Sigamos el legado de Sabino Romero, un gigante cuyo asesinato pasó inadvertido

Por Sociedad Homo et Natura

Como no todos saben, Sabino Romero Izarra  fue un líder indígena venezolano perteneciente al pueblo yukpa y luchador por los derechos indígenas, asesinado en marzo de 2013.

Sabino Romero

Sabino Romero era cacique de la comunidad de Chaktapa, fundada en los años setenta  en tierras aledañas a haciendas ganaderas por indígenas de la cuenca alta del río Yaza de la sierra de Perijá, en el estado Zulia y que anteriormente era la hacienda Tizina,​ la cual recuperaron, ya que esas tierras les pertenecen al pueblo Yukpa desde tiempos ancestrales.  Desde entonces, el conflicto entre ganaderos e indígenas ha ido in crescendo.

En el año 2009, el gobierno de Venezuela hizo entrega de títulos de propiedad de tierras a estos indígenas, por considerar que «los pueblos Yukpa de la Sierra de Perijá los han estado esperando por mucho tiempo». Sin embargo, muchas de las tierras otorgadas en términos de propiedad colectiva al pueblo Yukpa se encuentran ocupadas por haciendas de ganado y los propietarios manifiestan que les fue honrado oportunamente la indemnización de terceros contemplada por la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, con lo que la conflicto entre ganaderos e indígenas se agudizó.

Además de la presencia de fincas ganaderas en estas tierras, en ellas se habían dado concesiones mineras para la explotación de carbón y otros minerales, estas concesiones a empresas trasnacionales y a consorcios mixtos no se han anulado como solicitan los indígenas y diversas organizaciones ambientalistas. Sabino Romero fue un cuestionador de la política minera del estado venezolano en sus tierras ancestrales.

En la noche del 3 de marzo de 2013, Romero fue asesinado al salir de una actividad en la comunidad del Tokuko, en la Sierra de Perijá, municipio Machiques de Perijá del estado Zulia. Su esposa, Lucía Martínez y un bebe recién nacido fueron heridos en el incidente. Su muerte pasó un tanto inadvertida para el país porque solo 2 días después se anunciaba el deceso de Hugo Chávez. Esperemos que, al apurar con este artículo el recuerdo, este año no se opaque su recuerdo, por los homenajes que al líder bolivariano se harán en esos días.  Su hijo Sabino, su esposa Lucía Fernández  y los yukpa del Yaza siguen en pie de lucha, honrando su memoria.

También vino el recuerdo porque los indígenas zulianos están recordando otra muerte de aniversario estos días: la de Alí Primera. ¿Quién les puede quitar también el derecho a no recordarlo? Dice Segundo González, escritor Wayuu: “Alí es muy recordado por los luchadores sociales venezolanos. Con su tenaz militancia en la solidaridad, tanto venezolana, como internacional, Ali dibujó un nuevo hombre y mujer, solidaria con las luchas de los pueblos del mundo contra el colonialismo y la explotación: «Mujer del Vietnam», «la Noche del Jabalí», «Sombrero azul», «Canción para los valientes», etc. El 16 de este mes se cumplieron 36 años de su siembra, reivindicar su gesta cultural, política y social pasa por asumir los valores innatos del luchador social venezolano; ternura, amor por la patria, por los desheredados de la tierra, los desposeídos, rabia ante la injusticia. Ali nos enseñó que no hay arma más eficaz para abrir caminos de esperanza que la solidaridad y armado con su voz de trueno, su cuatro y su guitarra, conquistó el corazón del pueblo para comprometerlo en su propia liberación”.

Y deja  el escultor añuu Leonel Múñoz la siguiente estatuilla en piedra sintética:

En Occidente negro panorama como el carbón, en oriente y sur brillo de sangre y no de oro.

Al parecer, para ciertos venezolanos pasó inadvertido el balance publicado en Mongabay Latam [1] bajo autoría de Lorena Meléndez, por ello y por pintarnos un panorama de mil y un conflictos que terminan afectando a las naciones indígenas fue traído a colación, artículo de gran calidad.

“Aunque el nombre del Parque Nacional Morrocoy fue el que más se difundió en los medios de comunicación cuando ocurrieron los derrames petroleros de julio y agosto de 2020, hubo otro sitio protegido que resultó gravemente afectado: el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, clasificado en Venezuela como un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) y hogar de cerca de 300 especies de aves que comparten su hábitat con reptiles y mamíferos en peligro de extinción.

Cuare, en el estado Falcón y vecino de Morrocoy, fue el primer lugar del país en entrar en la lista de espacios protegidos por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida también como la Convención de Ramsar, por la ciudad iraní en donde se firmó en 1971. Entró a la clasificación el 23 de noviembre de 1988 y desde entonces solo lo han hecho cuatro lugares más en Venezuela. Es precisamente a esta Convención a la que apelarán en 2021 los científicos, activistas y ciudadanos que desean exigir una acción por las fugas de petróleo de la empresa estatal venezolana (Pdvsa).

Por ser un Estado miembro del acuerdo, Venezuela está comprometida a realizar un uso racional de este espacio, pero en su lugar ha permitido que cerca de allí se levanten construcciones que han provocado que la zona comience a secarse y que, durante 2020, se haya convertido en víctima de un gran derrame de crudo.

La bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, Vilisa Morón, asegura que, actualmente, activistas y vecinos de la zona están buscando contactos para apelar al Ramsar, pero aún no han conseguido el apoyo necesario.

Personal de Pdvsa solo estuvo presente en los primeros días de limpieza y sin maquinarias. Foto: Ministerio de Ecosocialismo de Venezuela.

Todavía hay mucho por hacer. El estudio de lo ocurrido con las fugas de hidrocarburos es primordial para que este año puedan ejercerse las actividades de saneamientos más certeras y adecuadas. “Desde las ONG, universidades y la ciudadanía, nuestro trabajo es hacer seguimiento y presión. Una de las acciones en que todos podemos apoyar es el mapeo [de los derrames y zonas afectadas]”, dice Morón.

Eduardo Klein, biólogo, profesor universitario y coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar, apoya la idea porque es precisamente la falta de monitoreo la que ha provocado los derrames. Sostiene que la ausencia de una evaluación de daños, por falta de personal capacitado en la empresa estatal, ha impedido que se eviten accidentes y que sus efectos se prolonguen en el tiempo.

Klein asegura que todos estos eventos han demostrado una y otra vez la total incapacidad de Pdvsa para detener las fugas que, anteriormente, eran atendidas con unidades especiales y planes de contingencia. “Hoy, en cambio, la limpieza de los daños ambientales hecha por la industria dependió en gran medida de la preocupación e insistencia de las comunidades aledañas al parque”, afirma el académico.

Según Klein, meses después los manglares continúan afectados y los pescadores deben ir más lejos para poder pescar porque los residuos afectaron la flora y fauna marina. Para el biólogo, una tarea pendiente para este 2021 es que los llamados de la sociedad civil “resuenen aún más fuerte en un Estado que incumple con responsabilidades básicas para mantener el equilibrio ambiental”.

El futuro ambiental con dos parlamentos

Con 2021 llegó, constitucionalmente, el turno de una nueva Asamblea Nacional, poder que durante los últimos cinco años se había mantenido bajo el mando de la oposición, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia la declaró en desacato desde 2017 e invalidó todas sus decisiones y declaraciones a partir de ese momento. Sin embargo, la renovación de esa instancia dejó un sinsabor.

Los líderes opositores rechazaron acudir a las urnas electorales para ser reelegidos como diputados debido a que las condiciones de los comicios impuestas desde el Ejecutivo los ponían en clara desventaja y, según ellos, no garantizaban la transparencia del proceso. Por esa razón, el chavismo protagonizó en diciembre pasado unas elecciones señaladas, tanto por sus contrincantes como por varios países de la comunidad internacional, como fraudulentas. Gracias a esas elecciones el partido oficialista ocupa hoy más del 90 % de las curules, lo que allana el camino para que cualquier orden emanada desde el palacio de Miraflores tenga luz verde en el órgano legislativo.

Ante tal panorama, la mayoría de los parlamentarios opositores de la Asamblea Nacional elegida en 2015 decidieron continuar en sus posiciones y constituyeron una comisión delegada bajo el argumento de que los comicios de diciembre de 2020 fueron ilegítimos y “no pueden permitir el vacío de poder”. Mientras tanto, los chavistas asumieron también sus nuevas responsabilidades.

Con dos poderes legislativos, queda por ver cómo se verán afectadas las decisiones que impacten directamente a los parques nacionales y a las áreas protegidas. Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, asegura que la convivencia de dos parlamentos no tiene cabida porque no existe una “república bicéfala”. “Eso va contra la razón y contra la misma capacidad operativa del Estado”, apunta el experto en Derecho. A pesar del inconformismo de la oposición, Rafalli asegura que será la Asamblea de Nicolás Maduro la que rija en todas las materias, incluyendo la ambiental. “Si resuelve dictar leyes de contenido ambiental, nadie dentro del país va a decir no, porque tiene poder coercitivo”, añade.

Pero todo cambia en el ámbito internacional. El abogado explica que es en ese plano donde existen tratados y convenios firmados con otros países y que estos podrán decidir a cuál de los dos parlamentos respalda.

“Desde el punto de vista político, el apoyo a la oposición de estos países tiene relevancia desde dos ópticas: la primera tiene que ver con los acuerdos y convenios bilaterales en materia ambiental, porque esos Estados reconocen a Guaidó como su interlocutor. Pero hay un segundo punto y es que estos convenios suponen compromisos entre Estados con miras a la protección del Ambiente, pero no los pueden hacer cumplir porque, en la práctica, la oposición no tiene competencias legislativas”, añade Raffalli.

Hay quienes piensan que lo peor está por venir. “La profundización del desastre de la tragedia a corto plazo es lo que vislumbro”, le dice a Mongabay Latam el parlamentario opositor Américo De Grazia, quien está convencido de que el medio ambiente será uno de los más afectados ante el nuevo panorama político. “Van a estimular y exponenciar todos los males ambientales a cálculos inimaginables”, asegura, y agrega que se ampliarán los desastres ecológicos promovidos con el Arco Minero del Orinoco y será imposible proteger a los parques nacionales.

De Grazia comenta que “todo aquel que no tenga contrapeso de poder siempre va a pecar más” y por eso la oposición optó por declarar la continuidad constitucional, decisión que ya recibió el visto bueno de países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Colombia, Chile y Brasil.

Proteger el parque Canaima

Desde hace más de cinco años, organizaciones, turistas, ambientalistas, periodistas y activistas [indígena] han denunciado la presencia de minería dentro del Parque Nacional Canaima, en el sureño estado Bolívar. En 1994 esta área natural protegida fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y, con el tiempo, el problema de la minería ilegal se ha agravado, tanto que de los 33 sectores mineros que habían sido identificados por la organización no gubernamental SOS Orinoco en 2018, se pasó a 59 en 2020. En solo un par de años, la cantidad de puntos de extracción de oro dentro del parque creció un 78%.

La inacción del gobierno de Nicolás Maduro para contrarrestar la actividad extractivista y el apoyo del Estado hacia proyectos como el Arco Minero del Orinoco —que ha facilitado el tráfico de herramientas y maquinarias para la minería hacia los espacios protegidos colindantes— constituyeron una alarma para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que evalúa el patrimonio natural en peligro. En 2017, Canaima entró en la lista de sitios que representan una “preocupación significativa” y fue clasificada con una alerta naranja, solo un peldaño abajo de la alerta roja, que es la valoración más preocupante.

“Esta fiebre del oro ha empeorado por la crisis humanitaria compleja en la que está sumida Venezuela. Los escenarios futuros para Canaima son poco alentadores pues no existe en el terreno una autoridad ambiental capaz, o interesada, en responder efectivamente a esta problemática. No hay voluntad política, ni una gobernabilidad que permita hacer frente a las operaciones mineras, por lo que se espera que se incremente la devastación en su interior, generando graves daños a la cultura indígena pemón [etnia que hoy se consuela con la puesta en libertad de 12 de sus miembros, en tanto lloran a Salvador Franco, quien era el decimotercero de un grupo de esa cultura pero el referido falleció en prisión, privación de libertad no  comprendida ni justificada], gran parte de cuyo territorio ancestral se encuentra resguardado por el parque nacional”, escribió SOS Orinoco el año pasado en un comunicado en el que insta a la Unesco a reconocer que el problema de la actividad extractivista dentro del parque es mucho más grave de lo que se contempla.

Por esta razón, de acuerdo con SOS Orinoco, en el entorno ambientalista es “urgente y necesario” que Canaima sea recategorizado como “en peligro crítico” según los criterios de la UICN, que es el órgano técnico asesor de Unesco. Así se activaría una alerta roja que podría impulsar una acción urgente desde el gobierno central venezolano en favor de la conservación.

“Teniendo en cuenta la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, y la política de Estado abiertamente minera y desconsiderada con las leyes ambientales, se hace necesario que UNESCO incluya a Canaima en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, como una acción política que empuje a las autoridades a actuar de forma decisiva y asertiva para lograr el cese de las operaciones mineras, ofreciendo alternativas económica y ecológicamente sostenibles a la población residente del parque nacional”, apuntó SOS Orinoco en una misiva publicada en junio pasado, cuando se cumplieron 58 años desde que Canaima fue catalogada como área natural protegida.

Para la consultora ambiental y presidenta encargada de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Isabel Novo, con la incorporación de Canaima a la Lista Roja “habría posibilidad, entre otras cosas, de recibir apoyo internacional para ayudar a buscar soluciones que permitan atender su situación actual”. Novo cree que ese es un paso esencial para estimular medidas de conservación en el ámbito de la Convención del Patrimonio Mundial, antes de que la situación se torne más grave y se pierda su condición de Sitio de Patrimonio Mundial.

“Idealmente, este reto debería contar con el respaldo de las instituciones encargadas de la administración y manejo del Parque Nacional Canaima, entre ellas el Instituto Nacional de Parques (Inparques)”, acota la experta.

Novo explica que el ingreso a la alerta máxima sería reversible en un futuro porque el Comité del Patrimonio Mundial puede eliminar a Canaima de la Lista Roja “una vez que haya cumplido los criterios establecidos en el ‘Estado de Conservación Deseado para la Eliminación de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro’ y se hayan restaurado sus valores naturales”.

Para Novo, es inconcebible que dentro del Parque Nacional Canaima se desarrolle la actividad minera y menos aún si esta área está protegida. “Muchos de los efectos de esta actividad son irreversibles y afectan tanto a la biodiversidad del parque como a sus habitantes. El gran potencial turístico de esta zona es una alternativa que ha sido evaluada como una fuente de ingresos importante en la región si se realiza de manera controlada, pero se está perdiendo con la minería”, insiste.

En 2020, la minería continuó ganando espacio en Venezuela.

No solo en el parque Canaima se multiplicaron los puntos de extracción sino que, de acuerdo con el estudio ‘Minando Derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía’ del World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en apenas un año, el área de cobertura vegetal afectada por la minería ilegal en la Amazonía venezolana pasó de 400 kilómetros cuadrados a 1200. A este espacio se suman, además, los casi 112 000 kilómetros cuadrados que ocupa el Arco Minero del Orinoco —zona de explotación minera legal—, que desde el año pasado incluyó la explotación de oro en seis de los ríos más caudalosos de la zona y ha afectado a poblaciones indígenas.

María Teresa Quispe, directora estratégica del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, organización que participó en la investigación, sabe cuánto ha incidido esta actividad dentro de los territorios indígenas. El mismo documento determinó que la minería afecta el 31 % de las tierras de las comunidades nativas de la región amazónica. Por eso, al momento de referir una solución al problema, alude de inmediato a la necesidad de crear alternativas económicas al extractivismo.

En una Venezuela que atraviesa por una emergencia humanitaria que ha expulsado al menos a cinco millones de personas, irse a trabajar en los yacimientos auríferos del sur de la nación —a merced de los grupos irregulares armados y las bandas criminales que controlan el acceso a las distintas minas— se ha convertido en una medida desesperada para ganar dinero. Miles de indígenas, en medio de la situación, se han visto obligados a convertirse en mineros para poder subsistir. Muchos de ellos, que vivían del turismo y trabajaban como guías o en restaurantes y posadas, se quedaron sin ningún sustento con la caída abrupta del número de viajeros que antes los visitaban.

“La minería de ninguna manera es ecológica, eso no hay forma de sostenerlo”, sentencia Quispe, oponiéndose al argumento con el que el gobierno de Nicolás Maduro ha querido justificar la creación del Arco Minero del Orinoco. De hecho, la cartera encargada del sector es el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, lo cual para Quispe es una contradicción.

“Yo creo que en Venezuela, que es un país petrolero, no se puede considerar que la minería es la única salida […] La generación de proyectos productivos endógenos que partan incluso de los conocimientos, producciones y riquezas tradicionales de los territorios indígenas es algo que se debe apoyar, explorar e impulsar. Este gobierno, o el que venga, debería contemplar esa posibilidad”, indica la directora de Wataniba. Para Quispe, la búsqueda de alternativas a la minería debe comenzar ya, a pesar de que Latinoamérica, en general, le apuesta al extractivismo.

“Mongabay Latam buscó al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico pero hasta el momento no se ha obtenido una declaración”, según explica la periodista Meléndez quien después pasa a hablar del problema de la costa oceánica, a juicio de ella, otros de los grandes  desafíos ambientales para Venezuela este año, pero eso será tema de un posterior artículo, hoy la causa indígena fue la preocupación, si bien vale recordar que el pueblo Warao en el Delta Amacuro, es quizás el gran emblema de Venezuela en todo ese frente marino.

[1] https://es.mongabay.com/2021/01/desafios-ambientales-venezuela-2021-oceanos-mineria-politica/