Trascender en la gestión pública

Foto: comovamosnl.org

La evaluación como herramienta para la gestión pública orientada a resultados, es algo que puede resaltar como novedoso en muchas sociedades, puesto que la evaluación del desempeño ha evolucionado en su aplicación, generalmente en las organizaciones de carácter privado, que les permite hacer un diagnóstico del entorno para ser más eficaces en cuanto a la capacidad de ser competitivos frente a otras homólogas o de similar tenor.

Ahora bien, tampoco es que se trata de algo que se desconozca, porque existen los organismos de transparencia, los contralores, los de carácter civil que se dedican a recabar datos, los observatorios ciudadanos que analizan procesos y resultados, entre otros, que se supone son la contención de las malas prácticas en la política pública, algunas de ellas incluso por ley y que son de estricto cumplimiento. Otras más bien de carácter moral, que a nivel informativo, para el común denominador de la población, generan confianza y por ende, para los gobiernos se convierten en indelegables.

En el estado de Nuevo León, México, por citar un ejemplo –y creo que opera también en otros estados de la república-, existe la plataforma ciudadana “Cómo Vamos, Nuevo León”, que según ella se autodefine en su portal web (se crean en 2012) como un organismo “bajo liderazgo de Consejo Cívico y un grupo de organizaciones civiles locales, cámaras empresariales y universidades …”, que trabaja “por fortalecer la democracia, evaluando los resultados de … gobiernos, fomentando la participación ciudadana y aportando datos y espacios de rendición de cuentas para que nuestra ciudad y estado mejoren”. Esto, implica evaluaciones de indicadores que se hacen 3 o 4 veces al año y muestran los avances o retrocesos en políticas públicas sostenibles para gobierno del estado y gobiernos municipales, que con el pasar del tiempo han ido haciendo para precisas y rigurosas las formas de cuantificación y su respectiva validación.

En México, tomándolo nuevamente como referencia, se dice que las causas por las cuales el sector público comienza a adoptar sistemas de medición, subyacen principalmente en la desconfianza que tenían los ciudadanos en cuanto a que el gobierno no realizaba bien su trabajo, o simplemente no sabían que estaban haciendo. La evaluación del desempeño se incrustó en el gobierno mexicano como una función innovadora que abonaría a la cultura de la transparencia, con el objeto de conseguir mejores niveles de aceptación por parte de la ciudadanía, según indica una investigación de Rodríguez Montaño y Ordaz Álvarez, de 2021.

En general, en un contexto evaluativo, se espera que con la aplicación de diversos tipos de indicadores se garantice la búsqueda de objetividad en el desempeño de los actores involucrados.  En ese sentido, si un programa de evaluación del desempeño está bien planteado, desarrollado y evaluado, generalmente trae beneficios a corto, mediano y largo plazo; en este escenario los beneficiarios son: el evaluado, el jefe, la organización y la comunidad (Chiavenato, 2000).

La evaluación del desempeño ha mostrado una evolución y ha tenido cambios significativos respecto de las ideas originales que se acuñaron a inicios del siglo pasado. El precedente de la evaluación del desempeño se centraba en los resultados y no en los procesos; esto motivaba que el resultado final establecía el parámetro de la  evaluación al  final  del  trabajo/actividad, y esto contrario a lo que se quiere, era absolutamente pragmático, es decir, “números fríos”, que aunque pudiera eliminar sesgos, también no dice mucho del camino para alcanzar estos valores.

La evaluación del desempeño se presenta como el cambio entre evaluar los procesos y no solo el producto. Esta evolución de la evaluación, que hasta hace poco se daba de manera   vertical   y   con   poca   delegación   de responsabilidades, en la actualidad se sugiere que debe ser un proceso compartido, de corte más horizontal y estableciendo responsables en cada parte del mismo. Existen muchos métodos, algunos más utilizados que otros, pero finalmente de acuerdo a las necesidades que se tengan y también a los insumos con los que se cuente.

La  variante  de  la  evaluación  del  desempeño  se presenta  cuando  se  pretende  insertar  modelos  en  el  sector  público, entidades  que  generalmente  se piensa que  no son susceptibles a  este  tipo  de  mediciones,  salvo  en algunas áreas, como de la salud, seguridad, educación o economía, pero, no en todos los casos, el tipo y forma de evaluación atendía parámetros  de  calidad,  sino  más  bien  de carácter informativo  o   descriptivo de  los  números  alcanzados  en  un  período  de tiempo, que normalmente era de un año –mayormente fiscal- a otro.

Para entender un poco más, en general, las organizaciones de carácter público se crean por un mandato legal de derecho público, a través de una ley o de un decreto que funda y justifica su existencia. La misma ley le dota de los capitales de origen estatal, los cuales provienen, en la mayoría de las veces, de las contribuciones que de manera legal cobra el estado a sus ciudadanos, a menos que provenga de ingresos por otras ganancias que obtiene el Estado, por ejemplo, de la venta de sus recursos naturales o materia prima.

Implementar modelos de evaluación de desempeño en el ámbito público, incorporado como práctica cotidiana, induce a la profesionalización de los servidores públicos y, esto promueve la transformación gradual que no va en detrimento de la mejora continua, y se pone a la orden de los cambios cualitativos que se manifiestan principalmente con los cambios políticos o de índole tecnológico que se van introduciendo. Pero siempre con la premisa de dar continuidad a la política pública.

Nuevamente poniendo de ejemplo de análisis a México, se puede decir que la evaluación del desempeño en el sector público tiene su origen en los sistemas de control del proceso presupuestario, y ello se dio de manera paralela a la evolución de los sistemas de presupuesto, al pasar de los sistemas tradicionales, al de presupuesto por programas y finalmente, al basado en resultados. Esto inició en forma, a partir de 2005, por lo cual se tiene apenas casi 20 años de haberse aplicado esta buena práctica.

Esta situación de adoptar modelos evaluativos en el sector público mexicano,  se  dio  principalmente  después de la entrada en vigor de las leyes de transparencia, las cuales, de manera tajante, acapararon la escena, para poner en la vitrina a la función pública y sus diversos actores, tanto políticos como administrativos, que habías estado en una zona de confort, como el caso de los funcionarios del poder legislativo, tanto a nivel federal como local, que habían pasado desapercibidos por la ciudadanía, al no saber de manera clara el alcance de sus funciones ni sus deberes.

Ahora bien, si consideramos que en el caso de México todo este enfoque novedoso de las políticas públicas sometidas a evaluación, se ha concentrado prácticamente en lo presupuestal, podemos decir que esto apenas comienza, y quizás la razón más clara es evitar la corrupción, pero a largo plazo, es propiciar gestiones sostenibles. Sin embargo, hay mucho más por hacer. Los sistemas de evaluación del desempeño en el sector público deben transitar, de ser aplicados a los procesos presupuestales, que debe ser un parámetro de cómo ofrece el Estado, en el orden federal, estatal y local, los servicios que la población espera. Y contrastar esto, luego, con la percepción que tienen los ciudadanos de ello, para cerrar el círculo, aunque debe entenderse que no necesariamente este ejercicio da los resultados esperados, pues hay políticas públicas que son necesarias pero impopulares, por lo que podría tornarse subjetivo.

La evaluación del desempeño no debe de ser vista como un castigo para la toma de decisiones en la administración pública, por lo largo que podría llegar a ser su aplicación y a la dedicación que conlleva, sino más bien como una herramienta de apoyo a su trabajo, mediante la cual se busque la concreción de los objetivos que se autoimpone el Estado en los tres niveles de gobierno. Y esto tiene una relevancia suprema, si se considera que debe haber trascendencia en las políticas públicas, que traspase las administraciones de turno y conlleve a la profesionalización de la gestión pública, como lo comenté en mi artículo de noviembre pasado. Trascender en la gestión pública, tiene su asidero en las buenas prácticas, debidamente documentadas, medidas y validadas.

Espero haberles contribuido, ¡hasta la próxima entrega!

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