Al menos 10.085 personas han sido asesinadas por organismos de seguridad del Estado entre los años 2013 y 2023, de acuerdo con el Informe Anual número 35 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Durante la presentación del informe, la ONG advirtió sobre una sistemática vulneración de los derechos humanos en Venezuela bajo los 10 años de gestión de Nicolás Maduro.
En los últimos años, el gobierno madurista ha violentado los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
«Solo entre 2013 y 2023 se registraron 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes», de acuerdo con el informe.
Provea alertó que «las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos han revelado la existencia de una política o plan de Estado orientado a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población».
No hay un entorno favorable para superar la pobreza
«En 10 años de gestión, Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población», resaltó el informe.
La ONG aseguró que las políticas de Maduro han profundizado una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más de 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 bolívares que no cubre las necesidades más básicas de una persona.
Entre 2015 y 2022 Venezuela cayó 39 puestos en la medición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al cierre de 2022, el organismo registró un IDH de 0,699 lo que sitúa al país en el puesto 119 de 193 países analizados, entre los más bajos de América Latina.
La organización indicó que en los últimos años Venezuela ha sufrido una caída de más de 80% de su producto interno bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas a escala mundial, ocasionando un daño a la capacidad productiva del país.
«La gestión de Maduro condujo al país -por primera vez en su historia- a un escenario de hiperinflación que pulverizó el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores, acabó con el ahorro y las aspiraciones de movilidad social de cientos de miles de familias, colapsó el consumo y demolió la moneda nacional», destacó el informe.
Provea advirtió que, junto con la pobreza, la impunidad estructural sigue siendo la mayor violación de derechos humanos en Venezuela. «Subrayan un irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el acaparamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantizando impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos», señalaron.
El resultado de este panorama de alta inflación, bajos ingresos y débil protección social es devastador, de acuerdo con diversos indicadores que detalla la ONG: solo 16% de los hogares consume una cantidad suficiente de alimentos; 50,6% dedica casi todo su presupuesto a alimentos y 45,2% de la población está en inseguridad alimentaria.
En materia de acceso a servicios básicos, las cifras son también alarmantes: 69% de la población sufre serias restricciones para el acceso a agua potable, 61,9% enfrenta graves fallas de electricidad y 49,4% tiene escaso acceso a servicios de transporte.