Iván Freites, secretario general del Sindicato Petrolero del estado Falcón, introdujo una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio en contra de la Comisión de Administración y Protección de Activos (CAPA) de la Asamblea Nacional 2015 por su presunta complicidad en las graves violaciones de los derechos humanos de los trabajadores de Pdvsa, sus filiales y empresas mixtas.
La acción judicial fue interpuesta principalmente en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera (Primero Justicia), a Gustavo Marcano (PJ), Horacio Medina, Yon Goicoechea (Voluntad Popular), Carlos Millán (Acción Democrática) y Fernando Blasi (Un Nuevo Tiempo).
«Este es un paso sin precedentes en nuestra lucha por la justicia y la dignidad. Las acciones de estos funcionarios no solo han violado los derechos laborales básicos, sino que también han perpetuado un sistema de persecución política y represión económica que ha devastado a nuestras familias y ha desmantelado el tejido de nuestra comunidad laboral», aseveró Freites en un comunicado.
A su juicio, «la falta de investigación adecuada y la omisión de sanciones contra los responsables de estos abusos reflejan una clara complicidad por parte de los mencionados funcionarios». Ante esta situación, agregó, se vieron obligados «a buscar justicia fuera de nuestras fronteras», apelando al TSJ en el exilio, para después remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, eventualmente, al Tribunal de La Haya.
«Las evidencias son abrumadoras y los testimonios de nuestros trabajadores despedidos injustamente, perseguidos y en muchos casos, forzados al exilio, serán presentados ante estas instancias judiciales. Hemos compilado una serie de reportes y documentos que demuestran no solo las violaciones individuales, sino también un patrón sistemático de abuso que ha sido orquestado y permitido por aquellos en posiciones de poder», precisó.
Respeto a la dignidad
El sindicalista recalcó que esta no es una lucha solo por compesaciones o reconocimientos tardíos, sino que «es una batalla por el respeto a la integridad y los derechos más fundamentales de cada trabajador». «Es inaceptable que en el siglo XXI, actores políticos y económicos utilicen su poder para oprimir y dañar a aquellos que con su esfuerzo diario sostienen la industria más importante de nuestro país», apuntó.
Recalcó que el caso de los trabajadores petroleros es, más allá de una acción judicial, un «clamor de respeto» a la legalidad y la justicia internacional. «Los ojos del mundo están ahora sobre Venezuela, observando cómo aquellos que han sido elegidos para proteger y servir a sus ciudadanos, optan por el camino de la complicidad en los crímenes contra la humanidad», subrayó.
Igualmente, hizo un llamado a la comunidad internacional a no permitir más impunidad. «Es hora de que aquellos que han abusado de su poder enfrenten las consecuencias de sus actos. Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos internacionales, seguimos adelante con un solo objetivo en mente: la justicia», señaló.
También instó a los trabajadores petroleros, a sus familias y a la comunidad internacional a unirse a esta batalla judicial. «Solo unidos podemos enfrentar y desmantelar las estructuras de poder que han buscado silenciarnos», enfatizó.