En un paso decisivo para proteger sus derechos y salvaguardar la integridad del sistema judicial, trabajadores petroleros venezolanos, liderados por Iván Freites, han presentado una moción de sanciones por interferencia tortuosa en la Corte Federal del Distrito de Delaware.
El documento, radicado bajo el número 103 del expediente 1:23-CV-00989-JLH, acusa al mas alto ejecutivo de PDVSA Ad Hoc, Horacio Medina, y a entidades como Citgo Petroleum Corporation, PDV Holding, y su cadena corporativa (conjuntamente identificadas como “The Citgo Defendants”), además de Center for Liberal Democracy Development, Inc. y Resistencia Venezolana Corp., asociadas a Orlando Viera-Blanco y José Vicente Carrasquero de divulgar información confidencial y orquestar campañas difamatorias para intimidar y perjudicar a los demandantes.
El líder sindical José Villazana, en representación de los trabajadores, expresó su preocupación: «La divulgación de información sellada por la corte y las campañas difamatorias son un ataque directo a nuestra lucha por justicia. Es inaceptable que recursos destinados a defender los activos de la nación se utilicen para financiar ‘campañas sucias’ contra trabajadores exiliados que solo buscan reivindicar sus derechos».
Villazana aseguró que esta acción judicial es solo el comienzo de una lucha más amplia para «detener los abusos de poder y garantizar que los responsables rindan cuentas».
A continuación, las acusaciones clave en la moción:
1. Divulgación de Información Confidencial:
Según la moción, The Citgo Defendants (Citgo Petroleum Corporation, PDV Holdings y su cadena corporativa) violaron órdenes de sellado de la Corte, facilitando la divulgación de detalles confidenciales contenidos en la Segunda Demanda Enmendada.
2. Campañas de Difamación:
Resistencia Venezolana Corp., vinculada directamente con Gustavo Lainette, y Center for Liberal Democracy Development, Inc., una organización asociada a Orlando Viera-Blanco y José Vicente Carrasquero, utilizaron información filtrada para desacreditar a los demandantes y obstruir el proceso judicial.
Estas entidades, junto con los individuos mencionados, lanzaron ataques coordinados a través de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación para desacreditar y amenazar a los trabajadores.
3. Daños a los Trabajadores: Los demandantes alegan haber sufrido daños emocionales, pérdida de reputación y amenazas a su seguridad personal debido a estas acciones coordinadas.
Sanciones Solicitadas
La moción presentada exige al tribunal que:
1. Declare que las acciones de los acusados constituyen interferencia tortuosa.
2. Imponga sanciones monetarias para compensar los daños sufridos por los trabajadores.
3. Ordene la eliminación de publicaciones difamatorias en redes sociales y la emisión de retractaciones públicas.
4. Autorice un análisis forense de los dispositivos electrónicos de los acusados para rastrear el origen y la difusión de la información confidencial.
5. Otorgue honorarios legales y costos asociados con el caso.
Impacto en los trabajadores petroleros venezolanos
Esta acción judicial busca no solo la reparación de los daños sufridos, sino también sentar un precedente contra las campañas de descrédito y proteger a los trabajadores venezolanos exiliados. Según Villazana, «este caso no solo expone la corrupción detrás de la administración de los activos venezolanos en el extranjero, sino que también reafirma nuestra dignidad como trabajadores en busca de justicia.»
Se espera que la audiencia inicial sobre esta moción se lleve a cabo en las próximas semanas, marcando un hito en la lucha de los trabajadores petroleros por sus derechos y el respeto a las leyes internacionales.