El espacio cívico en Venezuela enfrenta graves desafíos que van desde la judicialización de la protesta hasta el encarcelamiento y las ejecuciones de civiles a manos de agentes de seguridad del Estado, según recoge el último informe de la organización de defensa de derechos humanos Provea, que por 25 años ha documentado las violaciones de derechos humanos en el país.
Para el coordinador de Provea, Oscar Murillo, hay tres aspectos que se han profundizado en Venezuela, en especial en estos 10 años de mandato de Nicolás Maduro: la pobreza, la impunidad y la sistemática violación de derechos humanos.
El Tiempo conversó con Murillo, quien además destacó la lamentable cifra de 10.085 asesinatos de venezolanos en esta década, a manos de policías y en contexto de incursiones en zonas populares.
—¿Cuáles son los datos más alarmantes de este informe?
—Una gran conclusión de este informe es que sin sociedad civil organizada, los gobiernos tendrían el campo libre para seguir violando los derechos humanos con impunidad y sin consecuencias. En este caso podemos verificar que el gobierno de Nicolás Maduro en sus 10 años de gestión ha violado los derechos humanos y justamente una de las características, además del empobrecimiento de la población, tiene que ver con la impunidad. El gobierno ha tratado de construir una narrativa propagandística de que todo estaba mejorando y esto con el apoyo cómplice de países de la región y otros aliados y hoy con este informe sustentado en cifra, nosotros podemos decir que esta simulación ha terminado y las características del informe es que tenemos una población más empobrecida y altos niveles de impunidad, mostrado por ejemplo cuando vemos que más de 10.000 personas han fallecido en los últimos 10 años a manos de agente del Estado. Solamente un 9 por ciento, reconocido por el Ministerio Público, es que ha tenido algún grado de investigación.
La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) documentó un total de 120 dirigentes sindicales detenidos «arbitrariamente» entre 2013 y 2023 – FOTO: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ
—¿En qué contexto han sido esas muertes?
—Sí, estos 10 años han sido de gran represión para el país, como el año 2014 y el año 2017, donde hablamos de una represión masiva. Hubo miles de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos. En esos años va surgiendo la preocupación de que hay en efecto la comisión de crímenes de lesa humanidad que termina luego precisamente en una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pero al mismo tiempo también en este periodo se han establecido unas políticas de seguridad ciudadana que desde el propio diseño están claramente contrarias y violatorias a los estándares de derechos humanos. En 2019 documentamos esta serie de violaciones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) donde precisamente los más afectados fueron jóvenes de zonas populares. Vimos una cantidad importante de asesinatos.
—¿Está relacionado el tema de la pobreza con estos asesinatos?
—Si hay una correlación y la vemos en nuestras cifras. En este marco de 10 años tenemos cifras históricas nunca vistas en la historia contemporánea venezolana. La caída del salario básico, el aumento exponencial de la pobreza y esto nos lleva también a una caída estrepitosa en el Índice de Desarrollo Humano. Todo esto nos remite a un modelo en el que se ha profundizado el sistema autoritario que lleva a un segundo nivel que es la exclusión social. A mayor pobreza mayor impunidad que eso significa discrecionalidad en el uso y empleo de la fuerza pública.
Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2019 donde se observa a cientos de personas durante el conato de levantamiento opositor contra el gobierno nacional – FOTO: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ
—Hablamos de estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro pero, ¿Esto no es una herencia de la gestión de Hugo Chávez?
—Hugo Chávez llegó a referirse a los informes de Provea como una pieza de memoria. La pobreza, definitivamente no comienza en el tiempo de Maduro, se profundiza.
—Sobre el derecho a la integridad personal, el informe dice que Maduro acumula 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1652 víctimas de torturas, 7.309 víctimas de tratos crueles e inhumanos. Con estos datos y con la investigación en la Corte Penal Internacional ¿hacia dónde avanza el país?
—Hay que reconocer públicamente que la activación de los mecanismos de protección internacional, ha generado de alguna manera un proceso de contención hacia las arbitrariedades. Le pedimos y solicitamos a los países, de América Latina, de Europa, Estados Unidos, que hay que seguir monitoreando el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Lo hemos dicho claramente y hoy día lo confirmamos con nuestro informe, que junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de derechos humanos. En el caso de Colombia, para que también mire de cerca y se pronuncie cuando lo considere necesario, para que el buen desarrollo hacia la democracia, hacia el retorno de la institucionalidad venezolana.
—¿Qué más pudiera hacer Colombia o al menos desde la sociedad civil ?
—Es casi imposible predecir cuál va a ser el siguiente paso para silenciar la disidencia y las voces críticas en Venezuela en un año electoral muy complejo, fíjate que nuestro informe no incluye lo que ha ocurrido en 2024 y pudiéramos adelantar de decir que así como hemos tenido una década oscura para los derechos humanos, hemos tenido un trimestre 2024 de los más oscuros en materia de persecución política y de represión a la voz disidente. Las organizaciones humanitarias pueden enfrentarse en los próximos días, en los próximos meses a un período mucho más peligroso, por lo tanto, lo que haga no solamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sino el presidente de Brasil, tiene un papel clave.
—Ustedes recogen en el informe la criminalización por profesiones, por ejemplo los más perseguidos son trabajadores públicos, sindicalistas, periodistas, médicos y maestros, entonces ¿cómo puede actuar la sociedad civil venezolana enfrentándose a esto?
—Este es un Gobierno que comenzó su gestión autodenominándose obrero. Al cabo de 10 años tiene 120 sindicalistas tras la cárcel, algunos de ellos ya han salido bajo medidas condicionales y tenemos más de 3.000 trabajadores amenazados y hostigados. Los trabajadores de la nómina pública son los más perseguidos, pero aun así un aproximado de casi 78 por ciento de la población quiere ir a votar el próximo 28 de julio y te preguntas cómo la gente todavía tiene intención de participar políticamente con estos niveles de represión, de persecución, de cárcel y de exilio. Ahí de lo que estamos hablando es que hay un país que no se cansa de levantarse, que no se cansa de luchar y que ha determinado que la búsqueda de su futuro político, de su bienestar común es a través de las vías pacíficas.
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