Foto: EFE
Venezuela entra en el año que comienza en las peores circunstancias debido al aborto de las posibilidades de cambio político y sus previsibles efectos y consecuencias positivas a causa del fraude cometido por el régimen contra la soberanía popular, la noche del 28 de julio pasado.
En vez de que el país se encontrara en un proceso de transición pactada hacia la reinstauración de la vigencia de la Constitución y de apertura de las posibilidades para la remisión de los múltiples males que afectan la salud de la república y sus ciudadanos con la toma de posesión de un nuevo gobierno presidido por quien fue electo por la ciudadanía, Edmundo González Urrutia; se encuentra en una situación distópica debido al continuismo impuesto por el fraude y el cambio de calidad dictatorial en progreso que profundiza la distancia entre la agenda de la sociedad y la de quienes tienen secuestrado al Estado.
Una de las consecuencias del fraude es la esterilización del sufragio como instrumento ciudadano libre y confiable para la asignación de poder y posiciones en los poderes ejecutivo y legislativo del Estado; llevando la confrontación política fuera de los mecanismos institucionales para trasladarse al territorio de la política pura y dura de la confrontación entre poderes fácticos (que recuerda al camarada Stalin en ¿Cuántas divisiones tiene el Papa?). Debido a lo anterior, lo más probable que ocurra el 10 de enero es la juramentación de Maduro porque, salvo prueba en contrario, el régimen conserva el control de los mismos.
Los causantes de la crisis multifactorial e inédita que padece el país no pueden ni mitigarla ni resolverla porque carecen de voluntad política, propósito de enmienda, experticia, probidad y medios para afrontar tamaño reto. Por último y no menos importante porque el cambio supone suprimir los inmensos beneficios materiales y privilegios de los cuales disfrutan.
El renovado gobierno de Maduro tiene complicada su consolidación por su ausencia de legitimidad tanto de origen como de gestión, por su incapacidad de gratificación simbólico-política y material de la sociedad. Y porque su gobernabilidad descansa fundamentalmente en su control de la FAN y de los cuerpos de seguridad del Estado y su disposición de usarlos sin límites en labores de represión, intimidación y amenaza a quienes disientan del continuismo.
De lo anteriormente expuesto puede concluirse que 2025 será un año muy duro para el país y su gente. El retroceso en los índices civilizatorios espirituales y materiales se potenciará. Además, se corre el riesgo cierto de que la emergencia humanitaria se haga crónica y se convierta en estructural al igual que en Cuba y Haití.
No puedo concluir estas reflexiones sin desearle a mis amables lectores y editores un feliz año 2025 en compañía de los suyos.
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