol imprescindible en una transición democrática, pero no el más determinante.
Mientras, en algunos casos, las herramientas diplomáticas como las sanciones pudieran incentivar negociaciones y dar resultados puntuales, usualmente éstas no son suficientes si no se les acompaña de presión interna. Y eso, dentro de las filas que sostienen al oficialismo, lo saben muy bien. Esa razón pudiera explicar, en parte, la escalada represiva y el mayor aislamiento internacional al que la administración de Maduro parece estar dispuesta a someterse.
“Un problema que enfrenta Venezuela es que aquellos países que quieren ver una transición democrática tienen cada vez menor comunicación con el gobierno de Maduro. Y también menor capacidad de incidencia”, asegura De Alba. Eso está dejando a los países con dos únicas herramientas, según el abogado: primero, los comunicados y condenas diplomáticas ante el fraude electoral y la masiva violación de derechos humanos; y segundo, algunas medidas de sanciones personales o económicas.
En paralelo, representantes del gobierno de Maduro, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, realizan esfuerzos por estrechar vínculos diplomáticos y comerciales con otros gobiernos que no cuestionan la situación venezolana ni tienen interés en garantías democráticas. Mientras eso ocurre, el gobierno venezolano no sólo evade las sanciones internacionales, sino que mantiene la posibilidad de enviar sus exportaciones a otros destinos como China, Rusia, Irán, Cuba, entre otros.
“Destacaría un último grupo de países, donde se podría incluir a Brasil y Colombia, que son de la visión de que hay que tratar de negociar con el gobierno de Maduro. Pero se han conseguido con que no tienen la influencia para convencerlo ni tampoco creen en limitarse a condenarlo diplomáticamente por los intereses que tienen en juego, empezando por la frontera”, concluye De Alba.
Por los momentos, mientras el escenario continúa marcado por las dudas, las posibilidades de una transición democrática se mantienen. «Cuando no priva el Estado de derecho ni el respeto a la Constitución, todo es posible», afirma Meucci.
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