Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), denunció que pese a la reapertura comercial de la frontera entre Colombia y Venezuela, aún se mantienen las restricciones para el paso de vehículos particulares y transporte de pasajeros.
«La reapertura comercial de la frontera colombo-venezolana iniciada este lunes 26 de septiembre en el Puente Internacional Simón Bolívar no resuelve el trato inhumano y degradante que sufren los ciudadanos que requieren cruzar a Colombia por razones humanitarias, ya que sigue el cierre parcial por la falta de circulación de vehículos particulares y transporte de pasajeros», indicó.
Reapertura comercial de la frontera
Márquez enfatizó que aunque se espera un proceso gradual de reapertura en la frontera, «los derechos constitucionales y los tratados internacionales no son graduales».
«Los derechos se ejercen o se vulneran», señaló en una nota de prensa.
Manifestó que tanto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como Nicolás Maduro, incumplen el compromiso de reapertura que habían anunciado.
“El hecho de que no se reabra totalmente la frontera al libre tránsito de personas y bienes es producto de un acto de fuerza, ya que no existe ni Estado de excepción, ni se ha limitado el derecho al libre tránsito en ninguno de los espacios fronterizos de los dos países”, dijo.
Márquez recordó que el derecho al libre tránsito está garantizado en el artículo 50 de la Constitución de Venezuela, así como en el artículo 24 de la Constitución de Colombia y en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Transporte de carga
Consideró como positivo el intercambio comercial y el paso de transporte de carga en la frontera. «Pero se requiere la humanización de este proceso mediante el cruce de vehículos particulares para eliminar el paso peatonal por ser violatorio de los derechos humanos», indicó.
“Nicolás Maduro probablemente no fue al acto al que acudió Petro por la responsabilidad ante la comunidad internacional y la frontera, ya que fue él quien la cerró mediante un acto de fuerza y de manera inconstitucional el 19 de agosto de 2015. Luego avaló las gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la deportación forzosa de 1.500 colombianos. Muchos de ellos eran desplazados por la violencia y tenían en Venezuela un certificado de residencia expedido por Acnur y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela”, expresó Márquez.
También responsabilizó a Maduro del desplazamiento forzoso de más de 22.500 colombianos y de la destrucción de 203 viviendas de colombianos residentes en el barrio La Invasión en San Antonio del Táchira.
«Donde marcaron las casas como en la época de Hitler con la ‘R’ de Revisar y con la ‘D’ de demoler. Situación denunciada en informes de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), y en una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia», recordó.
Pérdidas millonarias
Walter Márquez manifestó que las pérdidas económicas por el cierre de la frontera han sido multimillonarias y ocasionan graves daños en ambos países.
“De acuerdo a un estudio elaborado por el economista Abdón Vivas Terán, exembajador de Venezuela en Colombia, en 1998 cuando estaba el presidente Rafael Caldera hubo un intercambio comercial de 2.458 millones de dólares. Luego, bajo el mandato de Hugo Chávez Frías en 2008 se incrementó en más de 300% al facturar 7.269 millones de dólares», expuso.
Y continuó: «Pero bajo la gestión de Nicolás Maduro con el cierre de la frontera en 2015, esta cifra descendió a 1.352 millones de dólares. En 2021 solo hubo un intercambio binacional de 400 millones de dólares. Esto significa que ha habido pérdidas multimillonarias tanto para los empresarios como para la economía de ambos países, de lo cual es responsable Nicolás Maduro ocasionando víctimas directas e indirectas a casi 80 millones de habitantes de Colombia y Venezuela”, dijo.
Tienditas
Indicó que el hecho de que permanezca cerrado el puente de Tienditas demuestra falta de voluntad política de Petro y Maduro.
Este puente fue construido por ambos países y concluido en 2016.
«Exigimos el apego a la Constitución tanto de Colombia como de Venezuela y a los tratados internacionales para una reapertura total e inmediata de la frontera. Que cese el trato humillante del paso peatonal, que haya libertad de tránsito para vehículos particulares y de transporte de pasajeros y sobre todo que haya respeto a la integración y a la unidad de ambas Repúblicas que es un mandato de Simón Bolívar”, dijo Márquez.