Informe Derecho al Ambiente Sano, ¿será que el plan es igualarnos por abajo?

Por Dr. Pablo Kaplún Hirsz

Noticas y reflexiones que llegan de instituciones de trayectoria en el trabajo ambiental e indigenista.

Serranía de Imataca, estado Bolívar | Foto: cortesía

Esta semana fue noticia que Provea publicó el capítulo sobre Derecho  al ambiente sano de su Informe Anual de 2020. Por otro lado, participamos por invitación de la gente de Observatorio Socio – Ambiental  Wataniba y Provita en un Taller para periodistas, plantado en los siguientes términos: “La búsqueda de soluciones y acuerdos para frenar la pérdida de la biodiversidad está en la agenda internacional de negociaciones. Este año se discute el nuevo Convenio de Diversidad Biológica y debemos estar preparados para cubrir la noticia”.

Por eso, las ocho organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza Noramazónica  preparó un taller para periodistas sobre herramientas e información clave que permitan entender mejor el Marco Global de Biodiversidad posterior a 2020 en el contexto de la Amazonía y su biodiversidad. El taller contó con la participación de periodistas y expertos como Enric Sala, de National Geographic; Gustavo Faleiros, Fermin Koop y Lorena Meléndez, estos tres últimos destacados periodistas vinculados a temas panamazónicos (Lorena, por cierto, venezolana).

Para finalizar, las noticias vinculadas a la región el día jueves destacó que Vladimir Aguilar, coordinó la presentación del libro de su coautoría La jurisdicción especial indígena como derecho propio en Venezuela, evento logrado por esfuerzo interinstitucional entre COICA (Coordinadora de las Organizaciones  Indígena de la Cuenca Amazónica), Observatorio  Wataniba, el Museo Arqueológico , el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes, a través de su sello editorial  Dabánatà y ORPIA (Organización de los Pueblos Indígenas del estado Amazonas, Venezuela). El libro muestra la importancia del fortalecimiento de la dicha jurisdicción como especial como fuentes de vida de estas poblaciones originarias. La presentación virtual fue muy concurrida.

Yendo a lo del título de la noticia, transcribimos: En 2020 Venezuela no escapó de los graves acontecimientos sanitarios surgidos a raíz de la pandemia por covid-19, cuyas consecuencias han acentuado la Emergencia Humanitaria Compleja que padece el país.

En el capítulo sobre Derecho al Ambiente Sano, se abordan casos emblemáticos como el Arco Minero del Orinoco, los derrames y otros incidentes generados por la estatal Petróleos de Venezuela, S. A. que afectaron de manera continua ecosistemas marino-costeros, incluso en áreas protegidas como el Parque Nacional Morrocoy. También los daños socio-ambientales que afectan igual a la población que tiene que hacer vida en las áreas de influencia de las instalaciones petroleras, como las refinerías, que actualmente están descargando sus fluidos contaminantes.

Asimismo, se documentaron las nuevas amenazas contra los Parques Nacionales y otras reservas naturales, debido a la aprobación de medidas ejecutivas que autorizan la explotación de recursos y la construcción de infraestructura, sin los debidos estudios de impacto ambiental, violando la normativa ambiental y los Planes de Reglamento y Uso (PORU) de los Parques Nacionales.

En este período, a pesar de no contar con fuentes oficiales, algunos hechos se han podido conocer gracias al monitoreo mediante el uso de imágenes satelitales, especialmente en eventos de derrames de hidrocarburos en el mar, así como en intervenciones mineras en el sur boscoso del país. Los responsables de este monitoreo ambiental han sido organizaciones civiles que han mantenido una labor de vigilancia constante, cuyos resultados son difundidos para visibilizar los daños ocasionados en tiempo real. En esta función han destacado el Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar, SOS Orinoco, la Sociedad Venezolana de Ecología, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Wataniba y Provita, entre otros. Asimismo, en esa función de dar a conocer lo que pasa en el país en el medio de los conflictos socio ambientales ha sido fundamental el trabajo de investigación periodístico llevado a cabo sobre todo por comunicadoras sociales en medios como Correo del Caroní, Runrunes, Crónica Uno y Armando Info.

El extenso trabajo mencionado incluye el análisis detallado de la situación de los siguientes casos emblemáticos: el Arco Minero del Orinoco, gestión del agua y afectación indebida y condenable de Parques Nacionales (en especial las construcciones en Los Roques, los derrames y otros incidentes generados por Petróleos de Venezuela..

Las recomendaciones del capítulo:

Transcribimos textualmente:

“• El Estado debe asegurar el suministro de agua potable de manera potable y segura, para así aliviar la deuda social en el derecho al acceso al vital líquido. Para que ocurra eso hace falta hacer varias cosas, pero para iniciar es fundamental la realización de labores de reacondicionamiento del sistema de infraestructura hidrológica, tanto el de los centros poblados como el del sistema de salud (hospitales). Las autoridades correspondientes deben hacer el mantenimiento requerido al sistema de potabilización y bombeo, que garantice el suministro seguro.

• La pandemia ha causado que el esquema de suministro de electricidad siga colapsado. El confinamiento ha hecho que aumente el consumo de electricidad y en consecuencia, continúan los cortes en todas las regiones del país. Es obligante que el Estado invierta en la modernización del sistema eléctrico interconectado para reducir la tasa de cortes y darle a la población constantemente afectada, una alta calidad de vida. En lo particular, el Estado venezolano debe resolver de forma rápida, que los cortes no afecten a los centros de salud, en particular, los ubicados al oriente del país.

• El Estado debe brindar la protección a sus ciudadanos en cuanto a garantizarle servicios fundamentales como el suministro de gas doméstico. Son más de 4 millones de familias afectadas por no contar con el suministro seguro de gas doméstico en Venezuela. El déficit ha provocado que miles de familias hayan tenido que volver a cocinar con leña, porque la frecuencia de suministro de gas, supera los tres meses de espera. Enfermedades respiratorias 36 causadas por el uso de leñas para cocinar, pone en riesgo a millones de venezolanos y sumado la amenaza del coronavirus que afecta el sistema respiratorio de las personas, coloca a la población en situación muy vulnerable. El Estado debe de manera urgente plantearse unas acciones a corto plazo como: 1) Sustituir paulatinamente el inventario de 12 millones de bombonas afectadas en su vida útil. 2) Aumentar el inventario de bombonas en virtud de la alta demanda. 3) Incorporar más familias al gas directo residencial. 4) Modernizar las plantas de llenado y la flota de transporte. 6) Verificar que cada bombona cumpla con los estándares internacionales de elaboración. 7) Incorporar sistemas de aprovechamiento de gas metano proveniente de los rellenos sanitarios para surtir a poblaciones cercanas

• Respecto a la población, esta debe organizarse para exigir el cumplimiento en la prestación de los servicios básicos. Las organizaciones comunales y vecinales, pueden aportar soluciones ante estas deficiencias de servicios básicos, que contribuyan también al mejoramiento de su condición de vida. También, las comunidades deben dar ejemplo del uso consciente del agua y de la electricidad.

• El Estado debe publicar para el conocimiento de los ciudadanos toda la información relativa al Arco Minero del Orinoco, lo cual incluye los estudios de impacto ambiental y sociocultural, la información del Registro Único Minero (que establece la legislación minera), los estudios de aspectos actualizados de las migraciones internas vinculadas a la región, el inventario de la infraestructura minera existente describiendo cuales están en funcionamiento, diagnósticos socio económicos, estudios de contaminación mercurial y de los pasivos ambientales existentes en áreas como El Callao”.

Este panorama desolador ofrecido por el capítulo citado, entre muchas reflexiones y rabias nos lleva a preguntarnos: Nos prometieron una sociedad igualitaria, ¿será que el plan es igualarnos por abajo? Sí, porque si hay algo en esta sociedad dividida entre quienes acceden a dólares y quienes no, quienes constituyen el 7% privilegiado no incluido en las líneas de pobreza delimitados por la Encuesta Encovi elaborada por varias prestigiosas universidades venezolanas, al final, todos sin excepción podemos vernos mortalmente envueltos en este ecocidio generalizado: aun teniendo dinero y privilegios se puede ser víctima de contaminación mercurial en Bolívar o enfermar por aguas mal tratadas producto de beber cualquier cosa fuera de la muy encumbrada mansión que se ocupe.

Agradecemos muy especialmente a la Asociación Civil Ecológica y Social “Chunikai” la rigurosa elaboración de este capítulo comentado. Puede leerse y descargarse el informe completo en https://provea.org/actualidad/informe-anual-en-2020-continuo-la-devastacion-ambiental-en-venezuela/