La Policía de Nicaragua encerró esta semana a un párroco con mal crónico en su propio templo. En el interior del recinto religioso también se encuentran 11 mujeres en huelga de hambre, exigiendo la liberación de sus hijos apresados por razones políticas.
El padre Edwin Román padece diabetes crónica, por lo que requiere una dieta estricta y medicamentos. Este viernes cumplió 24 horas sin poder salir de la parroquia, en la ciudad de Masaya, ya que el gobierno nicaragüense cortó el suministro de agua y luz, y mantiene sitiado el templo.
“Estamos de rehenes, yo no puedo ni salir para mi comida, necesito mis medicamentos. Yo soy un hombre diabético”, gritó a los periodistas el párroco, detrás de las rejas de una de las ventanas de la parroquia.
La policía mantiene un cerco de 300 metros a la redonda del recinto católico.
Detenciones
Además de mantener sitiado el templo de Masaya, la policia detuvo a 13 personas que intentaron llevar agua a la parroquia. Fueron enviadas a la cárcel de El Chipote, en Managua.
Se trata de una de las prisiones catalogadas como centro de torturas del gobierno de Daniel Ortega.
Derechos Humanos y medios de comunicación
La policía también bloqueó el paso en la carretera a representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Los activistas se dirigían de Managua a Masaya a conocer la situación en la parroquia, pero se les impidió el paso.
De igual forma, los funcionarios de seguridad también rodearon las sedes de la Radio Corporación y Canal 10, dos de los medios independientes con mayor audiencia en Nicaragua. Por el contrario, los agentes no impidieron que un civil arrebatara y rompiera el móvil desde el que una periodista del diario La Prensa transmitía las declaraciones del padre Román.
Arquidiócesis de Managua
El cardenal Leopoldo Brenes y el clero arquidiocesano de Managua, que abarca a Masaya, emitieron un comunicado en el condenaron “el asedio e intimidación que sufre el padre Edwin Román y los fieles”.
El clero también llamó a las autoridades policiales a respetar la libre movilización y el ejercicio de la libertad religiosa.
Las acciones humanitarias de la Iglesia Católica han causado molestias en el gobierno de Ortega, quien afirma que los sacerdotes nicaragüenses son golpistas.
En medio de la crisis, la mayoría de párrocos y obispos de ese país centroamericano han abierto sus puertas a manifestantes antigubernamentales, que son perseguidos por policías y paramilitares.
CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis en Nicaragua. Sin embargo, organizaciones locales cuentan hasta 651 homicidios políticos.
Entre tanto, el gobierno admite 200 muertes, que justifica como parte de una defensa ante un supuesto intento de golpe de Estado.
La CIDH responsabiliza al gobierno de la violencia y lo acusa de crímenes de lesa humanidad.
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