La deriva del gobierno

El Tercer Informe de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos (“Facts-finding Commission”) del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Venezuela, emitido el pasado 20 de septiembre en Ginebra, reviste una gravedad tal, que coloca al gobierno en una precaria situación de legitimidad ante el país y la comunidad internacional, al señalarse a sus más altos representantes como responsables directos de graves violaciones de los derechos humanos.

El gobierno ha guardado silencio, desconcertado por los señalamientos y las pruebas; mientras que el fiscal general trata, como es usual en él, de recurrir a la descalificación y la mentira, arremetiendo en contra de un organismo tan prestigioso como la Comisión de las Naciones Unidas, con el ya usual argumento de que actúan movidos por el dinero, es decir, que son corruptos.

Pero los Informes de la Comisión Internacional Independiente de la ONU (FFC), actúa y genera sus reportes por mandato del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, (constituida por países electos en la Asamblea General, del cual Venezuela, es parte), con el objeto de determinar hechos e identificar lo que sucede en un país o conflicto, de manera específica. Es decir, ya no se trata de un Informe de la Oficina del Alto Comisionado, que emite reportes sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, sino de un trabajo y un dictamen concreto sobre el caso de Venezuela; y ello, por solicitud expresa de los países que conforman el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en este caso, a través de la Resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019.

Esta comisión trabaja de acuerdo con una metodología ya establecida y acordada en el seno de la ONU, para sus investigaciones sobre violación de los derechos humanos y utiliza, como base de sus conclusiones, entrevistas directas a las víctimas, familiares, exfuncionarios -en este caso, 246 personas-, que son verificadas con otras fuentes de información, hasta tener lo que se conoce como “motivos razonables para creer”.

Esta metodología ha permitido identificar y denunciar graves violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados de Palestina y Gaza; así como las cometidas en Sudán del Sur, Darfur, RD del Congo, Yemen, Myanmar, Ruanda, entre otros.

Además de los Reportes de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, por intermedio de la Comisión Internacional Independiente (FFC), ha emitido tres informes demoledores sobre la situación de Venezuela:

• En su Primer Informe (25 de septiembre de 2020) se centró en la violación de los derechos humanos en el país, donde, con base en más de 383 entrevistas y hechos documentados, se determinó la comisión de graves violaciones y sus responsables, hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma, del cual Venezuela es signataria desde el año 2000, gracias al presidente Chávez.

• En su Segundo Informe (16 de septiembre de 2021), la comisión se centró en el sistema de justicia (Fiscalía y Poder Judicial), donde concluyó que estos organismos contribuyen, directamente, a perpetuar la impunidad en las violaciones de los derechos humanos, señalando la ausencia de Estado de Derecho y los mecanismos violatorios que se han establecido para mantener desamparados a los ciudadanos y guardar silencio ante los crímenes, señalando como responsable directo al fiscal general, Tarek William Saab.

• El Tercer Informe (20 de septiembre de 2022) se centra en la actuación de la Dgcim y el Sebin en la violación de los derechos humanos e identifica, con base en entrevistas, declaraciones y documentación existente, la estructura y cadena de mando de estos organismos, determinando la responsabilidad directa de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami, además de los directores generales y directores de línea de dichos entes que, actuando de conformidad con un Plan para para reprimir a personas opositoras al gobierno, deciden los objetivos políticos a reprimir y ordenar la detención de opositores civiles o militares, sus familiares, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, agresiones sexuales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El informe es definitivo, no habla de presunciones, sino de hechos comprobados. Identifica, uno a uno, los supuestos y los va encuadrando como patrones de conducta; y por tanto, reiterados y continuos, en especial, para las formas y métodos de torturas, secuestros y ensañamiento con los familiares. Es claro, cuando se refiere a las víctimas como objetivos previamente seleccionados, directamente, por los altos funcionarios, y habla de represión selectiva. Aclara que no se han producido mejoras, ni cambios, a pesar de los llamados de atención; confirma la falta de colaboración del gobierno para llevar a cabo su investigación y el terror de los testigos al informar, aunque logra declaraciones determinantes de los propios funcionarios internos. Pone en duda las aseveraciones del gobierno; identifica las arbitrariedades, las violaciones de los derechos humanos. Se adentra en los espacios; va hasta el fondo, usando un lenguaje contundente, concluyendo con el DEBER, y no simplemente el exhorto, de investigación de los responsables.

Un señalamiento grave del informe es que las altas autoridades del gobierno mencionadas, tenían pleno conocimiento de las violaciones de los derechos humanos de los detenidos y participaron en reuniones de coordinación de acciones, dando órdenes concretas y seleccionando directamente al objetivo, en contra de personas con un perfil específico o en sus familiares, que incluía: personas que habían criticado al gobierno, que alcanzaron notoriedad o son percibidos como una amenaza o, incluso, una potencial amenaza política, sea real o supuesta, para el gobierno.

El informe establece: “El nivel de responsabilidad más allá de los perpetradores directos, suele aumentar hasta llegar a los rangos superiores de mando”. Para luego agregar: “Estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del gobierno para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno; y que, Nicolás Maduro, y otras autoridades de alto nivel, prestaron apoyo y fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”. El informe concluye que los señalados tienen responsabilidad penal personal y directa en los hechos descritos y deben ser investigados por los órganos con competencia nacional e internacional.

Los hechos documentados y las conclusiones de estos reportes son muy graves, a lo que se suma el hecho de que por primera vez en la historia cursa en contra de un país de América Latina una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).  Estos hechos no pueden ser desechados o ignorados, ni por el gobierno, ni las fuerzas políticas y sociales del país, ni las academias, universidades, la Iglesia, gremios, asociaciones, intelectuales, periodistas, trabajadores; y, en general, por todos aquellos que aún sean capaces de “indignarse ante la injusticia”, como decía el Che Guevara.

Si existiesen instituciones, si tuviésemos una Fiscalía General que velase por los derechos humanos, si tuviésemos una Asamblea Nacional que controlara la acción del gobierno, partidos políticos preocupados por el futuro del país, o un PSUV chavista o, al menos, humanista; si tuviésemos intelectuales (de aquellos que les encanta “presumir” lo que desea el gobierno), si hubiese periodistas valientes o con ética en el ejercicio de su misión, ya se hubiese abierto una profunda discusión de lo que sucede en el país, de la violación de los derechos humanos, la represión y el miedo.

Pero la realidad es que, a pesar del silencio y el control impuesto al país, es evidente que el gobierno está a la deriva; ha conducido al país a un abismo, en el cual se ha perdido toda referencia ética y humana de la política. Ni en el gobierno, ni en la clase dirigente, hay dirección; no hay política, ni unidad de mando, no hay instituciones, solo prevalecen los intereses mezquinos de los distintos grupos de poder. Se ha perdido el sentido de la política.

El gobierno recurre a la represión y el miedo para mantener un férreo control sobre el país, sobre el pueblo, que sigue escapando como puede de este desastre. No hay ningún éxito, ni logro que mostrar; la situación solo va de mal en peor, por lo que el gobierno ha recurrido a la violencia de Estado para imponer el miedo y reprimir cualquier posibilidad de ejercicio de los derechos políticos por parte de los ciudadanos.

El gobierno recurre a las peores prácticas represivas, al Sippenhaftung nazista, que responde al ensañamiento e incluso, el secuestro de los familiares de sus enemigos políticos, de aquellos que nos oponemos a este desastre, el método que utilizaron las dictaduras de Videla, Pinochet y Trujillo, en República Dominicana.

En mi caso, que he cumplido con mi responsabilidad y deber de  defender las políticas del gobierno del presidente Chávez, nuestra gestión al frente de la Pdvsa del pueblo, defender a los trabajadores petroleros que han sido encarcelados y muertos en custodia, defender el Plan de la Patria, el socialismo y denunciar la entrega del país, he sido sometido a la más feroz persecución política, sujeto de agresiones de todo tipo, incluyendo falsas acusaciones y medidas judiciales, por parte del “sistema de justicia” del madurismo. Nadie dice nada, el linchamiento y la persecución política se convirtieron en una norma, el miedo es tremendo.

A partir de que manifesté mi intención de postularme a las próximas elecciones presidenciales como una opción chavista, bolivariana, de unidad nacional, para batirnos en la arena política, en el marco de la Constitución, se desató la furia y la intolerancia del madurismo. Los más peligrosos agentes del madurismo, se ensañan en mi contra y en contra de mi familia. El fracasado ministro Tareck el Aissami y el fiscal desquiciado me acusan, ofenden y atacan con sus ollas podridas, pero además ocupan mi casa y la de mis familiares, arremeten entre otros miembros de mi familia en contra de mi esposa y se llevan secuestrado a mi hermano.

Yo soy el único responsable de mis actos y posturas políticas, por lo que arremeter en contra de mi familia, mi esposa y hermano, no solo es un acto cobarde y absolutamente ilegal, sino que demuestra que el gobierno actúa como si fuera una banda de malandros, unos fascistas. No tienen ningún tipo de ética política, no existen códigos. Mi padre y mis tíos estuvieron involucrados en la lucha armada de los años sesenta, combatientes de las FALN y jamás, ni el gobierno, ni la Digepol, arremetieron contra la familia; el mismo comandante Chávez encabezó una rebelión militar, un alzamiento armado y el gobierno de entonces no se llevó presos a sus familiares. El gobierno de maduro actúa como las peores dictaduras, ejerciendo una violencia que era desconocida en nuestra historia política, pero en todo caso, se supone que un gobierno que utiliza la figura y el nombre de Chávez no puede recurrir a actos tan cobardes y aberrantes como estos, de tomar represalias en contra de familias enteras, como si fuera una vendetta. 

Arremeten en contra de personas honorables y justas, que no tienen nada que ver con mis posturas políticas, ni con decisiones de gobierno. En el caso de mi esposa, su dilatada y brillante trayectoria profesional y académica, universitaria y su labor a favor de todos, desde La Estancia ha sido reconocida por todo el país. En el caso de mi hermano, se trata de un hombre de principios, valores, científico, un médico especialista y reconocido en el sector, con más de 36 años de servicio profesional, dedicado al estudio y ejercicio de la medicina a tiempo completo, nunca se ha involucrado ni en el gobierno, ni en la política, solo acudió al llamado del presidente Chávez para finalmente diagnosticar su grave enfermedad. Ha cumplido con todas las medidas restrictivas dictadas por el gobierno y a pesar de ello, se ha mantenido en el país, trabajando y ayudando a sus pacientes, salvando vidas; su detención es una retaliación política, una actuación desproporcionada e ilegal del gobierno en contra de inocentes para castigar o condicionar mis posturas políticas, chavistas.

La dirigencia del madurismo ha perdido el norte político, no saben cómo actuar, están envilecidos por el poder y actuando de acuerdo con los más crueles instintos de revancha u odio, al margen de la ley, haciendo lo que les da la gana.

Los altos jerarcas y el gobierno están aislados de la comunidad internacional, han perdido toda influencia geopolítica, perdieron el petróleo, son señalados como violadores de los derechos humanos, desprestigiados, sancionados y con órdenes de captura; maduro ni siquiera se atreve a asistir a la Asamblea General de la ONU, el discurso que leyó su canciller no aporta nada, a nadie le interesa.

Mientras la propaganda gubernamental trata de convencer vanamente al país de que “todo se arregló”, la verdad es que, más allá de los intereses y riquezas de empresarios oportunistas y aventureros que participan del “milagro” del gobierno, para las inmensas mayorías del país todo va de mal en peor, la economía, la vida diaria, la posibilidad de un futuro mejor, una vida digna, sin miedo, por ello, siguen escapando millones de venezolanos (6,8 millones lo han hecho entre 2016-2021, según la UNHCR).

El gobierno entrega el país e invita a los privados a apropiarse de todo, en el más absoluto secreto e impunidad, violando o desaplicando las leyes de la República, mientras, los trabajadores tienen salarios de hambre, son explotados como mano de obra esclava, sin ningún tipo de derecho, les escamotean sus pensiones, sus conquistas laborales. Se burlan de ellos, de su tragedia.

Se quieren lavar la cara, mostrar una fachada democrática, pero arremeten contra los que queremos conquistar espacios políticos, mostrar alternativas a este desastre, siempre en el marco de la Constitución y las leyes, buscando salidas políticas a esta profunda crisis. Actúan en contra de los ciudadanos, de las leyes, despojando de manera arbitraria a los ciudadanos de su libertad, de su tranquilidad, de su vida.

Pero el poder es algo pasajero, las sociedades no se suicidan y todo tiene su tiempo. Todo lo que ha sucedido en el país en esta etapa oscura, esta tragedia, está siendo registrado y documentado, para el momento en que haya que rendir cuentas ante la ley y la historia.