La situación de los presos políticos en Venezuela ha alcanzado niveles críticos de violación de derechos humanos. Esto debido a las denuncias alarmantes sobre la falta de garantías judiciales y las condiciones inhumanas en los centros de reclusión.
Defiende Venezuela ha recibido testimonios de víctimas que representa que, por temor a represalias, han preferido mantener el anonimato. Estos informes revelan que las audiencias preliminares de muchos detenidos se están llevando a cabo de manera telemática desde el Centro de Reclusión de Tocorón y Tocuyito, limitando gravemente el acceso a una defensa adecuada.
Este procedimiento, que se realiza sin contacto directo entre los detenidos y los defensores públicos, socava el derecho a un juicio justo. “Las audiencias telemáticas desde las cárceles vulneran el debido proceso, ya que imposibilitan la interacción efectiva entre los acusados y sus defensores, crucial para preparar una defensa sólida en esta fase fundamental del proceso judicial, ya de por sí hay un problema grave en las restricciones a designar un abogado de confianza, súmale eso, un abogado que no visita al detenido y que además hace la audiencia a la distancia”, denunció el coordinador legal de Defiende Venezuela.
Judicialización sin transparencia: Un camino directo a condenas injustas
Familiares de los presos políticos también han denunciado la falta de acceso a los actos conclusivos del Ministerio Público. Esto deja a los detenidos en completa indefensión frente a la maquinaria judicial del Estado. En múltiples casos, los tribunales han aceptado las acusaciones de la fiscalía sin la participación de las víctimas en la fase de investigación y sin resolver los vicios legales de la acusación pruebas contundentes, creando un desequilibrio importante en el proceso penal, que finalizará seguramente en condenas injustas.
Condiciones inhumanas y desnutrición extrema
Además de estas irregularidades procesales, los detenidos enfrentan condiciones inhumanas en los centros penitenciarios. Según los testimonios, los presos sufren una rápida pérdida de peso debido a la pésima calidad y escasez de los alimentos. Un caso particularmente grave es el de un preso que ha perdido más de 20 kilogramos en dos meses. La situación lo expone a contraer enfermedades crónicas que podrían poner en peligro su vida.La comida suministrada en las cárceles se encuentra en condiciones deplorables, muchas veces infestada de gusanos y sin aporte proteico. Los detenidos pasan semanas sin acceso a la luz solar ni tiempo en los patios, agravando su deterioro físico y mental.El acceso a la paquetería enviada por los familiares es otra problemática grave. La mayoría de las veces, los alimentos y artículos básicos que llevan los familiares no son aceptados por los custodios o, en los casos en que sí se reciben, no llegan a manos de los detenidos. Esto agrava aún más la crisis alimentaria y de salud dentro de los centros de reclusión, ya que los presos dependen en gran medida de estos envíos para poder alimentarse y cubrir sus necesidades básicas. Aquellos que se han atrevido a denunciar estas condiciones han sido castigados con brutalidad. Se han reportado golpes por parte de los custodios y confinamientos en aislamiento total, sin acceso a comida ni agua, en celdas conocidas como «el tigrito».
Llamado urgente a los organismos internacionales: CPI, OEA y ONU
Defiende Venezuela hace un llamado urgente a la Corte Penal Internacional (CPI), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Naciones Unidas (ONU) para que tomen medidas inmediatas ante esta crisis carcelaria. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela requieren una intervención internacional. Esto con el fin de garantizar el respeto al debido proceso, el acceso a una defensa justa y condiciones dignas en los centros de reclusión.“La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado mientras se violan impunemente los derechos humanos en Venezuela. La CPI, la OEA y la ONU deben intervenir para exigir rendición de cuentas y poner fin a estas prácticas inhumanas que atentan contra la dignidad humana y el derecho internacional”, concluyó Defiende Venezuela.