(A propósito de los 10 años del asesinato de Sabino Romero y el Día Internacional de la Mujer: las luchas indígenas en Venezuela muestran resiliencia con gran protagonismo femenino)
Lisseth Bloom [1]
Ana María Fernández y Carmen Fernández, lideresas Yukpa. Foto: La Gaurura.
“Ya no hay lágrimas para llorar”, dijo Ana María Fernández Fernández cuando en julio de 2014 viajó a Caracas, junto a su madre, para denunciar ante el Ministerio Público el asesinato de su hermano Cristóbal —a golpes, culatazos y patadas— por presuntos guardias nacionales bolivarianos. No era el primer familiar que perdía la vida por la violencia en el territorio yukpa.
Dos años antes, un grupo de sicarios mataron a dos de sus diez hermanos, José Luis y Alexander, por el conflicto territorial en la Sierra de Perijá, estado Zulia, que ha sumido de sangre y dolor a parte de ese pueblo indígena en las últimas décadas. En ese entonces, la defensora yukpa también recorrió más de 600 kilómetros para exigir justicia en la capital venezolana. Ni las autoridades nacionales ni regionales se pronunciaron sobre estas muertes violentas. Hasta ahora, las investigaciones judiciales permanecen archivadas.
Si alguien ha padecido en carne propia el despojo, la discriminación y la injusticia son las mujeres yukpas que asumieron la lucha por la demarcación de sus territorios ancestrales. En el caso de Ana María Fernández, ella afirma que cinco de sus diez hermanos han sido víctimas del sicariato ordenado por terratenientes, militares y guerrilla colombiana que opera en esa región limítrofe de Zulia. Además, menciona que su cuñada fue torturada y su hermana ha sido amenazada de violación. A su mamá, matrona yukpa, Fernández cuenta que le quemaron su casa levantada en tierra recuperada por su familia.
La lucha por la demarcación del territorio indígena
Hasta la muerte de su hermano Alexander, Ana María Fernández no estaba consciente de la lucha del pueblo yukpa por sus tierras en la Sierra de Perijá, situada al noroeste de Venezuela, en la frontera con Colombia. La misma que enarbolaba con determinación y valentía el líder Sabino Romero Izarra, defensor emblemático de la demarcación del territorio indígena, asesinado el 3 de marzo de 2013 por un grupo de sicarios de Machiques, en la población fronteriza de Tukuko, tres días antes de la muerte del expresidente Hugo Chávez. En agosto de 2015, el autor material del asesinato, Ángel Romero Bracho fue condenado a 30 años de prisión (pena máxima en Venezuela) mientras que otros cinco implicados recibieron condena de 7 años de cárcel.
La conmoción que le produjo el asesinato de sus hermanos Alexander y José Luis, el 23 de junio de 2012, la llevó a involucrarse en la causa yukpa. En la lucha por rescatar la tierra, decidió acompañar a su mamá, Carmen Fernández Romero, también conocida como Anita, lideresa de la comunidad de Ku’xe en la Sierra de Perijá (hoy en día es territorio recuperado por un grupo del pueblo indígena). La lideresa del pueblo yukpa es prima de Sabino Romero, quien animó a sus parientes a que hicieran valer sus derechos reclamando sus territorios ancestrales, ahora dedicados a la producción ganadera desde que fueran usurpados por terratenientes.
“Existe un conflicto muy grande de demarcación”, advierte Ana María Fernández enumerando los actores que confluyen en esta histórica pugna que se ha visto agudizada en los últimos años: “No sólo luchamos contra terratenientes, grandes hacendados, ganaderos, cuerpos policiales y guardia nacional, gobierno local y el mismo Estado que no permiten la demarcación de nuestras tierras. Nos atacan por igual la guerrilla colombiana y sicarios contratados por ganaderos. Nos amenazan organizaciones y ministerios. Nos amenazan los watías (como se le dice a los criollos o personas no indígenas en yukpa)”.
Linda Bustillos, profesora de la Universidad de Los Andes (ULA) e investigadora del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI-ULA), resalta que “el rol de la mujer yukpa es vital en el reclamo por sus territorios. Son lideresas que luchan por sus tierras porque en esos espacios es dónde está el alimento para su familia, el agua, sus lugares sagrados, es decir, su cultura”.
Bustillos destaca que mujeres yukpas —como Carmen Fernández y Lucía Romero, viuda del cacique Sabino Romero— han experimentado los sufrimientos más difíciles en esta lucha y a pesar de ello nunca se han rendido. “Mujeres como Lucía, Carmen y Ana María, entre otras, saben que sin la tierra es difícil sobrevivir”.
Lucía Martínez Romero, lideresa Yukpa y esposa de Sabino Romero. Foto: Cortesía
Ana María Fernández, Lucía Romero y Carmen “Anita” Fernández lideran la Organización de Mujeres Indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá, Oripanto Oayapo Tüonde, creada el 4 de marzo de 2016 para la defensa del pueblo indígena ante la escalada de la violencia en la región.
“Somos mujeres luchadoras. Nuestro cacique Sabino está muerto; ahora somos nosotras las que quedamos luchando por nuestras tierras… estaremos allí hasta que se vayan los ganaderos que siguen molestando todavía. Que le paguen las bienechurías a esa gente, porque sino va a seguir habiendo muertos en estas comunidades”, declara Carmen Fernández en un video del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEPV), en ocasión de un comunicado de noviembre de 2018, en el que denuncian el asesinato de tres personas y la detención de su hija Mary Fernández, así como la represión y el robo a las comunidades indígenas. Además, en el documento reclaman la inacción del Estado y el cese de la criminalización a su familia y a los familiares de Sabino Romero.
ambién fue una mujer yukpa la que elevó el conflicto territorial a instancias internacionales. Zenaida Romero, hija de Sabino Romero, acudió al onceavo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas —celebrado el 7 y 18 de mayo de 2012 en la sede de las Naciones Unidas— para denunciar el incumplimiento del Estado venezolano de un conjunto de exigencias relacionadas con los derechos territoriales que se remontan a gobiernos anteriores a la llegada del chavismo al poder.
Serranía de Perijá desde El Tukuko. Foto: Lorena Meléndez G.
“Yukpa soy”
Ana María Fernández vivió hasta los quince años en la comunidad de Chaktapa, en la cuenca de Yaza con sus padres, sus diez hermanos y dos hermanas. “Hemos sido medio nómadas”, dice.
A esa edad, se mudó a Maracaibo, capital del estado Zulia, para trabajar como empleada doméstica en casa de una familia de médicos que la ayudaron a estudiar y graduarse de bachiller en un instituto parasistema. En aquellos años no imaginaba que dos décadas después trabajaría en el área de la salud, como facilitadora cultural bilingüe en el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Machiques, atendiendo a los hermanos indígenas que viven en poblados altos de la Sierra de Perijá donde no se habla español.
Ana María Fernández describe con entusiasmo sus tareas en Salud Indígena, programa social con el que ha podido ser testigo del calamitoso estado sanitario de las comunidades perijaneras. Encuentra que la desnutrición, leishmaniasis, diarrea, neumonía y malaria son las principales afecciones de los pobladores. “Toda la región está muy desasistida. Falta atención del Ministerio de Salud, del gobierno regional. Todos los medicamentos se tienen que comprar. Muchos indígenas que vienen de la sierra, caminando ocho o diez horas, con picadas de culebras se mueren por la falta de suero antiofídico. No hay tiempo de trasladarlos al hospital de Maracaibo”. A muchos de los que vienen de la sierra, incluso, los aloja en su casa.
Carmen Fernández «Anita» conversa con otras mujeres yukpa. Foto: Cortesía
El informe de agosto de 2021 de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) confirma las apreciaciones de Ana María Fernández sobre la situación de pobreza y abandono del pueblo yukpa. El derecho a la salud no está garantizado por el Estado venezolano: “no existen condiciones de calidad en la infraestructura hospitalaria, ni insumos ni medicamentos para atender enfermedades que se consideraban erradicadas como la tuberculosis. Ante la escasez de gasolina, los indígenas no tienen disponibilidad de transportar sus cosechas (plátano, yuca) ni atender emergencias de salud. La mayoría de las comunidades yukpas presentan cuadros de desnutrición debido al casi nulo consumo de proteínas”, puntualiza el boletín de Codhez.
Ana María Fernández es hija de madre yukpa y padre wayuu, mezcla de las principales etnias que habitan en el estado Zulia. Su esposo también es wayuu por lo que sus tres hijos portan su mismo compendio étnico. Aunque cree que es muy parecida a su papá, su identificación cultural es inequívoca. “Nací en la sierra, soy yukpa, me siento yukpa. Además, mi papá wayuu siempre vivió aquí no en la Guajira. Trabajó en fincas que originalmente eran tierras que le quitaron a nuestros atanchas (ancestros).”
Deuda con el pueblo yukpa
La causa de Ana María Fernández es la de su familia, su cultura y su pueblo, el cuarto más numeroso de Venezuela. Según el Censo 2011, en total 10 460 indígenas yukpas del lado venezolano se asientan en el estado Zulia, de los cuales 5339 son hombres y 5121 mujeres. De ese total, 9759 personas de esta etnia viven en el municipio Machiques de Perijá. Son el único pueblo de origen Caribe que habita al noroeste del país y comparte la sierra perijanera con los barí y japreria.
Dentro del territorio ancestral yukpa se encuentra demarcado el Parque Nacional Sierra de Perijá, que limita al este con Colombia. Fue declarado el 12 de diciembre de 1978 por el Estado venezolano con el objetivo de preservar la biodiversidad de esta importante región montañosa que constituye el último tramo de la Cordillera de Los Andes, la cadena de montañas más extensa del mundo. Abarca casi 300 mil hectáreas de bosques húmedos altos y páramos que son refugio de una fauna diversa y flora endémica, reserva de recursos hídricos que desembocan en el río Magdalena por el lado colombiano y la cuenca del Lago de Maracaibo en Venezuela. La también conocida como Serranía de Motilones es el hábitat natural de los pueblos indígenas Yukpa y Barí.
El territorio yukpa comprende unas 575 mil hectáreas divididas entre las montañas de la Sierra de Perijá (295 288 hectáreas protegidas por el parque nacional) y el piedemonte (285 mil hectáreas), donde se extienden las haciendas ganaderas, tierras que precisamente reclaman los yukpas, sostiene Luis Bastidas Valecillos, profesor asociado adscrito al Centro de Investigaciones Etnológicas de la Facultad de Humanidades de la ULA, en una entrevista de 2016. Calcula que hay más de 160 comunidades indígenas ubicadas en las cuencas de los ríos Apón, Yaza, Negro y Tukuko. Según el investigador, no existen cifras oficiales sobre el número de haciendas en la Sierra de Perijá ni la extensión que ocupan sobre un territorio deforestado con fines de explotación agropecuaria.
Serranía de Perijá, vista desde la parte de Colombia. Foto: Andrés Cuervo
De las 285 mil hectáreas exigidas por los yukpas desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, apenas 16% (46 mil) serían reconocidas por su gobierno, quien anunció en 2008 que el Estado compraría a los ganaderos las construcciones sobre los terrenos de las fincas para devolver las tierras a los indígenas. No cumplió esta promesa. El 12 de octubre de 2009, sólo una comunidad yukpa recibió las parcelas ofrecidas por el gobierno. El resto, quienes se identificaban con la lucha de Sabino Romero, no aceptó la oferta por la negativa oficial a realizar la demarcación de acuerdo con las propuestas de los propios indígenas, tal como lo establece el Artículo 112 de la Constitución venezolana. Desde entonces, se desataron los enfrentamientos entre indígenas, ganaderos y hacendados.
La familia de Ana María Fernández logró recuperar parte del territorio (Ku’xe y Chaktapa) en la fronteriza cuenca de Yaza, de la cual es cacique mayor Sabino Romero “Sabinito”, el hijo del líder indigena asesinado en 2013. Se trata de una de las zonas más desatendidas en el estado Zulia y de mayor conflictividad entre indígenas, terratenientes, cuerpos de seguridad del Estado y la guerrilla; una región usada como paso de contrabando de ganado hacia Colombia.
Ana María Fernández explica que este año fueron rescatadas tres haciendas que anteriormente pertenecieron a sus atanchas. Agrega que son tierras “marcadas con la palabra”, cuya propiedad se registró de forma verbal y de la que fueron sacados hace mucho tiempo. “La nueva generación, que somos nosotros, hemos ido recuperando nuestras tierras pero a punta de violencia y mucho derramamiento de sangre”.
Entre 2009 y 2014, fueron asesinados diez líderes yukpas sólo en la región de la cuenca de Yaza, a manos de cuerpos de seguridad del Estado y grupos criminales entre los que se cuenta el Ejército de Liberación Nacional (ELN), registra el antropólogo de la Universidad del Zulia, Lusbi Portillo, coordinador de la organización ambientalista Sociedad Homo et Natura, quien ha acompañado a los yukpas en la lucha por sus tierras desde los años 80. Por esta causa también ha recibido amenazas de autoridades regionales y del gobierno central.
El estatus de la demarcación yukpa es el mismo del resto de los territorios indígenas del país, observa Wladimir Aguilar, abogado indigenista, miembro del Observatorio de Ecología Política de la ULA (OEP-ULA). “Menos de la mitad de las comunidades yukpa han recibido títulos que se asemejan más a cartas agrarias que a títulos de propiedad colectiva. En algunos casos, esos documentos entregados en el pasado eran más garantistas de derechos culturales y territoriales que la actual demarcación. El porcentaje (mal) reconocido por el Estado es bastante menos de la mitad del territorio Yukpa”.
Para Bustillos, la demarcación y titulación del pueblo yukpa es un derecho pendiente. Piensa que la fragmentación del territorio yukpa se profundizó en los tiempos de la reforma agraria (1959), cuando repartieron las tierras de los yukpa a los grandes hacendados dejando lotes reducidos a los indígenas. Si bien se han otorgado algunos títulos que no responden al espíritu de la Ley especial de demarcación de los territorios indígenas, aún falta mucho por delimitar y titular, subraya la investigadora. “Algunas comunidades están fragmentadas desde el punto de vista político, lo que ha generado muchos conflictos entre ellos, teniendo diferentes formas de abordar el tema de la demarcación”.
El pueblo yukpa lleva una larga lucha por recuperar su territorio. Foto: Cortesía
Un conflicto territorial que se profundiza
Con la llegada de Chávez al poder, parecía que los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela iban a ser finalmente reivindicados. Durante su gobierno se insertó el Capítulo VIII en la Constitución sobre los derechos y deberes de los pueblos indígenas (2000) que respetaba la participación directa de los pueblos y comunidades. En 2001, fue aprobada la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas y se creó la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los pueblos y comunidades indígenas. Cuatro años más tarde, se promulgó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci). Todos instrumentos que otorgaban marco legal para el reconocimiento de los derechos originarios sobre las tierras ancestrales.
“Pero con el gobierno bolivariano no llegó tal reivindicación sino todo lo contrario”, sostiene Portillo al describir algunos pasos en el proceso de cooptación del movimiento indígena venezolano: eliminaron dos organismos que conocían bien la problemática de los cinco pueblos indígenas del Zulia: la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación y Instituto Agrario Nacional que contaba con una oficina de asuntos indígenas. Aparte, implantaron los consejos comunales, que son formas de organización político-administrativa sin ninguna relación con las tradicionales indígenas. Crearon una instancia paralela a los 167 caciques del pueblo yukpa, llamada “caciques mayores”, cuyos representantes pasaron a ser funcionarios públicos a los que otorgaron camiones y casas. “Sólo quedó un grupo de yukpas peleando por su territorio: los que se congregaron con la lucha de Sabino Romero”.
La violencia se ha convertido en un sino en el conflicto territorial de los yukpas. Son vistos como invasores de fincas, los involucran en el robo y contrabando de ganado, así como en prácticas de extorsión. Los acusan de ser delincuentes, aliados de bandas armadas y generar anarquía cada vez que cierran la carretera vía Perijá, para exigir combustible que les permita transportar sus cosechas o montar peajes por el que cobran en dólares.
Comunidad Yukpa El Tukuko, adyacente al lugar donde mataron a Sabino Romero. Foto: Lorena Meléndez G.
Los productores agropecuarios y terratenientes son la contraparte histórica del conflicto Yukpa por los territorios ancestrales y la Asociación de Ganaderos de Machiques (Gadema) es su máxima representación en la zona. Aún cuando han habido acuerdos y conciliaciones con algunas comunidades indígenas, suelen ratificar su rechazo a las formas de lucha de las familias de Sabino Romero y Carmen Fernández.
El pueblo Yukpa en el Zulia no es homogéneo. Existen diferencias entre las comunidades que se desmarcan de la lucha por el territorio emprendida por Sabino Romero e incluso la condenan. Representantes de algunas poblaciones indígenas de la Sierra de Perijá han dejado claro que están “en contra de los hechos vandálicos” de otros grupos Yukpa y de las trancas de las carreteras para cobrar peaje.
Nelson Sandoval, quien desde hace 12 años dirige la misión católica de El Tukuko en el piedemonte de la Sierra de Perijá —a minutos de la frontera con Colombia— que atiende a las comunidades Yukpa de la zona donde, asegura el fraile, no están de acuerdo con la lucha de Romero.
Lucía Martínez, esposa de Sabino Romero. Foto: Cortesía
“No era bien visto porque Romero fue un cuatrero, asesino y muy violento. Él y todos sus seguidores están apadrinados por Lusbi Portillo, director de Sociedad Homo y Natura, quien los ha llevado a delinquir y los azuza para que invadan las tierras”, afirma fray Nelson, al mismo tiempo que reconoce el despojo e invasión de los territorios ancestrales de los yukpas y que tienen derecho a recuperar su territorio.
Para Aguilar, las tomas de haciendas por parte de los yukpas “son estrategias históricas de reivindicación territorial, ya que el poder hegemónico del momento los ha dejado sin opción”. Desde una posición similar, Portillo recalca que lo que se interpreta como transgresiones a las leyes, responden a otras cosmovisiones, a códigos éticos propios de los indígenas históricamente despojados, reprimidos. “No estamos invadiendo sino recuperando nuestras tierras”, se defiende Ana María Fernández.
Ana María Fernández, del pueblo yukpa en Venezuela, ha perdido cinco de sus diez hermanos. Ellos luchaban por la recuperación de su territorio. Foto: Observatorio de Ecología Política de Venezuela
A la lideresa yukpa se le quiebra la voz cuando recuerda la muerte de sus hermanos. Pero se torna firme y convencida cuando habla de seguir la pelea por el rescate del territorio yukpa. “Parte de las tierras ya está en manos de nuestra gente, nuestras familias, pero a costa de mucha sangre, mucho sufrimiento. A raíz de eso nos hemos quedado más tranquilos pero jamás callados. No hemos abandonado la lucha. Cuando algunos hermanos yukpas nos piden que ayudemos a recuperar tierras, mi mamá les dice: ‘pongan ustedes sus muertos. La tierra es de quien la lucha’”, cuenta la defensora yukpa.
Aunque siguen las amenazas, Ana María Fernández asegura que nadie sacará a su mamá de las tierras rescatadas, las mismas donde ahora están enterrados tres de sus hijos asesinados. “Las tierras no las devuelven por las buenas —remarca— sino que se ganan peleando”.
Ambiente: Situación y retos Es un espacio coordinado por Pablo Kaplún Hirsz. movimientodeseraser@gmail.com, www.movimientoser.wordpress.com
[1] Artículo original publicado como trabajo conjunto entre Mongabay Latam y Runrunes. https://es.mongabay.com/2021/11/la-lucha-de-las-mujeres-yukpas-en-venezuela/
Sirva esta publicación también como homenaje a un gran amigo: Don Lusbi Portillo, incansable referente de las luchas indígenas y ecologistas en el estado Zulia (Nota de la coordinación de la columna).