Por Pablo Kaplún Hirsz
(a propósito de la reciente conmemoración del Día de Geógrafo)
Conozco al geógrafo Jorge Padrón Correa de toda la vida. Es un profesional muy serio y comprometido. Hablar de él es hablar de la Asociación Social y Ecológica Chunikai, la ONG que año tras año apoya a Provea en la emisión del capítulo Derecho al Ambiente Sano, el cual acaban de publicar el correspondiente a 2022.
Como es de esperar, el panorama que ofrecen no es nada alentador en cuanto a violaciones y omisiones por parte del Estado venezolano en relación con este derecho consagrado entre los artículos 127 y 129 de la Constitución.
El informe desgrana que “Pese a que el Estado venezolano ha intentado reimpulsar la actividad petrolera, en 2022 continuó la intensificación del modelo extractivo anclado en la sustracción de oro y otros minerales, lo que generó un saldo ambiental negativo, expresado en la destrucción y contaminación de diversos ecosistemas –sobre todo en las regiones de Guayana y Amazonas, presionadas por la deforestación y la exposición al uso de mercurio para extraer mineral aurífero – pero también por los constantes derrames de crudo y efluentes peligrosos, vertidos por una industria que, aunque mostró una tímida mejoría en términos de su capacidad productiva, sigue incumpliendo sus obligaciones en materia ambiental.
Se acentuaron actividades colaterales a la explotación aurífera, con nuevas y viejas plantas de cianuración , de las que se tiene poca información sobre sus estudios de impacto ambiental debido a la política de opacidad oficial. En el período ocurrieron distintas situaciones con repercusiones en la garantía para el derecho a un ambiente sano, como la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) celebrada en Egipto en noviembre de 2022; y la Decimonovena Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) COP19, celebrada a finales de año en Panamá”.
El informe resalta también los avances en materia de legislación internacional por parte de la ONU respecto a consolidar el derecho al ambiente sano como un derecho internacional. Pero, por otro lado, muestra los escasos avances de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2020 en materia de actualizar la legislación nacional a dichos avances internacionales. Por el contrario, la aprobación de la nueva Ley sobre Zonas Económicas Especiales (ZEE) hace aún más opaco el manejo que dichas regiones van a tener en materia ambiental. Destinos como los anunciados para la isla La Tortuga donde se piensa construir hoteles de gran tamaño y alta exclusividad y- presumiblemente- de alto impacto ambiental.
“Distintas fuentes de la sociedad civil y científica del área ambiental plantean que el patrimonio forestal del país está cada vez más amenazado por la deforestación, fragmentación, pérdida y degradación de los bosques, que en conjunto con la disminución de nuestra biodiversidad vulneran la posibilidad de que a largo plazo futuras generaciones de venezolanos disfruten de los servicios ambientales que estos generan”. En otro apartado comentan: a, la expansión agrícola, los incendios forestales y la minería ilegal son los factores que inciden en la deforestación. Según un informe elaborado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), el país perdió 140.000 ha de bosques primarios en la Amazonía entre 2016 y 2020. El reporte señala que las áreas protegidas más impactadas han sido el Parque Nacional Caura, el Parque Nacional Canaima y el Parque Nacional Cerro Yapacana, en especial este último”.
Sistema de Parques Nacionales: patrimonio natural en la mira
“Con los decretos de creación de los parques nacionales Caura (2017) y Ramal de Calderas (2021), el primero al sur del Orinoco y el segundo en la Región Andina, así como las modificaciones en los linderos de los parques nacionales Península de Paria y Médanos de Coro, suman en Venezuela 45 parques nacionales y 37 monumentos naturales. El sistema que agrupa a los parques nacionales y a los monumentos naturales en Venezuela alcanza los 273.521,52 km, que representan 27,89% del territorio nacional, y desde 1977 su gestión está bajo jurisdicción del Instituto Nacional de Parques (Inparques), ente autónomo adscrito al Minec. Los instrumentos de gestión específicos para garantizar el cumplimiento cabal de los objetivos propuestos para cada área del sistema son los Planes de Ordenación y Reglamentos de Uso (PORU). De las 82 áreas del sistema solo 25 (30,49%) cuentan con PORU22 formulados y aprobados en el siglo pasado, carencia indicadora de las deficiencias actuales que inciden directamente en la degradación de buena parte de estas áreas protegidas, dándole luz verde a la defectuosa gobernanza de estos espacios”
La manifestación más evidente de la merma sostenida de los valores naturales en las áreas del sistema es la explotación minera ilegal, indiscriminada, irreversible y aparentemente indetenible, localizada al sur del Orinoco, afectando parques nacionales y monumentos naturales. Áreas protegidas cuya base de sustentación ecológica es extremadamente frágil, en especial por la pobreza de sus suelos, de los más antiguos del planeta, lo que hace a los daños prácticamente irreversibles”. El informe detalla la degradación sufrida por los Parques Nacionales Yacapana, Mochima y procesos de privatización de facto en el uso de los Sistemas Teleférico de Mérida y el Ávila.
Mientras la ONU refuerza la legislación y compromisos mundiales, en Venezuela es cada vez más precaria la situación en materia de disponibilidad y acceso al agua potable. “Uno de los aspectos resaltantes (…) para diciembre de 2022 es que 87% de los habitantes de las ciudades señaladas almacena el agua en prevención de posibles fallas del suministro. Habitantes de 6 de las 12 ciudades –Porlamar, Maracaibo, Punto Fijo, Barquisimeto, Valencia y Caracas almacenan agua por encima de 90%–”.
Más adelante el informe comenta: “Son muchos los problemas de orden estructural en materia de desechos sólidos que siguen causando un panorama cada vez más complejo y difícil de resolver. Por ejemplo, mucho se ha hablado y poco se ha hecho sobre el reciclaje de estos desechos. También, el Estado venezolano y sus órganos responsables no han logrado materializar en el tiempo lo contentivo en los acuerdos internacionales sobre cambio climático y los objetivos del milenio sobre desarrollo sustentable, suscritos por Venezuela”.
Protección del aire
En Venezuela no se publica estadística oficial de la calidad del aire desde 2014, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó algunas cifras. De resto, ha habido algunas mediciones por cuenta propia de científicos del IVIC, las cuales dan cuenta de una situación muy negativa… “Debe ser una exigencia de la población venezolana considerando el derecho a tener un ambiente sano, consagrado ya a nivel de la Asamblea General de la ONU que el Estado vuelva a realizar en el país estudios completos de la calidad del aire que contemplen datos no solo de PM2.5 y PM10 sino también de ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono, entre otros, tal como sugiere la OMS.
Fauna silvestre y otros componentes de la biodiversidad
Al respecto resaltan la realización de la Decimonovena Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Conferencia Mundial sobre la Vida Silvestre (COP19). El evento se celebró en Panamá del 14 al 25 de noviembre, con la participación de representantes gubernamentales, ONG, empresas y particulares. En esta cumbre se tomaron decisiones importantes para América Latina y directamente para Venezuela, considerándose su gran biodiversidad, lo habitual del comercio de especies silvestres y el frecuente tráfico de estas en la región” (…) “Especialistas en la materia indican que las especies más traficadas en Venezuela son las aves: loros, guacamayas, turpiales, cardenales y cardenalitos; luego están los monos, y en tercer lugar las serpientes tragavenado”.
Urge adherirse al Acuerdo de Escazú
El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) –una iniciativa regional de la que forma parte Provea– publicó un comunicado en abril de 2022, junto con más de cien organizaciones, advirtiendo la necesidad urgente de que el gobierno de Venezuela se adhiera al Acuerdo de Escazú.
Es tiempo de que los países del sur reconozcan que este tratado es imperativo para garantizar la labor de activistas ambientales y la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad.
El Acuerdo establece el compromiso con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, tres pilares fundamentales para consolidar la discusión sobre asuntos ambientales que debemos tener en este momento histórico al que asistimos como humanidad. No podemos posponer lo inaplazable. Esta es la oportunidad para que América Latina y el Caribe lideren la discusión. Cabe decir que este instrumento es el primero sobre asuntos ambientales en la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Con respecto al acceso a la información ambiental, los gobiernos tienen el deber de garantizar el derecho del público a informarse sobre cualquier materia relativa al medio ambiente y a los recursos naturales, incluyendo los riesgos e impactos adversos que puedan afectar el ambiente y la salud. Nunca había sido tan necesaria la generación, divulgación y accesibilidad a la información ambiental bajo el principio de máxima publicidad como ahora. En segundo lugar, los gobiernos tienen el deber de garantizar la participación abierta, incluyente y efectiva de poblaciones y comunidades en la toma de decisiones ambientales sobre la base de una información clara, precisa y verídica.
En tercer lugar, los gobiernos deben asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental; a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, y a cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.
Con respecto a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio en el que organizaciones defensoras del ambiente puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Entre estas garantías prima el derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente. Los defensores del Sur Global constituyen la primera línea de defensa frente a la depredación ambiental impulsada por la economía extractivista.
Organizaciones sociales, políticas, civiles y comunitarias, ONG y plataformas por los derechos civiles y políticos que firman este comunicado instaron al gobierno colombiano encabezado en ese momento aún por Iván Duque Márquez; al gobierno peruano de entonces liderado por de Pedro Castillo Terrones, y al gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro Moros a ratificar y adherirse al Acuerdo de Escazú como camino para liderar desde América Latina y el Caribe la transformación que necesitamos como humanidad para superar la crisis climática y construir un porvenir ecológico”. En este sentido debe decirse que en Colombia se avanzó ya que con el gobierno ahora presidido por Gustavo Petro adhirió a este acuerdo, mientras que Venezuela siguió al margen de los avances regionales.
Casos ambientales emblemáticos
Estos son: el Arco Minero del Orinoco, derrames y otros focos contaminantes derivados de los hidrocarburos, las lluvias de 2022 y sus consecuencias en un país sin mecanismos de prevención. El informe cierra destacando que en 2022 se profundizó el extrativismo a costa de los parques nacionales y las comunidades indígenas; se han registrado 8.000 campamentos ilegales dentro del Parque Nacional Yacapana, incluso en la cima de un tepuy y hay al menos 680 minas en Guayana, arrasando con 51.286 Ha.
Aquello que nos agrega Padrón en comentarios informales.
“Mira Pablo, yo no quisiera seguir hablándote de lo mismo…en todos los aspectos no se ve ningún avance, pero debe destacarse lo logrado en 2021 cuando se logró declarar el Parque Nacional Ramal de Caldera (oficialmente Dr. José Gregorio Hernández), allí hubo un acoplamiento entre algunos funcionarios de Inparques de Trujillo y Mérida, especialmente porque allí quedan algunos trabajadores de vieja data y gente de la sociedad civil. Es un logro muy importante porque, entre otras cosas, esa es un área donde existe un corredor de protección del oso frontino. Claro, se habla muy poco de esto porque el tema del Arco Minero es avasallante, es demasiado grave.
Yo quisiera destacar el tema de la calidad del aire urbana. La falta de mediciones es un hecho tal vez menos impactante que lo del Arco Minero, pero es algo que creo necesario destacar. En 2022 la OMS publicó cifras de los millones de personas que a nivel mundial han estado falleciendo por problemas de la calidad del aire y dio cifras precisas límites a los países como imprescindibles de cumplir. ¿Cómo es posible que solo se hayan publicado hasta el día de hoy cifras de 2011 y 2012 que correspondían solo a Caracas y Barcelona? Los investigadores del IVIC que tomaron algunas muestras en los Altos de Pipe y en Caracas muestran que los valores están muy por encima de aquello que la OMS pone como límites. Lo que te estoy hablando está vinculado con la importancia de firmar e implementar el Acuerdo de Escazú. Mientras en el mundo todos los países aumentan la disponibilidad de cifras tomadas por organismos oficiales aquí se desmantela a los organismos que se deberían encargar de este tipo de mediciones técnicas y sencillamente no se dispone ni publica nada”.
Díganme si no dice verdades mi amigo y colega, el geógrafo Jorge Padrón.
El capítulo completo puede descargarlo aquí. https://provea.org/wp-content/uploads/2021/05/05-AmbienteSano-2022-1.pdf
