Por Pablo Kaplún Hirsz
Se celebra en estos días en Egipto la COP27 (27ª Conferencia de las Partes, por sus siglas en inglés, de Conference of Parties), refiriéndose lo último a las 197 naciones que forman la UNFCCC, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Desde que se celebró la primera en Berlín en 1995, en 2022 toca la 27ª edición de esta reunión.
Cada año se celebra una cumbre de éstas, quizás esta es una de la más complicadas y cínicas de todas. El egipcio Ahmed al Khouli, experto en planificación medioambiental, ha pasado los tres últimos años entre rejas, acusado de liderar un grupo terrorista. Acaba de ser liberado pero ha declinado hablar. Tras nueve años del mariscal de campo Abdelfatah al Sisi en palacio, el terror se ha propagado por el país más poblado del mundo árabe. En un territorio básicamente desértico, donde casi nada puede florecer y cualquier ejercicio de libertad es perseguido y purgado, los ecologistas no son una excepción. Hostigados y encarcelados, son los grandes olvidados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que arrancó el domingo pasado en la ciudad de Sharm el Sheij.
“Definitivamente es uno de los peores países del mundo cuando se trata de ser un actor de la sociedad civil”, relata al periódico El Independiente [1], un ecologista egipcio que exige anonimato por miedo a las represalias gubernamentales. Egipto alberga la COP27 a pesar de las críticas y las denuncias que afloraron con su elección, hace menos de un año. Decenas de jefes de Gobierno y de Estado acuden a Sharm el Sheij, una ciudad situada en el sur de la península del Sinaí y a orillas del mar Rojo que ha sido blindada por el régimen egipcio para evitar cualquier protesta. En las últimas semanas los arrestos y la vigilancia han ido en aumento.
La egipcia será recordada como la cumbre más vigilada de la historia de las COP. Como ya se digo, se celebra en Sharm el Sheij, una ciudad remota y muy conveniente para las intenciones de las autoridades egipcias de evitar cualquier protesta. De hecho, se han restringido las protestas a un bautizado como «espacio cívico» en el interior del centro de conferencias de la COP27. Los participantes tendrán que enfrentarse a registros exhaustivos y a la videovigilancia. Los asistentes, además, tendrán que instalarse una aplicación móvil obligatoria que rastreará su ubicación. Según los vecinos de Sharm el Sheij, en los últimos días se han incrementado los controles en los que agentes de seguridad vestidos de paisano comprueban los teléfonos móviles y las cuentas de redes sociales de los peatones en busca de cualquier atisbo de disidencia.
La última muestra de las restricciones que padecen los esforzados ecologistas locales ha sido el propio proceso de registro y acreditación de las organizaciones que participan en la COP27. “Ha sido un proceso totalmente opaco que ha terminado permitiendo únicamente el registro de las organizaciones progubernamentales egipcias. No hubo convocatorias públicas y se acabaron eligiendo a dedo, dejando a un lado a los grupos independientes locales”, denuncia en conversación con El Independiente un activista egipcio que también exige anonimato. Los movimientos que no son percibidos como peligrosos por las autoridades operan en ámbitos técnicos como la recogida de basura, el reciclaje, las energías renovables, la seguridad alimentaria y la financiación del clima.
Por contra, aquel activismo que aborda la seguridad del agua, la contaminación industrial y los daños medioambientales causados por el sector inmobiliario, el desarrollo turístico y la agroindustria centran la represión. Todas las actividades vinculadas al ejército -dueño de una vasta red de empresas-, como canteras, plantas de embotellamiento de agua y cementeras tampoco pueden ser objeto de escrutinio por parte de la sociedad civil.
Son las gruesas líneas rojas de un sistema político que no tolera la crítica. «Sin participación democrática, que exista conciencia medioambiental en una sociedad es muy complicado», advierte uno de los ecologistas. «Lamentablemente las decisiones se toman desde un enfoque muy jerárquico. Así que incluso cuando hay medidas muy buenas, resulta muy difícil ponerlas en práctica porque no ha habido ese debate comunitario participativo que pone de relieve la importancia de esta decisión y examina sus repercusiones y efectos secundarios».
Los grupos ecologistas se mueven por un terreno plagado de minas, especialmente sensible en el apartado de su financiación. Desde 2014 la modificación del código penal y legislaciones como la que regula las actividades de las ONG han restringido arbitrariamente las subvenciones y donaciones de fuentes extranjeras y nacionales. La persecución legal ha sido ampliamente utilizada, con la congelación de activos de las organizaciones y la prohibición de viajar de sus responsables, y ha obligado a cerrar a organizaciones locales y sucursales locales de centros internacionales.
División de opiniones
La celebración de la COP27 en una ciudad que desde hace décadas ha sido un preciado destino turístico de rusos e italianos ha dividido a los ambientalistas y activistas de derechos humanos egipcios. Algunos como Ramy Shaath, que pasó 915 días entre rejas, consideran que no se debería usar las cuestiones ambientales para blanquear al régimen de Al Sisi. “Egipto es el peor lugar del mundo para acoger una cumbre tan importante como ésta, que supone en la práctica extender la alfombra roja a Al Sisi y darle un nuevo impulso a la legitimidad de un asesino y un abusador de los derechos humanos”, denuncia. A su juicio, la COP27 es un ejercicio de «greenwashing», el uso de la supuesta responsabilidad medioambiental para blanquear, en este caso, a un régimen depredador de las libertades públicas.
Una opinión que difiere de la del periodista Hosam Bahgat, un veterano activista que dirige en la actualidad la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. “Aunque Egipto está siendo testigo de una crisis de derechos humanos a gran escala, no creemos necesariamente que sea una mala idea celebrar la COP27 en Egipto”, apunta en declaraciones a este diario. “De hecho, nos está ayudando a llamar la atención mundial sobre esa crisis de derechos humanos y a movilizar a los activistas y a los movimientos y gobiernos para exigir al régimen egipcio mejoras en materia de derechos humanos”. En las semanas previas al acontecimiento han surgido diversas iniciativas exigiendo la liberación de los presos políticos.
Unas llamadas que el régimen no ha escuchado. A finales de septiembre las fuerzas de seguridad arrestaron a Abdelsalam Abdelghani, un ingeniero egipcio que se había sumado a un grupo de Facebook que, en nombre de “la revolución climática”, instaba a manifestaciones durante la COP27. Durante las primeras dos semanas, fue víctima de una desaparición forzada perpetrada por la agencia de seguridad nacional y reapareció en los tribunales, una práctica habitual en el país.
Alrededor de 70 personas, según organizaciones locales, han sido arrestadas en las últimas semanas por llamar a protestas en el marco de la cumbre. La última víctima de la mano de hierro es Ajit Rajagopal, un activista climático indio que pretendía caminar desde El Cairo hasta Sharm el Sheij para llamar la atención sobre la amenaza a la que se enfrenta el planeta. Tras ser interrogado durante horas y recobrar la libertad, Rajagopal renunció a sus intenciones.
Lo cumbre para Venezuela
El presidente Maduro supo muy bien a lo que iba: como antiguo canciller de Chávez sabía cómo robar fotos con líderes mundiales (Kerry, Macron, Costa…) sin arriesgarse a lo incómodo que fueron las democráticas –así no fueran muy útiles- COP anteriores. Así pudo hablar de un supuesto compromiso con el cuido del Amazonas mientras nadie podría acercarse a cuestionarlo, en tanto su gobierno sigue aupando el arrase que en nuestro país se hace de miles de hectáreas de ese bosque en el llamado Arco Minero del Orinoco.
Lo cumbre ha sido que más bien los líderes mundiales ahora coquetean con él en espera que pueda encontrarse en Venezuela un buen sustituto para los faltantes petróleo y gas rusos en el mercado internacional. Lo que les preocupa no es el desastre ambiental que está habiendo en nuestro país, lo que les entusiasma más bien es que volvamos a aportar Gases de Efecto Invernadero (GEI) con nuestros combustibles fósiles, los cuales hoy generamos muy poco al estar caída la producción nacional de hidrocarburos.
Claro, en esas condiciones es fácil acceder a reiniciar las negociaciones en México -la condición que le impone la comunidad internacional- sin mayores temores a que conducirán a una salida totalmente cómoda para él y su sector político.
Ambiente, situación y retos es un espacio coordinado pro Pablo Kaplún Hirsz, email: [email protected] y web: www.movimientoser.wordpress.com
[1]https://www.elindependiente.com/internacional/2022/11/06/la-cop27-en-egipto-el-infierno-de-los-ecologistas/
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