Pese a las declaraciones públicas del presidente de Colombia, Iván Duque, reconociendo el importante papel de los defensores de derechos humanos, la nación es el país de América Latina con más asesinatos de activistas de las garantías fundamentales.
Esta es una de las principales conclusiones del informe que presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, tras su visita al país sudamericano del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018.
El informe señala que «las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz, oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción, la tenencia ilícita de la tierra y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques».
Colombia desde 2016
Pese al descenso en la tasa general de homicidios que ha vivido el país desde 2011, los asesinatos de los defensores de derechos humanos han aumentado desde 2016, según los datos de fuentes estatales como la Defensoría del Pueblo, y de la Naciones Unidas y la sociedad civil.
El informe de la Consejería Presidencial destaca un importante descenso en el número de asesinatos y de municipios afectados después de que el presidente Iván Duque llegara al poder. Sin embargo, el relator destacó que el índice de esos crímenes sigue siendo elevado: 52 verificados por la Oficina de la Alta Comisionada en 47 municipios durante la primera mitad de 2019.
La impunidad perpetúa la violencia
Forst señaló que históricamente la tasa de impunidad de homicidios contra los defensores de las garantías fundamentales es de alrededor de 95% en comparación con la de homicidios dolosos, que fluctúa entre 86% y 94%.
No obstante, recordó que desde 2016 la Fiscalía decidió priorizar la investigación de los homicidios de los defensores documentados por la Oficina de la Alta Comisionada y eran 302 casos.
De estos, la Fiscalía informó que para agosto de 2019, «33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura».
Estas cifras conllevan 11% de casos aclarados en comparación con 89% pendientes por determinar la culpabilidad. «Si bien, (en) 54% de estos últimos se están dando avances en la investigación», apuntó Forst.
No obstante, agregó que «esta cifra no representa el universo total de los asesinatos ocurridos y excluye aquellos que sucedieron antes del Acuerdo de Paz».
El relator advirtió que «cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras, y permanecen impunes, se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad. Ello implica una invitación para seguir violando sus derechos».
Grupos específicos en Colombia
El experto agregó que los defensores de derechos humanos más expuestos tras el Acuerdo de Paz son los líderes sociales y comunitarios, los étnicos y, «sobre todo, los promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en particular, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra».
Forst subrayó la gran complejidad del contexto en el que estos activistas implementan su tarea en favor de los derechos humanos, especialmente «en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado y las comunidades no son protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas del orden allí presentes».
El relator fue informado de cómo estas personas se ven forzadas a relacionarse con diferentes grupos armados ilegales y criminales, y que se convierten en sus objetivos cuando se oponen a su presencia, al reclutamiento forzoso o a la explotación sexual de sus hijas, o cuando impulsan el Acuerdo de Paz, sobre todo en lo que se refiere a la reforma rural o el programa de sustitución de cultivos ilícitos, o se oponen a la extorsión.
Los activistas también le explicaron a Forst la situación de peligro de los defensores indígenas y afrocolombianos, quienes «se enfrentan a una discriminación racial de facto con causas estructurales e históricas y a riesgos intrínsecamente relacionados con la defensa de los derechos humanos de sus pueblos, su forma de vida y sus tierras».
Acuerdo de Paz
Pese a una pequeña disminución en 2018, el número de mujeres defensoras muertas aumentó desde la firma del Acuerdo de Paz hasta junio de 2019. Esto representó entre 20% y 17% del total de los defensores muertos.
El experto lamentó la muerte de seis personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales defensoras de los derechos humanos en 2017 y denunció la situación de riesgo que corren los abogados que representan a las víctimas de violaciones graves de las garantías fundamentales durante el conflicto, así como los abogados de derechos humanos.
Por último, destacó un incremento de los ataques contra la libertad de prensa el año pasado. «Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que trabajan sobre temas de derechos humanos y corrupción están en mayor riesgo y quienes trabajan en las regiones de Arauca, Cauca, Antioquia y Nariño están más expuestos. En las zonas rurales se ha denunciado un clima generalizado de temor que ha llevado a la autocensura del sector», apuntó.
Durante el pasado fin de semana Forst informó que el gobierno colombiano no le había autorizado a entrar al país para finalizar el informe que presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos.
Recomendaciones de la ONU
Pese a constatar la voluntad política e importantes iniciativas de las autoridades de Colombia para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos, y tras analizar la información proporcionada por el gobierno, la sociedad civil y otros actores, Forst concluyó que la gran mayoría de los defensores en ese país no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio.
Los defensores de derechos humanos en Colombia carecen de un reconocimiento social y público positivos. Son deslegitimados y criminalizados en relación con su labor de defensa por actores estatales y no estatales.
A su vez, se recomienda reafirmar el compromiso político con el Acuerdo de Paz, priorizar su implementación, dotándolo, así, de los recursos necesarios para ello y, en particular, de los mecanismos de protección de las personas defensoras.
Reconocer pública y regularmente, incluso mediante campañas en los medios de comunicación y sociales, el papel fundamental de los defensores en la sociedad y condenar las violaciones e intentos de deslegitimarlos y criminalizarlos, apoyando, por ende, a la Procuraduría y a la Fiscalía en la toma de medidas disciplinarias contra funcionarios y autoridades que actúen en contra de las personas defensoras.
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