Una mirada de geógrafos en el contexto del Día de los enamorados de esta profesión.
Por Pablo Kaplún H.
A veces los venezolanos nos creemos el ombligo del mundo. Tiene sus razones, el estar tan tan mal, el no poder salir del asombro de que éramos un país privilegiado y en un tris nos vinimos abajísimo nos hace ser poco sensibles con tragedias ajenas, y en el caso que me refiero hoy son exactamente las nuestras; no es que a Bolívar y su grupo de soñadores cercanos se les ocurrió que podíamos ser un mismo país, es que vieron una realidad evidente, Colombia sin Venezuela no se puede entender y lo mismo sucede exactamente al revés.
Del lado nuestro, un presidente llama a un difunto “comandante eterno”; del lado colombiano un, al parecer, insignificante presidente, llama a su mentor “presidente eterno”. Al insignificante (de apellido Duque, tal vez si su raigambre fuese “Reyes” hubiese dado un poquito más la talla), y, salvo una medida realmente aplaudible y atrevida con visos de estadista que fue dar cobijo legal a los casi dos millones de venezolanos que han llegado espantados a su territorio; de resto pareciese que no tiene la menor idea de qué hacer con su gigantesco (más grande que Venezuela) y megadiverso país. Megadiverso, pues tiene aún mayor biodiversidad y pisos y bolsones climáticos que el nuestro.
Hagamos una retrospectiva de las últimas semanas en el hermano país:
Las protestas en Colombia de 2021 o el Paro Nacional en Colombia de 2021 son una serie de manifestaciones multifactoriales desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno de Iván Duque, realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de esta propuesta reestructurante y las cuales fueron acentuadas principalmente por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades y la retoma de la solicitud de acción para la solución de otras problemáticas sociales que se había iniciado 18 meses antes (Paro Nacional de 2019-2020). Las manifestaciones se han visto afectadas por hechos vandálicos y la violencia de los actores en conflicto siendo registradas decenas de manifestantes fallecidos en tal contexto y otros cientos reportados como desaparecidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas. El presidente Duque se ha negado a aceptar una visita de trabajo inmediata de la CIDH a Colombia. Las protestas se realizan de manera indefinida desde el 28 de abril de 2021, y fueron convocadas por el denominado Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos y centrales obreras que había convocado las protestas en Colombia de 2019-2020, a las cuales se han sumado otros sectores sociales. Las protestas se han presentado en diferentes ciudades, municipios y vías del país, y en el exterior por connacionales radicados en España, Francia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Rusia, Italia, México, Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Australia y Nueva Zelanda, incluso frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra (Suiza). También se destacan las acciones en Internet y las expresiones artísticas durante las protestas.
Antecedentes
Durante el gobierno de Iván Duque (electo para el período 2018-2022) se han presentado varias protestas, movilizaciones sociales y manifestaciones como el paro universitario de 2018, realizado entre los meses de octubre y diciembre de ese año; las protestas de 2019-2020, desencadenadas por el descontento social frente a las políticas del gobierno. Las protestas por la muerte de Javier Ordóñez, una serie de disturbios rechazando los casos de brutalidad policial ocurridos en septiembre de 2020 y la jornada de conmemoración del Paro Nacional la peregrinación por la vida y por la paz realizada por ex combatientes de las FARC-EP.
Varios de los reclamos de estas protestas, movilizaciones y manifestaciones son motivo del descontento social (otra de las causas del paro nacional) se han mantenido o agravado. El Comité Nacional de Paro que había convocado a las protestas en Colombia de 2019-2020 no llegó finalmente a un acuerdo con el gobierno de la hermana república.
Causas
Reforma tributaria: siguiendo lineamientos del Fondo Monetario Internacional, y denominada por el gobierno como “Ley de Solidaridad Sostenible”: propuesto por el gobierno nacional y del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que busca aumentar los impuestos a la clase media, gravar la canasta familiar con el impuesto de valor agregado (IVA) que afecta productos de primera necesidad y servicios públicos básicos (agua, energía eléctrica, gas natural, telefonía pública), servicios funerarios y otros servicios hasta ahora exentos. Esto le permitiría al gobierno recaudar 23 billones de pesos colombianos adicionales (6.300 millones de dólares). El gobierno, por su parte, justificó esta reforma aduciendo que es necesaria para poder aumentar la cobertura y garantizar la persistencia del programa Ingreso Solidario, una iniciativa de apoyo económico a hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica
Reforma a la salud y a la pensión: Planteando cambios en el sistema de las entidades promotoras de salud (EPS), se propone una regionalización con aspectos comunes para garantizar promoción, prestaciones de servicios, aseguramiento y creación de redes específicas; contempla nuevos mecanismos de pago y contratación, la creación del Fondo de Investigación en Salud (FIS). También piden la derogación del decreto 1174 de 2020 sobre las pensiones en Colombia. Descontento social: Manifestado a partir de los incumplimientos a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, la continuidad de masacres y asesinatos de líderes sociales (entre ellos varios ecologistas e indigenistas), el anuncio del retorno de fumigaciones con glifosato (venezolanos, este aspecto es brutal, se arrasan kilómetros y kilómetros de cultivos base de la economía de pequeños campesinos, se enferman millares de personas, se perjudica la fertilidad para posibles cultivos y se contaminan irreversiblemente cursos de agua lo cual impacta la salud humana, a nombre de la persecución a los cultivos de coca, que existen, pero son una ridícula minoría frente a extensión de las áreas arrasadas) incremento de la violencia en el país, la compra de material bélico (aviones de combate, tanquetas para el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, y refuerzos para las mismas, sumados a los 6.402 casos de falsos positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Manejo de la pandemia: Producto de la corrupción denunciada por la Procuraduría General de la Nación, la insuficiencia en subsidios y atención a la población, según el Comité Nacional del Paro y confirmado por Merike Blofield, directora del German Institute for Global and Area Studies, en los actuales programas de apoyo económicos proporcionados por el gobierno; el controvertido manejo del Plan Nacional de Vacunación, el cual se estaría llevando a cabo con atrasos, luego de procesos de adquisición que, afirma la oposición, han sido poco transparentes y demorados. El senador Gustavo Petro, líder de un sector de la oposición y del denominado Pacto Histórico por Colombia, y cuya vocería y liderazgo durante las protestas han generado controversia, ha criticado el manejo de la pandemia, alegando la insuficiencia de los apoyos económicos y afirmando que en los hospitales no se están empleando tratamientos farmacológicos contra el COVID-19.
Situación económica: La grave e inestable situación económica del país, derivada de la pandemia del COVID-19, fue uno de los principales factores; de hecho, el 28 de abril de 2021 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó un aumento del 6,8% en la pobreza del país, un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza, lo cual significó que el nivel de pobreza en el país subió a 42,5%. Otros factores fueron la grave devaluación del peso colombiano, la cuarta peor de las monedas emergentes, que provocó el aumento del precio de las importaciones
Participación de la oposición: Los partidos de oposición reclaman a Iván Duque el no haber sido incluidos en los diálogos para la redacción de una nueva reforma tributaria, luego de que el proyecto original fuera retirado el 2 de mayo. El presunto fraude electoral que habría beneficiado a Iván Duque sobre Gustavo Petro, durante las elecciones presidenciales de 2018, y los constantes reclamos de este, quien además ha desconocido la legitimidad del gobierno de Iván Duque respecto a la obstaculización a la participación política de su movimiento, Colombia Humana.
Brutalidad policial: La violenta represión por parte de la Policía Nacional, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) hacia las protestas, además de la violación de los derechos humanos, los constantes casos de asesinatos y uso excesivo de la fuerza, han revivido la exigencia de reforma estructural a la policía y el desmonte del ESMAD.
Otras peticiones: Otras de las peticiones del Comité Nacional de paro son: la renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual vigente; la defensa de la producción nacional; la no discriminación de género, diversidad sexual y étnica; y el retiro de la reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).
Organizadores
Convocadas por el Comité Nacional de Paro, conformado por: Central Unitaria de Trabajadores (CUT): presidente, Francisco Maltés; Confederación Nacional del Trabajo (CGT): presidente, Percy Oyola; Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC): presidente, Luis Miguel Morantes; Confederación de Pensionados de Colombia (CPC): vocero José Antonio Forero; Confederación Democrática de los Pensionados (CDP):presidente, John Jairo Díaz; Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode): presidente, William Velandia; Dignidad Agropecuaria: vocero Óscar Gutiérrez; Cruzada Camionera: presidente Gustavo Betancur. También se han unido sectores como los indígenas: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), las Autoridades Indígenas del Sur Occidente Colombiano (AISO); estudiantes, campesinos, transportadores, organizaciones sociales como el Congreso de los Pueblos, personas con discapacidad, entre otros movimientos y partidos políticos.
Sin embargo, diferentes comunidades se han declarado autorrepresentadas, sin líderes políticos. Como las comunidades de las ciudades más afectadas por la violencia, organizándose de manera autónoma para realizar preparación y repartición de alimentos, murales artísticos, jornadas de pedagogía sobre las causas y objetivos de las manifestaciones, asambleas y otros espacios de participación.
Daños y ataques a la infraestructura pública
136 buses y 206 estaciones de transporte público como Transmilenio, Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, Masivo Integrado de Occidente (MIO) y Metroplús de Medellín. 9 señales de tránsito, 28 peajes, 4 básculas de pesaje, 1 puente,114 cámaras de seguridad, 21 bienes culturales, 49 cámaras de fotomulta, y 62 semáforos.
96 Comandos de Atención Inmediata (CAI), 3 distritos de policía, 10 estaciones y 475 vehículos institucionales atacados en varias ciudades, 96 Comandos de Atención Inmediata (CAI), 3 distritos de policía, 10 estaciones y 475 vehículos institucionales atacados en varias ciudades.210
108 estructuras gubernamentales, como las 5 alcaldías municipales atacadas en: Chía (Cundinamarca), Acacias (Meta), Jamundí (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), La Plata (Huila).224 quemadas la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Popayán, el palacio de justicia de Tuluá, 5 alcaldías municipales atacadas en: Chía (Cundinamarca), Acacias (Meta), Jamundí (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), La Plata (Huila), Se registran más de 126 ataques a misiones médicas y ambulancias en el país, Los bloqueos de vías ocasionan 2 muertes de menores de edad, quienes eran transportados en ambulancias[1].
A todo lo anterior, transcribimos a continuación un breve artículo de nuestro habitual colaborador Alfredo Portillo:
Dinámica geopolítica interna de Colombia
Colombia, como país, tiene unas características geopolíticas muy especiales. La primera y más importante, es su condición de aliado incondicional de Estados Unidos, tanto en el contexto suramericano, como en el latinoamericano y del hemisferio occidental. De hecho, en el territorio colombiano, la potencia del norte tiene una fuerte presencia militar, con vista a sus vecinos y a las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico.
Bases militares estadounidenses en Colombia, según acuerdo de 2009. Fuente: Alfredo Portillo, http://www.visiongeopolitica.com/
En virtud de eso, adquieren relevancia los sucesos que han estado ocurriendo en este país durante este mayo de 2021. Masivas protestas, extendidas a lo largo y ancho del territorio colombiano, han retumbado y se han hecho escuchar en las diferentes latitudes del mundo. Profusas imágenes de refriegas entre manifestantes y fuerzas policiales y militares, han captado la atención de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales. Algunas, sencillamente, han más que impresionado.
Esas protestas y refriegas no son más que la evidente manifestación de las rivalidades que están en curso en el territorio colombiano, como parte de una intensa dinámica geopolítica, que pudiera desembocar en un desplazamiento de los grupos que hasta ahora han ostentando el poder, para lo cual, ya hay un horizonte de tiempo definido, como son las elecciones presidenciales que se van a realizar en mayo de 2022, exactamente, dentro de un año.
Para tal evento eleccionario, ya están en desarrollo las estrategias trazadas por los grupos de la sociedad colombiana que aspiran a retener el poder, y la de aquellos que pretenden asaltarlo (en el buen sentido de la palabra). Así que, la evolución y desenlace de los actuales acontecimientos protestatarios de la sociedad colombiana, quiérase o no, forman parte de las estrategias electorales con miras a mayo de 2022. Un desenlace que, idealmente, deberá concluir de manera democrática y como una reafirmación de las aspiraciones de paz de todos los colombianos. Tanto de los unos, como de los otros.
Perspectiva desde el ambientalismo y el pacifismo.
En las líneas precedentes hemos remarcado en negritas que en el conflicto colombiano convergen, entre muchos frentes políticos y sociales de lucha, sectores indígenas fuertemente organizados y grupos civiles que remarcan su desvinculación con cualquiera de los partidos y grupos hereditarios de las luchas guerrilleras. Es una situación que, en ese sentido, guarda similitudes con las luchas chilenas que recientemente se expresaron en elegir una Convención Constitucional en ese país y con la España del 15 de mayo de 2011, en que las multitudes congregadas en Puerta del Sol coreaban “Que no, que no, que no nos representan”. Al igual que en los casos mencionados, en Colombia entre indígenas y no representados existe una fuerte conciencia ecológica. El simplismo de aquí y de allí quiere presentar lo sucedido como una exportación del modelo chavista a Colombia. Ciertamente que alguien fue quien dañó la impresionante lista de bienes públicos banalizados. Ciertamente que en todo movimiento de masas emergente, insuficientemente articulado hay quienes pescan en río revuelto. Probablemente nunca sabremos la verdad histórica, pero los propios gobernantes actuales de Venezuela se atribuyen glorias supuestamente ganadas en el “Caracazo” del 27 y 28 de febrero de 1989, pretendiendo que en aquel motín popular estuvo el germen de lo que hoy denominan “Revolución Bolivariana”. Entonces sí, en el balance ambiental de las protestas colombianas debe incluirse el vandalismo hacia edificaciones públicas y no puede descartarse que algún avivado esté intentando poner pautas chavistas a la actual revuelta popular neogranadina, pero es clarísimo que ella es sobre todo COLOMBIANA, autóctona, lógica ante un gobierno ciego y sordo. PERO EL BALANCE AMBIENTAL INCLUYE TAMBIÉN LA REACTIVACIÓN DE QUEMA DE CULTIVOS CON GLIFOSATO, LA MINERÍA ILEGAL QUE, SIN SER TAN ATROZ COMO EN VENEZUELA EXISTE E IMPACTA AFECTANDO LA VIDA DE MILES DE FAMILIAS. LOS AMIGOS QUE LEVANTARON EL ATLAS DE LA RED AMAZÓNICA GEOREFERENCIADA (RAISG) TRATARON EL CASO COLOMBIANO CON LA MISMA RIGUROSIDAD QUE EN ESTAS PÁGINAS SE COMENTÓ QUE SE HIZO CON NUESTRO PAÍS, Y EN ESE ANÁLISIS DEBEMOS COMPRENDER QUE LOS INDÍGENAS COLOMBIANOS PUEBLAN ÁREAS MUCHOS MÁS EXTENDIDAS QUE LOS NUESTROS Y QUE LA VERTIENTE PACÍFICA DEL HERMANO PAÍS TIENE UNA TRADICIÓN EXTRACTIVISTA MINERA MUY IMPORTANTE (ESTAMOS HABLANDO DE LA CUENCA DEL RIO “ORO”, POR EJEMPLO), DONDE MÁS QUE INDÍGENAS SON COLECTIVOS AFRODESCENDIENTES QUIENES SON AGREDIDOS Y SE DEFIENDEN.
EN FIN, NO SE TRATA AQUÍ DE DECIR QUE AL LADO ESTÁN PEOR QUE AQUÍ O AL REVÉS, SE TRATA DE LLAMAR LA ATENCIÓN QUE LOS VENEZOLANOS ESTAMOS MAL PERO NO SOMOS EL OMBLIGO DEL MUNDO Y QUE SI NO NOS MIRAMOS EN EL ESPEJO DEL VECINO NUNCA VAMOS A TERMINAR DE ENTENDER LO QUE AQUÍ VIVIMOS.
Recientemente, en Apure, en Venezuela se comenzó a conocer de primera mano lo que son los desplazados de guerra, categoría que, si bien Venezuela ha marcado el récord histórico en el continente americano en desplazados, este “logro” lo hemos alcanzados sin guerras formales de por medio. Pues bien, los colombianos tienen otros puntos en que son imbatibles en el continente: los desplazados por guerra y los desplazados ambientales. Es profusa y seria la bibliografía de ese país que reporta el problema. Títulos que hablan por sí mismos nos abren la boca ante el problema: “¿Justicia desigual? Género y derecho de las víctimas en Colombia” (si, la migración forzada no solo es injusta por preferir a los pobres en primer lugar, también es sexista, las mujeres la sufren mucho más que los hombres), “Con licencia para desplazar[2] (2015) “Una nación desplazada”[3] “Campesinos de tierra y agua”[4] “Justicia y paz en territorio en las versiones de los paramilitares”[5], “Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia comunitaria”[6]
ENTENDER EL CONFLICTO COLOMBIANO PUEDE ARROJAR LUCES SOBRE ESTE CONFLICTO QUE EXPLICA UN PORCENTAJE MUY ALTO DE LO QUE NOS PASA A NOSOTROS, POR AÑOS RECIBIMOS DESPLAZADOS AMBIENTALES, AHORA LOS EXPORTAMOS, PERO EN EL FUEGO CRUZADO, DESATENDIDOS Y NUNCA COMPRENDIDOS MUEREN CIVILES VENEZOLANOS Y COLOMBIANOS, SANGRE HERMANA, SANGRE HUJMANA Y EL HÁBITAT PAGA UN PRECIO NO CALCULADO, PERO CON CERTEZA MUY ELEVADO. Pues sí, los extremos se tocan, en Venezuela, se persigue a una disidencia bien por derechista, bien por izquierdista trasnochada, en Colombia, es lenguaje es el mismo, pero exactamente al revés: el costo ambiental tal vez también sea el mismo, aunque, por ahora, no se pueda calcular.
[1] Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_Colombia_de_2021
[2] Ver http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/con-licencia-para-desplazar.pdf
[3]Ver: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
[4]Ver: https://centrodememoriahistorica.gov.co/campesinos-de-tierra-y-agua/
[5] Ver https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll2/id/21/
[6] Ver; https://www.ecologiapolitica.info/?p=1980