La junta militar de Birmania ejecutó a cuatro opositores, incluyendo a un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi, siendo la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas, informó la prensa estatal el lunes.
Las ejecuciones provocaron una condena generalizada, aumentaron los temores de que se ejecuten más penas de muerte y generaron llamados a la comunidad internacional para que tome medidas más severas contra la junta ya aislada.
Los cuatro, entre los que figura otro prominente activista por la democracia, fueron condenados a muerte y ejecutados por encabezar «actos de terror brutales e inhumanos», reportó diario estatal Global New Light of Myanmar.
El periódico dijo que las ejecuciones se hicieron según «el procedimiento de la prisión», sin detallar cuándo ni cómo se llevaron a cabo.
Un portavoz de la junta no contestó a la solicitud de la AFP.
La junta militar ha sentenciado a muerte a decenas de activistas antigolpistas como parte de su represión de la disidencia tras tomar el poder el año pasado, pero Birmania no había practicado una ejecución en décadas.
Phyo Zeya Thaw, de 41 años de edad, quien fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Aung San Suu Kyi, fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo.
Este pionero del hip hop en Birmania, cuyas letras criticaban al ejército desde comienzos de la década del 2000, estuvo detenido en 2008 por pertenecer a una organización ilegal y posesión de divisas.
Obtuvo un escaño como diputado en las elecciones de 2015, durante la transición del gobierno militar al civil.
La junta lo acusó de haber orquestado varios ataques contra el régimen, incluyendo un ataque contra un tren en el que murieron cinco policías en agosto pasado en Rangún.
Kyaw Min Yu, conocido como «Jimmy», un prominente activista por la democracia de 53 años, recibió la misma sentencia del tribunal militar.
«Jimmy» era un escritor y opositor de larga data del ejército, conocido por su papel en el levantamiento estudiantil de 1988 contra la junta militar de la época. Fue detenido en octubre y condenado en enero.
«Delitos vagos»
Según los medios locales, miembros de las familias de los dos primeros se plantaron ante la prisión de Insein en Rangún, con la esperanza de recuperar sus cuerpos sin vida.
Los otros dos fueron sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta en Rangún.
La junta fue duramente criticada por las potencias internacionales cuando anunciaron el mes pasado su intención de llevar a cabo las ejecuciones.
La última ejecución capital en Birmania se remonta a 1988, según un informe de expertos de la ONU de junio pasado, que contabilizó 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado.
Los expertos subrayaron que la ley marcial otorgaba a los militares la posibilidad de pronunciar la pena de muerte por 23 «delitos vagos y definidos en forma amplia» y, en la práctica, por toda crítica contra el poder.
Advirtieron que las ejecuciones podrían acelerarse si la comunidad internacional no reaccionaba.
«Actos perversos»
Estados Unidos condenó este lunes la ejecución de cuatro personas «por ejercer sus libertades fundamentales», señaló su embajada en Rangún en un comunicado.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la decisión, tachándola de una «flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas».
Japón, que denunció que «estas acciones llevan a un conflicto más duro», también se sumó a la ola de protestas.
Human Rights Watch calificó las ejecuciones como «un acto de absoluta crueldad». La directora para Asia de la oenegé, Elaine Pearson, pidió a la comunidad internacional a «mostrar a la junta que habrá una rendición de cuentas por sus crímenes».
Es probable que las ejecuciones agraven el aislamiento internacional de los militares birmanos, que se hicieron con el poder por la fuerza el 1º de febrero de 2021 bajo pretexto de un supuesto fraude en las elecciones del año anterior, en las que el NLD arrasó.
«Estos actos perversos deben marcar un punto de inflexión para la comunidad internacional. El statu quo de la inacción internacional debe rechazarse con firmeza», reaccionó Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Birmania, en Twitter.
El ejército gobernante continúa con una sangrienta represión contra sus opositores, con más de 2.000 civiles muertos y más de 15.000 detenidos desde el golpe de Estado, según una ONG local.
Entre los detenidos figura Aung San Suu Kyi, exdirigente y premio Nobel de la Paz de 77 años, que se enfrenta a varios cargos que pueden totalizar hasta 150 años de prisión.
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