Venezuela bajo fuego

Por Alejandro Álvarez Iragorry. Coordinador de Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos

Al momento de enviarse este artículo a redacción, pasada ya la mitad del mes de abril,  Venezuela está literalmente bajo fuego. Desde hace varias semanas en medios de comunicación y redes sociales se reportan una enorme cantidad de incendios de vegetación que están destruyendo áreas naturales, incrementando los riesgos de que se generen daños a personas y propiedades  y aumentando los problemas de salud de la población debido a las grandes cantidades de humo que están saturando la atmósfera.

Todas esas situaciones pueden afectar de manera muy grave los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a la salud, a un nivel de vida digno y adecuado, así como a un ambiente sano, seguro y equilibrado.

En una imagen satelital recientemente publicada se puede ver el país atravesado por un enorme cinturón de fuego que cubre prácticamente todos los estados de la región central y oriental. Y esta imagen que es solo una fotografía de la situación nacional en la segunda semana del mes deja fuera los feroces incendios de vegetación que arrasaron zonas naturales en el estado Mérida, Táchira y Trujillo, afectando incluso áreas supuestamente protegidas.

La magnitud de la situación hace que en proporción a su superficie el país debería tener un nivel de alerta y contingencia similar a la de Brasil el año pasado.

¿Cuáles son las causas de estos incendios?

Dejando por fuera las teorías conspiranoicas, los especialistas apuntan a dos causas que actúan simultáneamente.

La primera causa es natural. Los incendios están relacionados con la sequía meteorológica muy intensa, es decir que el nivel de las lluvias durante un período determinado resulta muy inferior a la media esperable, la cual ha afectado a todo el país en los últimos años y por lo tanto la vegetación se encuentra muy seca, por lo que fácilmente hace combustión y se expande el fuego.

La segunda es el abandono. Y en este caso abandono es el resumen de la pérdida de la capacidad del Estado para prevenir, implementar acciones de mitigación, prepararse, estar alerta y darle respuestas eficaces a los eventos que ocurran. Y más allá de ello, es el abandono de la obligación del Estado de proteger a la población contra este tipo de desastres.

En este momento, la única acción que parece estar realizándose es el combate directo a los incendios por parte de reducidos grupos de bomberos forestales. Esos grupos de bomberos están luchando sin tener ni los equipos, logística, ni apoyo necesario para actuar eficazmente, exponiendo sus vidas en una batalla perdida de antemano, debido a la cantidad de focos de incendios y su extensión.

Solo piensen en que Protección Civil informó recientemente que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo atendió más de 50 incendios únicamente en la región capital el pasado domingo 12 de abril.

En este momento, cuando adicionalmente estamos bajo la emergencia de la pandemia del coronavirus y existe un fuerte desabastecimiento de combustible y agua, estos bomberos sin botas y uniformes remendados deberían ser considerados héroes nacionales.

¿Y cuáles son las consecuencias de esta situación?

Las consecuencias serán múltiples: Las primeras serán relacionadas con daños a la salud humana. En particular la inhalación de humo puede afectar a personas con enfermedades respiratorias, mujeres embarazadas y niños recién nacidos. También puede destruir o dañar zonas de producción agrícola o pecuaria, destruir propiedades y generar accidentes viales.

Asimismo, los incendios descontrolados pueden afectar de manera directa a las personas al quedar atrapadas entre las llamas. A principio de año, en Cagua, en un incendio provocado en un cañaveral murieron 11 personas, entre ellos 9 menores de edad.

A mediano plazo, los incendios destruyen la vegetación que retiene los suelos principalmente en las zonas de pendientes aumentando el riesgo de derrumbes y deslaves.

También destruye y empobrece la biodiversidad local. Quizás no veamos koalas o canguros calcinados como los que fueron captados el año pasado en los incendios que asolaron Australia, pero es muy probable que miles de animales y plantas hayan sido destruidos o desplazados en esta temporada de incendios.

Igualmente, el fuego destruye los bosques de las  cuencas captadoras de agua aumentando el desabastecimiento de ese líquido y contribuyen con la emisión de gases de efectos invernaderos que causan el cambio climático.

¿Y qué debería estar haciéndose para evitar estos desastres?

Según la información difundida por los medios de comunicación, Venezuela cuenta con un Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

La realidad parece mostrar que también ese plan se convirtió en cenizas y humo.

En todo caso, este plan debería incluir un estudio pormenorizado de las zonas de mayor riesgo de ocurrencia de incendios en el territorio nacional. Esto es más urgente cuando el propio Inameh declara que 64% del territorio venezolano tiene un  riesgo muy alto de incendios forestales. Por lo tanto, es muy importante saber por dónde empezar y cuáles son los sitios más críticos.

Asimismo, se necesitan establecer obras para la contención o mitigación de incendios, tales como cortafuegos, controlar la vegetación herbácea que pueda inflamarse fácilmente, eliminar los botaderos de basuras y controlar, y donde sea posible eliminar, las quemas con fines agrícolas.

Igualmente, se necesita generar acciones de vigilancia permanente y contar con bomberos bien entrenados, con equipos, apoyo logístico adecuado para la realización de sus tareas, así como  sistemas de seguridad en casos de accidentes. También es necesario promover el apoyo de la sociedad civil donde sea necesario.

Pero más allá de esas estrategias clásicas de gestión de riesgos de desastres, el Estado venezolano debe generar políticas y acciones eficaces para evitar el uso de la leña para cocinar suministrando bombonas de gas a la población y en aquellos lugares donde ello no sea viable llevar gas educando a la población para el uso de fogones seguros.

También se debe impedir la invasión de áreas verdes, zonas naturales y en especial Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Asimismo, hay que eliminar los vertederos de basuras existentes y controlar la práctica de la quema de desechos tanto domésticos como agrícolas y se debe perseguir y sancionar a toda persona que haga uso del fuego con fines ilegítimos.

Para que esto tenga real efectividad es necesario que el Estado abra vías efectivas para la participación de los ciudadanos en la protección ambiental, se eduque a la población y se genere una política integral de control de los delitos ambientales incluyendo la corrupción que promueve muchos de los delitos ambientales que están en la raíz de muchos de los incendios.

Es importante reiterar continuamente: en nuestro país todos los incendios de vegetación tienen en su origen la acción humana. En estas latitudes, la posibilidad de ocurrencia de incendios espontáneos de vegetación es muy remota.

En resumen, es necesario que de manera urgente el Estado y todos los ciudadanos tomemos acción sobre esta situación, sino el futuro de nuestro país y nuestros derechos como ciudadanos  se convertirán en cenizas.