En un acto inédito organizado en el Palacio de Gobierno ante la prensa, el presidente de Perú, Pedro Castillo, reaccionó con dureza este martes a la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en su contra.
«Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú«, aseguró el mandatario.
Las declaraciones se produjeron horas después de que el Ministerio Público anunciara que Patricia Benavides, fiscal general, presentó una denuncia constitucional contra Castillo en el Congreso por liderar una supuesta organización criminal, tráfico de influencia y colusiones.
El presidente negó «rotundamente las acusaciones» y acusó a la Fiscalía de actuar «políticamente», agregando que no tienen pruebas en su contra.
Así mismo, aseguró que no va a pedir asilo o abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de «persecución política», pero que se mantendrá «en pie y firme» hasta el final de su mandato, que en principio se extiende hasta 2026.
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«A nosotros no nos van a amedrentar«, agregó Castillo, quien también dijo estar dispuesto a «entregar la vida» y a que su «sangre corra por la calle en beneficio del pueblo».
La acusación de la Fiscalía
«Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal«, anunció Benavides en una comparecencia en Lima.
El Ministerio Público acusa a Castillo de tráfico de influencias y colusión en tres casos diferentes.
GETTY IMAGES Castillo ya ha sobrevivido a dos intentos de vacancia desde su llegada al gobierno en 2021.
La denuncia «se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales», indicó la Fiscalía en Twitter.
En Perú los presidentes gozan de la condición de aforados, por lo que tienen inmunidad y no pueden ser acusados de delitos por los tribunales.
De ahí la relevancia de la actual denuncia constitucional, un procedimiento especial que se aplica en exclusiva a altos funcionarios del Estado y aforados (como el presidente de la República y congresistas).
La denuncia constitucional permite determinar si estos han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción, según explicó la Fiscalía, mientras el gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.
Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas.
De ser aprobada, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.
Guillermo Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Lima, recuerda que el mandatario ya ha sobrevivido a dos intentos de vacancia.
«Sus rivales en el Congreso se encuentran con una nueva oportunidad de librarse de un gobernante que no se parece a ninguno de los anteriores y al que nunca han tolerado», analizó Lima.
«Resulta difícil pronosticar si este nuevo intento tendrá un desenlace diferente, pero a estas alturas ha quedado claro que, tanto como ante una batalla judicial, estamos ante una por el poder«, añadió el corresponsal.
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