Después de realizar este fin de semana una segunda visita al Alto Apure, Walter Márquez, diputado jubilado de la Asamblea Nacional venezolana, presidente de la fundación El Amparo y director general del Comité Internacional contra la impunidad en Venezuela (Ciciven) exhortó al fiscal Tarek William Saab a solicitar el enjuiciamiento de los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PBN) por haber simulado un enfrentamiento con cinco ciudadanos en El Ripial, cuando en realidad fue una ejecución de prisioneros.
“Fabricaron un enfrentamiento que nunca ocurrió. Tarek William Saab, a quien yo conocí como defensor de los derechos humanos, tiene la obligación política, moral y jurídica de pedir el enjuiciamiento del FAES, responsable de este crimen. Es grotesca la manera como presentaron ese caso, el simple hecho de que haya testigos que afirmen que se los llevaron vivos demuestra que todo es simulado. Él debe enviar una comisión para una investigación rápida, imparcial y transparente que genere confianza. Yo me ofrezco a acompañarlo ante los testigos, porque la gente tiene mucho temor”, expresó.
Márquez destacó que él ha logrado acercarse a los testigos de la masacre y ellos le han hablado con libertad, por lo que emplazó a Saab a que haga justicia con el crimen de lesa humanidad cometido contra la población venezolana en el Alto Apure, nombrando una comisión nacional e internacional.
“Una comisión internacional en la que participe la Alta Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y participe la propia Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, y yo me ofrezco a acompañarlos para demostrarles todo lo que ocurrió allí. Es irrefutable que allí se simuló un hecho punible, que en vez de una confrontación y un enfrentamiento lo que hubo fue un ajusticiamiento. Estamos en presencia de la ejecución de prisioneros, como en la época nazi, que a los judíos los detenían y después los ejecutaban”, indicó.
Walter Marquez analizando las fotografías de los prisioneros ajusticiados
Los asesinatos ejecutados por las FAES
Destacó Walter Márquez que después de reunirse en el municipio Páez y en las cercanías de Guasdualito con un equipo de abogados y activistas de derechos humanos, de recopilar testimonios y adelantar investigaciones, detectaron que es la primera vez que en las masacres ocurridas en la frontera se da la ejecución de cuatro miembros de una misma familia: el padre Emilio Ramírez, la madre Luz Dey Remolina, el hijo Jeferson Ramírez Remolina y Ehiner Anzola Villamizar, hermano del padre de las víctimas.
“Los miembros de la familia Ramírez Remolina trabajaban como agricultores en la finca Los Caracaros, en las cercanías de La Victoria, pero fueron detenidos y hechos prisioneros en su casa, ubicada en el barrio 5 de Julio de La Victoria, donde los funcionarios militares y policiales cometieron destrozos; mientras que a Julio César Jiménez lo detuvieron en las cercanías de la panadería del sector Alí Primera de La Victoria y fue llevado prisionero en presencia de varias personas que incluso intercedieron por él. Allí le dijeron: ‘Ahora sí vas a conocer el infierno’, frase que han repetido los grupos comandos de las FAES en otros lugares”, explicó.
Recordó Márquez que el argumento para detener a la familia Ramírez Remolina era que tenían doble cédula, venezolana y colombiana, cuando esa es una realidad permanente debido al constante intercambio económico, cultural y social en la frontera, y es un derecho constitucional desde la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Constitución de la República de Venezuela desde 1999.
Grotesco montaje
Márquez indicó, según nota de prensa, que al analizar los videos y fotografías de los cinco fallecidos publicados en redes sociales y medios de comunicación, los hombres están sin camisa, otros están sin zapatos, mientras que a otros les colocaron botas que no son típicas de los guerrilleros o militares, es decir, “desde el punto de vista del calzado, del uniforme y del armamento, estos no se corresponden con las características de los grupos irregulares colombianos que todos conocemos, por lo que se evidencia que hubo un mal y grotesco montaje en la pretensión de sembrar evidencias a las víctimas”.
Señaló que en los análisis de las fotografías también se pueden observar torturas y en algunas de las víctimas tiros de gracia. “La situación se agrava cuando el gobierno ha dicho que hay nueve fallecidos oficialmente pero solo se conocen cinco muertos, por lo que faltan cuatro cuerpos más. Allí hay una situación bien grave que obliga a Saab a actuar de manera diligente y directa. No tiene ningún argumento para no actuar, ciudadano fiscal de facto de Venezuela, y ser garante de una investigación imparcial y transparente”, manifestó.
Finalmente informó que está en contacto con los familiares de los cinco ajusticiados por las FAES y también con algunos de los familiares de los 31 detenidos de manera arbitraria que fueron remitidos al pabellón de procesados militares (Procemil) del Centro Penitenciario de Occidente (CPO). “A ellos también le estamos brindando nuestra solidaridad y en algunos casos asesoría para que exijan una revocatoria de la medida mediante la cual los enviaron a la cárcel de manera improcedente a pesar de que la mayoría de ellos eran obreros, trabajadores del campo, profesores e incluso líderes religiosos, cuyo vínculo con las guerrillas o cualquier grupo irregular armado no tiene fundamentos”, afirmó.