La destrucción de las plantaciones de Pino Caribe

Las 500.000 hectáreas de Pino Caribe en el oriente de Venezuela son hoy solo un mito. Han sido destruidas en mas de 80%.

Por Julio César Centeno

Seis aspectos resaltan en las Estadísticas Forestales del Ministerio de Eco-Socialismo:

• La producción de madera de Pino Caribe registró un colapso del 65% durante el período 2010-2020.
• Las plantaciones de Pino Caribe del Estado, administradas por Proforca / Maderas del Orinoco, se han reducido en más de 80%. Quedan menos de 100.000 hectáreas.
• El equipamiento industrial para la producción de 250.000 toneladas métricas anuales de papel periódico se encuentra en 100 contenedores, abandonados desde hace más de 10 años, tras una inversión de 750 millones de dólares.
• El equipamiento industrial para la producción de 30.000 viviendas prefabricadas en madera por año también se encuentra abandonado desde hace más de 10 años, tras una inversión sólo en maquinarias de 640 millones de dólares.
• La materia prima necesaria para la operación de estos proyectos industriales de interés nacional la desarrolló el Estado durante más de 40 años, alcanzando un máximo de 515.000 hectáreas en el año 2000 tras una inversión de 300 millones de dólares. 20 años más tarde, para 2020, las plantaciones de Pino Caribe habían desaparecido en  80%.
• El consumo de madera aserrada por habitante en Venezuela es uno de los más bajos del mundo, similar al de los países más pobres del África Subsahariana. Registró un colapso de 74% durante el período 2005-2020, según las estadísticas del MINEC.
• Sin explicación alguna, las estadísticas forestales del MINEC excluyen toda información sobre deforestación, así como la magnitud de captura y emisiones de CO2 por parte del sector forestal.

Durante el período 2000-2005 la producción de madera industrial se mantuvo entre 1,0 y 1,2 millones de metros cúbicos anuales. Para el 2005, con 26,4 millones de habitantes, el consumo por persona era el más bajo de todos los países de América del Sur: 0.045 m3/habitante.

Según las estadísticas del MINEC, la producción de madera industrial en 2020 se redujo a apenas 351.200 m3 rollizos, equivalente a un tercio de la producción en el 2005 (MINEC: Anuario Estadísticas Forestales 2019-2020). Con el aumento de la población, la producción por habitante se contrajo en 74%, simulando a la de los países más pobres de África: 0,01 m3/cápita.

El principal motivo del colapso en la producción de madera industrial, según las estadísticas oficiales del MINEC, es el colapso en la producción de madera de Pino Caribe, responsabilidad casi exclusiva de una empresa pública: Maderas del Orinoco, antes Proforca.

Casi la mitad de la producción de madera industrial rolliza en 2020 se destinó a la industria de aserrío, para producir apenas 67.600 m3 de madera aserrada, un monto insignificante para una población de 30 millones de habitantes (MINEC: Anuario Estadísticas Forestales 2019-2020).

Según las estadísticas oficiales, la producción de madera aserrada en 2020 fue la más baja en 50 años. Considerando que la población se triplicó en ese mismo período, la producción en el 2020, según el MINEC, raya en lo catastrófico.

Más sorprendente aún es que las autoridades del MINEC facilitaron la exportación de 59.200 m3 de madera aserrada, 88% de la producción nacional de 2020, dejándole al pueblo de Venezuela apenas el remanente de peor calidad: 8.400 m3 de madera aserrada para el consumo de 30 millones de habitantes (MINEC: Anuario de Estadísticas Forestales 2019-2020). Como según las estadísticas oficiales las importaciones fueron nulas, el consumo de madera aserrada por habitante se redujo a la insignificante cifra de 0,00028 m3/habitante. Una cantidad equivalente a una tabla de 3 milímetros de espesor por 10 centímetros de ancho y 1 metro de largo por habitante por año.

Desde la escuela primaria nos enseñan que no debemos sumar naranjas y gatos, mangos con perros o diamantes y piedras. Pero eso es lo que se observa en las estadísticas forestales del Ministerio de Eco Socialismo. Reporta así una exportación total de 150.000 metros cúbicos de “productos forestales” en 2019, sumando madera aserrada, madera en rolas, tableros de madera y hasta astillas en la misma operación.

36% de la exportación de productos forestales en 2019 corresponde a astillas de Pino Caribe, exportadas a precios por debajo del costo de reposición, hacia Turquía (MINEC: Anuario de Estadísticas Forestales 2019-2020).

Tres cuartas partes de las exportaciones de “productos forestales” en el 2020 fue madera aserrada de Pino Caribe (MINEC: Anuario de Estadísticas Forestales 2019-2020).

La destrucción de las plantaciones de Pino Caribe se enmascara al reportar que la empresa pública Maderas del Orinoco disponía en el año 2020 de 477.600 hectáreas de plantaciones, sumando no sólo plantaciones de diferentes edades, sino plantaciones de especies tan diferentes entre sí como diamantes de piedras: pinos, eucaliptos, acacias, teca, caoba. La superficie total cubierta por plantaciones forestales en 2020, incluyendo empresas públicas y privadas, era de 577.900 hectáreas, según las estadísticas forestales del MINEC. El 83% de las plantaciones forestales existentes en el 2020 se encontraban bajo administración de la empresa pública Maderas del Orinoco.

Cuando se suma oro y arena en un informe oficial de rendición de cuentas ante el país, es razonable sospechar irregularidades. No es lo mismo una hectárea de Pino Caribe de 30 años de edad, que una hectárea de Eucalipto de un año de edad. Si equiparamos a la primera al oro, la segunda es poco más que arena hasta que, si logra desarrollarse tras 15 o 20 años de mantenimiento, podría eventualmente alcanzar el valor del cobre.

Si se cosechan 1.000 hectáreas de Pino Caribe y se siembran mil hectáreas de Eucalipto o Acacia, la superficie total plantada se mantiene constante, pero el patrimonio de la empresa se reduce drásticamente. Cuando se elude la discriminación de estas cifras, se genera intencionalmente una falsa impresión de la realidad.

Independientemente de cuánto tiempo maduren, ni que tan grande sea la superficie plantada, ni el Eucalipto, ni las Acacias, ni la Teca ni la Caoba podrán sustituir al Pino Caribe en el alcance de los objetivos estratégicos que motivaron el establecimiento de estas plantaciones en el oriente del país hace más de 50 años.

Es enorme el daño causado a los más altos intereses nacionales con la destrucción de las plantaciones de Pino Caribe en el oriente del país. Se establecieron con un objetivo estratégico claramente definido: producir 250.000 toneladas métricas anuales de papel periódico, en una primera etapa, la mitad para abastecer el consumo nacional y la otra mitad para la exportación, prioritariamente a países en condiciones similares a Venezuela y socios en la Comunidad Andina de Naciones, antes Pacto Andino: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

El papel periódico era, continúa y continuará siendo un producto 100% importado, tanto por Venezuela como por sus socios en la Comunidad Andina de Naciones. Sólo entre 1980 y el 2010 Venezuela importó 2.300 millones de dólares en papel periódico, a un costo promedio de 76 millones de dólares anuales.

Esta dependencia, arraigada por décadas, representaba una fuga significativa y constante de divisas que se mantendría indefinidamente, a precios cada vez más altos, si no se tomaban medidas para superarla. Situaciones similares se registraban en los demás países de la Comunidad Andina de Naciones.

A pesar del impacto sobre los medios impresos por los avances en comunicaciones digitales, los precios del papel prensa han mantenido una tendencia alcista durante décadas, con períodos depresivos provocados por el retiro de publicidad, la pandemia del COVID19, el aumento en el costo de la energía y el cierre de unidades de producción, principalmente las menos competitivas en el mercado internacional.

Entre 1980 y el 2000, el precio promedio del papel periódico en el mercado internacional se elevó 40%. Para el 2022 registró el precio más alto en 50 años y con tendencia al alza: US$ 740 la tonelada. El pico en los precios del 2022 se debe a un conjunto de factores, entre los que se destacan la reducción en reciclaje, la recuperación económica tras la pandemia del COVID19 y las trabas a las exportaciones de Rusia.

El gobierno de Venezuela decidió en los años 80 instalar un complejo industrial para producir 250.000 toneladas métricas anuales de papel periódico, con una inversión de 450 millones de dólares en equipamiento y 50 millones adicionales en infraestructura. Aproximadamente la mitad de la producción para abastecer la demanda nacional y la otra mitad para exportar, prioritariamente a los demás miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

La inversión total sólo en infraestructura industrial era equivalente a siete (7) años de importaciones sólo por parte de Venezuela y menos de cuatro (4) años de importaciones por todos los países del antiguo Pacto Andino. Los países de la región se liberarían de la importación de papel periódico durante al menos 40 años. Era evidente que a quienes exportaban este producto a Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia no les convenía, ni económica ni políticamente, que se desarrollara este proyecto en Venezuela.

Había un obstáculo adicional para desarrollar esta iniciativa: la falta de materia prima. El papel periódico requiere madera de fibra larga, entre 3 y 5 milímetros de longitud, característica de pinos y otras especies naturales de bosques templados y boreales.

Aunque para 1980 Venezuela disponía de 50 millones de hectáreas de bosques naturales, cubriendo más de la mitad del país, no podían utilizarse para alimentar esta planta industrial, principalmente porque sus maderas son de fibra corta, de 0,5 a 1,5 milímetros de largo, característico de bosques tropicales alrededor del mundo.

Adicionalmente, la producción de papel periódico requiere uniformidad en la materia prima, mientras que los bosques naturales del país son particularmente heterogéneos, con una gran diversidad de especies de árboles por unidad de área. Situaciones similares se presentaban en los demás países de la Comunidad Andina de Naciones, todos países tropicales.

Fue necesario entonces acometer una misión asombrosa: sembrar pinos, de fibra larga, en cantidad suficiente no sólo para alimentar el complejo industrial en referencia, sino como fuente de materia prima para ampliar la producción de papel para la exportación a otros países tropicales con limitaciones similares.

Entre los diferentes pinos existentes se optó por el Pino Caribe (Pinus caribaea) por ser oriundo de Centroamérica, con aceptables propiedades de adaptación a las desventajosas condiciones de las llanuras arenosas al sur de los estados Monagas y Anzoátegui, y una tasa de crecimiento razonable para el objetivo trazado. Su adaptación a las condiciones locales ya se había ensayado por más de una década.

En condiciones óptimas, el Pino Caribe registra tasas de crecimiento superiores a 20 metros cúbicos por hectárea por año a los 20 años de edad, mientras que donde se establecieron, en arenales al oriente de Venezuela, la tasa de crecimiento registrada en los últimos 30 años promedia los ocho (8) m3/ha-año a la misma edad.

Para optimizar el aprovechamiento de la materia prima, se optó por la conversión de la madera de Pino Caribe a pulpa termo-mecánica, lo que implica que para producir 250.000 toneladas de papel periódico se necesitaban 750.000 metros cúbicos de madera de pino por año, incluyendo un factor de seguridad del 20%. Se requiere cosechar, cada año, al menos 4.700 hectáreas de plantaciones de 20 o más años de edad.

El complejo industrial para la producción de 250.000 toneladas de papel periódico sólo podría instalarse cuando se estableciese al menos 100.000 hectáreas de plantaciones de Pino Caribe, a una tasa mínima de 5.000 hectáreas anuales, durante 20 años consecutivos y una productividad promedio de 8 m3/ha-año o superior a los 20 años de edad. La plantación de al menos 5.000 hectáreas anuales se mantendría durante la vida útil del complejo industrial, al menos 40 años adicionales.

Durante muchos años se ha alimentado el mito de las 500.000 hectáreas de plantaciones de Pino Caribe. Sin embargo, ya para mediados de 2002 se reconocía que Proforca sólo disponía de 330.000 hectáreas:

“Hasta el año 2001, CVG-Proforca ha plantado cerca de 515.000 hectáreas, de las cuales vendió 60.000 a la empresa Terranova en 1997, perdió unas 30.000 por efectos del fenómeno de El Niño (sequía intensa y prolongada en 1994 y 1997), perdió unas 30.000 por incendios en la última década y ha explotado unas 65.000 desde 1992. Restan unas 330.000 hectáreas netas ” – Ministerio de Planificación y Desarrollo – Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Mayo 2002.

Tres años después, cuando el presidente Chávez emite el decreto presidencial 4197 del 28 de noviembre de 2005 (Gaceta Oficial 38345) autorizando la inversión de 570 millones de dólares para la construcción de la planta de papel periódico en Guayana, con una capacidad de 250.000 toneladas por año, ya la estrategia de sabotaje se encontraba enquistada en el gobierno, con tres frentes para evitar que el proyecto se concretara. Uno para evitar el montaje de las instalaciones industriales. Otro para despojarlo de la materia prima: las plantaciones de Pino Caribe. Una campaña informativa negacionista sobre la viabilidad del proyecto el tercero.

Según el decreto presidencial 4197, la instalación industrial debería entrar en operaciones 5 años más tarde, en noviembre de 2010. Cuando maquinarias y equipos llegaron al país, aún no se habían construido los galpones. Más de 700 millones de dólares en equipamiento de última generación, para la producción industrial de papel periódico, fueron dejados a la intemperie durante años, para luego ser “resguardados” en 100 contenedores. Todo este equipamiento se encuentra abandonado desde hace más de 10 años. No hay un solo responsable.

Paralelamente avanzó el otro frente de ataque: la eliminación de la materia prima. Para el 31 de diciembre de 2015 se registraba un balance de sólo 284.000 hectáreas.

Las plantaciones fueron rodeadas por docenas de aserraderos privados canibalizando las plantaciones. Proforca, luego Maderas del Orinoco, se convirtió en suplidor de madera en bruto, madera en rolas de Pino Caribe propiedad de la nación, a empresarios privados, nacionales y extranjeros. La devastación fue de tal magnitud que el Pino Caribe terminó acaparando tres cuartas partes del mercado nacional de madera aserrada, con productos de baja calidad a precios exorbitantes.

Proforca fue convertida en mecanismo para la transferencia de un patrimonio público a empresarios privados, a precios por debajo de los costos de reposición. Si en los costos se incluyen las inversiones realizadas por el estado durante décadas para cultivar árboles de Pino Caribe de 30 a 40 años de edad, las condiciones del traspaso a empresarios privados quedarían evidenciadas como un robo a la nación.

Como las plantaciones de Pino Caribe no fueron manejadas para producir madera para aserrío, pues su propósito original era la producción de papel periódico, los rendimientos de los aserraderos oscilan entre 40% y 45%. Entre 55% y 60% de la madera en rolas que llega a los aserraderos se convierte en “desperdicios”. La mayor parte de estos “desperdicios” termina como materia prima en las industrias privadas de aglomerados, pulpa y papel.

Proforca violó uno de los principios básicos para el manejo de las plantaciones bajo se administración: reponer rutinariamente las áreas cosechadas, para preservar el recurso. Se optó por una política de tierra arrasada, cosechando considerablemente más de lo plantado y sin reponer lo perdido por incendios, en beneficio de un reducido grupo de empresarios.

Esta política condujo a la destrucción de la única fuente de madera de fibra larga disponible en el país, para convertirla en madera aserrada, cuando el país cuenta con 10 millones de hectáreas de bosques naturales decretados para la producción de madera de superior calidad.

Cuando las plantaciones de Pino Caribe, propiedad de la nación y administradas por Proforca / Maderas del Orinoco, se extendían sobre 515.000 hectáreas a finales de los 90, representaban sólo el uno por ciento (1%) de los bosques del país. Ese 1% era sin embargo la única fuente de madera de fibra larga, necesaria para la producción de papel periódico y otros tipos de papeles y cartones. Sin el suministro de madera de fibra larga, como la del Pino Caribe, la planta de papel periódico no puede funcionar. En este contexto, su conversión a madera aserrada podría catalogarse como un delito contra el interés nacional. En la producción de madera aserrada la longitud de la fibra es irrelevante. En la producción de papel periódico la fibra larga es indispensable.

¿No sería contrario al interés nacional que la ferrominera optara por vender el mineral de hierro a una empresa privada, forzando la quiebra de Sidor?

¿O que Bauxiven optara por vender la bauxita a una empresa privada, forzando la quiebra de Venalum? ¿O que Edelca optara por vender la electricidad a empresas privadas, para su comercialización a precios de libre mercado?

¿No sería contrario al interés nacional que se privatizaran las refinerías y la petro-química, convirtiendo al país en simple suplidor de petróleo a empresas privadas?

¿Por qué se permite que eso ocurra en el sector forestal?

¿Por qué se permite que una empresa pública, Maderas del Orinoco, priorice el enriquecimiento de un grupo de empresarios, transfiriéndoles madera bruta propiedad de la nación, aunque implique la destrucción de 80% de las plantaciones de Pino Caribe y aunque se realice a precios por debajo de los costos de reposición?

La Empresa Nacional Forestal, encargada de los bosques naturales productivos del país, también fue convertida en mecanismo de transferencia de materia prima bruta, madera en rolas propiedad pública, a empresas privadas para su transformación y comercialización. Ambas se han negado a participar en el mercado nacional de la madera aserrada, dejándolo cautivo en manos privadas, aunque la materia prima la aporta casi exclusivamente el Estado. El aserrío es sólo el primer eslabón en la cadena de valor agregado.

Proforca / Maderas del Orinoco le vendió el único aserradero que tenía a la empresa chilena Terranova, con capacidad para producir 24.000 metros cúbicos de madera aserrada por año, como parte de un atractivo paquete que incluía además las mejores 60.000 hectáreas de Pino Caribe, a un precio promedio de 416 dólares por hectárea de plantaciones ya establecidas de hasta 30 años de edad. Promedio de árboles por hectárea: 600. Precio promedio por árbol: 0,7 dólar.

Además de impulsar la planta de papel periódico en 2005, el presidente Chávez aportó recursos adicionales para ampliar las plantaciones de Pino Caribe en 100.000 hectáreas en 5 años (proyecto PRODEFOR 3), más 640 millones de dólares para la infraestructura industrial necesaria para la producción de 30.000 viviendas prefabricadas en madera por año (proyecto Libertadores de América). Se equipó así a Proforca hace más de 15 años con una planta industrial para la producción de 400.000 metros cuadrados de tableros de partículas orientadas OSB (Oriented Strand Board), un producto especialmente diseñado para la prefabricación de viviendas en madera, más 6 aserraderos nuevos, de última generación, tres alemanes y tres brasileños.

Proforca optó, sin embargo, por abandonar el costoso equipamiento para la fabricación de tableros OSB, los aserraderos y en consecuencia el proyecto para la prefabricación de viviendas en madera. Decidió cosechar las plantaciones bajo su administración, sin su correspondiente reposición, en beneficio privado. Para el 2020, con 10 años de retraso, se puso finalmente a funcionar sólo uno de esos seis aserraderos. El paradero de los otros cinco y el de la planta de tableros OSB es incierto.

Para el año 2020 las plantaciones de Pino Caribe, bajo la administración de Proforca / Maderas del Orinoco, se habían reducido a apenas 110.000 hectáreas, 21% de las que el Estado había podido desarrollar para 1998, 515.000 hectáreas, tras cientos de millones de dólares en inversiones (https://cronica.uno/uverito-el-coloso-forestal-arrasado-por-la-desidia-y-la-codicia/).

La conversión de las plantaciones remanentes de Pino Caribe a madera aserrada imposibilita el funcionamiento de la planta de papel periódico, a pesar de que las inversiones sólo por este concepto sobrepasan ya los 750 millones de dólares.

El Sindicato de Trabajadores de Maderas del Orinoco denunció la destrucción de otras 30.000 hectáreas de Pino Caribe por incendios en Marzo 2023, destacando que “sólo quedan 66.000 hectáreas de Pino Caribe en pie, y están siendo explotadas irracionalmente” (Correo del Caroní, 17 marzo 2023, Anzoátegui | Incendio en bosque de Uverito arrasa con 30 mil hectáreas,  Trabajadores denuncian que incendio en bosque de Uverito ha consumido 30 mil hectáreas (talcualdigital.com).

De corroborarse esta información, implicaría que ya se destruyó el 87% de las 515.000 hectáreas de Pino Caribe de las que disponía el país hace apenas 24 años. Aunque la magnitud de la destrucción es inimaginable, no hay un solo responsable.

El consumo de madera aserrada por habitante en América del Sur era 0,05 m3/cápita en el 2020, un tercio de la registrada en la Unión Europea (0,16) y un sexto de la de Estados Unidos (0,30).

Para equiparar el consumo de madera aserrada por habitante de Venezuela con el promedio para América del Sur (0.05 M3/hab), es necesario elevar la producción a 1,5 millones de metros cúbicos por año. Se necesitarían solo para tal fin al menos 2,5 millones de metros cúbicos de madera en rolas. Si se intenta hacerlo con Pino Caribe, la escasa superficie remanente de estas plantaciones será arrasada y la planta de papel periódico condenada al olvido.

Es evidente que Venezuela necesita aumentar considerablemente la producción de madera para la industrial de aserrío. Lo razonable es que esos 2,5 millones de metros cúbicos de madera en rolas, para la industria de aserrío, provengan del bosque natural ya delimitado para la producción de madera industrial. Es obligación ignorada de la Empresa Nacional Forestal.

Bajo ningún escenario el aumento en la producción de madera aserrada debe implicar la destrucción de las escasas plantaciones remanentes de Pino Caribe, propiedad de la nación.

Las Estadísticas Forestales del MINEC 2019-2020 destacan “alianzas estratégicas con empresas públicas, comunales y privadas” para el manejo de 937.000 hectáreas de bosques naturales en reservas forestales para la producción de madera comercial. Su manejo efectivo debería suministrar, de manera sostenible, al menos 500.000 metros cúbicos de madera en trozas por año, con períodos de rotación de 40 años. Sin embargo, la producción reportada para el 2020 es de apenas 4.400 m3, menos de 1% de su potencial. El aprovechamiento efectivo del potencial de producción de esos bosques, bajo manejo sostenible, hubiese generado un ingreso bruto de al menos 85 millones de dólares y un beneficio neto de aproximadamente 70 millones de dólares a precios actuales, comercializado como madera aserrada.

Al mismo tiempo, las Estadísticas Forestales se refieren a la producción de 96.400 m3 de madera en rolas en 2020, una cantidad 22 veces superior, provenientes de apenas 2.750 hectáreas bajo “régimen ordinario”, una superficie equivalente al 0,3% de la manejada bajo “alianzas estratégicas con empresas públicas, comunales y privadas”. El “régimen ordinario” se refiere fundamentalmente a permisos anuales para la deforestación.

22 veces más producción de madera en rolas en un área 340 veces más pequeña.

El aprovechamiento promedio reportado es de 35 m3/ha, con un valor mínimo de mercado, sin procesamiento (en rolas) de 4.200 dólares por hectárea, in situ.

Beneficio bruto mínimo de los 96.400 m3 de madera en rolas proveniente de la deforestación de 2.750 hectáreas: 12 millones de dólares.

“Comisión” mínima involucrada: 300.000 dólares.

La deforestación es un perverso mecanismo de enriquecimiento y corrupción a costa de la destrucción de los bosques naturales de la nación. Se encuentra enquistado en el Ministerio de Eco Socialismo, único organismo con discrecionalidad absoluta para otorgar permisos de deforestación, sin supervisión alguna.

Aunque parezca insólito, las Estadísticas Forestales del MINEC inexplicablemente excluyen toda referencia a la deforestación. Podría interpretarse que la deforestación es algo tan marginal e insignificante que no merece mención en las estadísticas forestales del país. O podría deberse a que los permisos de deforestación se encuentran tan saturados de corrupción que es preferible evitar su seguimiento y fiscalización. En las estadísticas forestales más recientes, sólo se mencionan las 2.750 hectáreas explotadas bajo “régimen ordinario”.

Sin embargo, la FAO, organismo del Sistema de Naciones Unidas encargado del monitoreo del sector forestal a escala mundial, destaca que, partiendo de información suministrada por el gobierno nacional, la deforestación promedio en Venezuela durante el período 2010-2020 fue de 165.000 hectáreas por año, y de 92.000 hectáreas anuales durante el período 2016-2020 (FAO: Forest Resource Assessment 2020, FAO: Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales – Informe de Venezuela 2020).

Deforestación de un millón de hectáreas de bosques naturales 2021-2030

Este bosquejo de las plantaciones de Pino Caribe propiedad de la nación se refiere solo a parte de la política forestal vigente. Incluye además la destrucción de 1 millón de hectáreas de bosques naturales durante el período 2021-2030, a una tasa promedio de 100.000 hectáreas por año. Esa es la deforestación “legal”. La ilegal puede ser aún mayor.

La delegación de Venezuela ante la COP27 del Acuerdo de París, encabezada por el Ministro para el Eco Socialismo, Josué Lorca, se negó a suscribir la Declaración de Bosques de la COP27, en la que 140 países se comprometieron a detener la deforestación para el 2030 a más tardar.

Venezuela no sólo se negó a suscribirla. En su lugar presentó un documento oficial notificando la deforestación de cien mil hectáreas por año como promedio durante el período 2021-2030, para un total de 1 millón de hectáreas de bosques naturales durante ese período. (Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus Efectos. Josué Alejandro Lorca Vega, Ministro del Poder Popular para el Eco-Socialismo. Noviembre 2021, pg. 79: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Actualizacion%20NDC%20Venezuela.pdf).

Ambas decisiones, la destrucción de las plantaciones de Pino Caribe y la destrucción de 1 millón de hectáreas de bosques naturales, priorizan el enriquecimiento de empresarios privados a expensas de bienes públicos.

La deforestación implica el cambio de uso de la tierra, principalmente, aunque no exclusivamente, para ampliar la frontera agro-pecuaria. La deforestación se realiza una sola vez. El cambio de uso de la tierra tiende a ser permanente. Son escasos los terrenos en donde se permite una recuperación de la vegetación natural en tierras deforestadas, para lo que se necesitan décadas.

La deforestación es, en términos prácticos, una forma de adquirir tierras. En una primera etapa bajo usufructo. Luego se negocia la transferencia de la propiedad. Por lo que, en la actualidad, para conseguir la trasferencia de la tierra a través de los permisos de deforestación, entran en negociación entre 100 y 200 dólares por hectárea en calidad de “comisiones”, es decir, sobornos. La deforestación “legal ” de cien mil hectáreas por año, a la que se refiere el MINEC en su informe ante la ONU, implica «comisiones» de hasta veinte (20) millones de dólares cada año, del 2021 al 2030. 

La inversión por parte del beneficiario, entre 100 y 200 dólares por hectárea, se recupera con creces el primer año. Los bosques naturales de Venezuela tienen en promedio entre 200 y 300 metros cúbicos de madera comercial por hectárea, contabilizando los árboles de 15 centímetros o  más en diámetro. Doscientos metros cúbicos por hectárea (200 m3/ha) en bosques ya intervenidos o degradados; 300 m3/ha en bosques más prístinos. Durante la deforestación se aprovecha al menos el 20%, al menos 40 m3/ha. A un precio promedio de $ 120/m3, se recuperan al menos 4.800 dólares por hectárea deforestada.

La deforestación de 100.000 hectáreas por año implica el aprovechamiento de alrededor de 4  millones de metros cúbicos de madera en rolas por año, con un valor mínimo de 400 millones de dólares anuales. La tierra así transferida a manos privadas rinde además por años su usufructo bajo su nueva modalidad de uso.

A la madera proveniente de la deforestación “legal” se le otorga los correspondientes permisos de circulación y comercialización. Para evitar el pago del impuesto al valor agregado (IVA) es «preferible» sobornar a funcionarios para «comprar» guías y transportar la madera hasta su eventual traslado a Colombia o Brasil para su comercialización.

La superficie total cubierta por bosques en el 2020 era de 46 millones de hectáreas, tal y como se reconoce tanto en las estadísticas de la FAO como en el Anuario Estadístico Forestal 2020 del MINEC. Pero a diferencia de la FAO, el MINEC señala que las plantaciones cubrían apenas 578.000 hectáreas, menos de la mitad de lo señalado por la FAO, cuyas cifras fueron aportadas por el mismo Ministerio de Eco-Socialismo.

De la misma manera, las estadísticas forestales del MINEC evaden toda referencia a la deforestación que institucionalmente impulsa, mientras que la FAO se refiere a una destrucción anual de 100.000 hectáreas de bosques naturales para el 2020. Durante el período 2000-2020 se destruyeron 3 millones de hectáreas de bosques naturales en el país, a una tasa promedio de 146.000 hectáreas por año. Mientras que, según el ministro de Eco-Socialismo, Josué Lorca, en declaración pública del 30 de mayo de 2021, la Misión Árbol desde su creación en el 2006 había reforestado apenas 28.000 hectáreas en todo el país, 1% de lo destruido durante ese mismo período (https://www.vtv.gob.ve/mision-arbol-sembrado-31-millones-plantas-pais/,  https://vicepresidencia.gob.ve/?p=5882).

La FAO señala textualmente: “Este documento se generó utilizando el informe que se puso a disposición como contribución a la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2020 de la FAO, y que se presentó a la FAO como documento oficial del gobierno. El contenido y las opiniones expresadas en este informe son responsabilidad de la entidad que presenta el informe a la FAO ” (Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales. Informe de Venezuela) – FAO 2020 – https://www.fao.org/3/cb0114es/cb0114es.pdf ).

Queda en evidencia, una vez más, que el Ministerio de Eco Socialismo le informa a la Organización de Naciones Unidas (FAO) una cosa y otra completamente diferente a las autoridades nacionales y al pueblo de Venezuela.

Es indiscutible que los proyectos de desarrollo industrial impulsados por el presidente Chávez desde 2005, la planta de papel periódico  (250.000 toneladas/año), la ampliación de las plantaciones en 100.000 hectáreas y la industria de casas prefabricadas en madera (30.000 viviendas/año) fueron afectadas por el estrangulamiento económico impuesto al país desde que Venezuela fue decretada como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos” en marzo de 2015.

Es igualmente indiscutible que el sabotaje al desarrollo de estas iniciativas, de alto interés nacional, se estableció con al menos 10 años de anticipación, desde el momento mismo de su concepción. El éxito del sabotaje se debe principalmente a la activa complicidad de funcionarios públicos enquistados tanto en el Ministerio de Eco Socialismo como en Maderas del Orinoco.

El documento completo con cuadros y gráficos enviado a la Contraloría General y a la Comisión de Eco-Socialismo de la Asamblea Nacional se encuentra disponible en este enlace.

La situación actual de los bosques naturales de Venezuela se describe en este enlace.

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