Ante las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, de que fue un “inmenso error” romper relaciones con Venezuela, porque entre otras cosas el daño ha sido enorme por la violación de derechos humanos de las poblaciones; el defensor de los derechos humanos, representante legal de víctimas colombianas y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, manifestó que la postura del nuevo mandatario neogranadino coincide con el trabajo que ha venido desarrollando desde 2015 cuando el gobierno de Venezuela cerró de manera unilateral la frontera colombo – venezolana, pero indicó que no entiende por qué el jefe de Estado del vecino país, informa a través de su embajador en Venezuela que retirará la denuncia contra Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI).
Márquez dijo que la política en materia de derechos humanos del gobierno de Petro se contradice, pues, por una parte, afirma que se debe investigar la violación de los derechos humanos en la frontera durante el rompimiento de relaciones con Venezuela, y por la otra, su representante diplomático, el embajador Armando Benedetti, luego de reunirse en Caracas con funcionarios del gobierno de Maduro, informó que Colombia retirará su denuncia de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen venezolano, suscrita por el expresidente Iván Duque y cinco jefes de Estado.
“Decisión que de llegarla a tomar Gustavo Petro, rechazamos firmemente, pues esta es extemporánea e improcedente, pues el fiscal de la CPI, Karim Khan, abrió la investigación en el caso Venezuela el 3 de noviembre del 2021, la cual debe mantener de oficio conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma”, aseguró.
Destacó que coincide con Petro sobre la gravedad de los hechos que ocurrieron en la frontera colombo- venezolana a partir del 19 de agosto de 2015, cuando deportaron de manera forzosa más de 1.500 colombianos, incluyendo algunos que gozaban de protección internacional en Venezuela, violando el derecho venezolano, el derecho colombiano y el derecho internacional. Acotó que también desplazaron de manera forzosa a más de 23.000 colombianos que hacían vida en Venezuela, y se les destruyeron 203 viviendas en el barrio La Invasión de San Antonio del Táchira, durante la operación militar ordenada por Nicolás Maduro.
“También se cometió violencia sexual por parte de funcionarios de la policía, la Guardia Nacional y el Ejército venezolano en contra de colombianas, y tratos inhumanos y degradantes. Concuerdo con el presidente de Colombia de que se deben investigar los hechos por organizaciones especializadas en derechos humanos, y que habrá que hacer un libro de ello, por lo que queremos informarle que ese trabajo ya se realizó, lo hizo la Fundación El Amparo y un pool de 22 expertos en la materia, incluyendo abogados, periodistas, médicos, investigadores policiales, entre otros, y se publicaron cuatro libros sobre esos crímenes de lesa humanidad”, manifestó.
Recordó que estos hechos los denunciaron ante la Fiscalía de la CPI por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, durante la presidencia de Juan Manuel Santos y durante el gobierno del presidente Duque, junto con cinco jefes de Estado más, y también fue denunciado por la Fundación El Amparo ante la Corte Penal Internacional, “pero Colombia nunca investigó internamente estos hechos y cometió el gravísimo error de remitir las denuncias que tramitaron las víctimas ante la Fiscalía General de Colombia, las cuales fueron enviadas al gobierno venezolano para que el mismo régimen, causante de estos crímenes, hiciera alguna investigación, la cual nunca realizó”.
Reapertura sin impunidad
Por otra parte, Walter Márquez, indicó que aunque coincide con la intención de reabrir la frontera y restablecer las relaciones diplomáticas, destacó que debe hacerse sin impunidad, “por lo que se debe investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, a la cadena de mando que ordenó los abusos y los ejecutó, para lo cual le pedimos al presidente de Colombia la creación de una comisión especial que investigue estos hechos, y además que el Estado colombiano asuma la representación de las víctimas conforme a la resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005 de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas. Conminamos al nuevo gobierno de Colombia a que defienda el derecho de las víctimas, se investigue y se solicite sanción de los responsables, no solo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el cierre de frontera, sino de los crímenes que posteriormente se cometieron desde agosto de 2015 hasta la actualidad”.
Finalmente, dijo que además de investigar lo anteriormente expuesto, se debe investigar y sancionar el paso inhumano por trochas, y que el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia sea con justicia y no repetición.