Vox solicitó la confirmación de que las grabaciones realizadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Madrid durante el encuentro entre el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, no han sido borradas. La petición la hizo mediante un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid.
Además del aseguramiento de las grabaciones, solicitado el 24 de agosto, los servicios jurídicos de Vox han pedido que se les dé traslado de las actuaciones seguidas por el juzgado. Asimismo, solicitó que se informe si se ha procedido a la identificación de todas las personas que aparecen en dichos videos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, comenzó a investigar si se cometió algún delito en el encuentro. El hecho ocurrió el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Ábalos con Delcy Rodríguez. Así, entre las primeras diligencias, solicitó al Ministerio del Interior que remita el protocolo de llegada de pasajeros al aeródromo.
El juez instructor realizó esta solicitud al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska luego de asumir definitivamente la competencia para abrir causa e investigar los hechos. Estos se denunciaron por el PP, Vox y Laócratas dentro del conocido como Delcygate. Así se refieren al desplazamiento a Madrid en un avión privado de Rodríguez. El traslado ocurrió pese a las sanciones europeas que pesan sobre ella.
El magistrado Serrano-Arnal aceptó la inhibición del juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, a quien le recayó inicialmente la denuncia de los populares.
De este modo, el titular del Juzgado número 31, que ya tenía en su poder las querellas de Vox y Laócratas, ha acordado agrupar todas en una. Además, ha comenzado a estudiar si el encuentro constituye delitos de prevaricación y desobediencia.
El juez tiene pendiente visionar las imágenes de las cámaras de seguridad de las dependencias del aeropuerto. Entre ellas están las de la sala VIP de la terminal de autoridades. Allí permaneció Rodríguez hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid fue el primero en requerir a Aena que se evitara el borrado de estas imágenes. La petición se hizo porque la ley establece que se eliminen transcurridos 30 días.