En cuatro años las violaciones de la libertad de expresión se triplicaron, según estudio de Espacio Público. El informe, titulado Te ha Bloqueado: Sin Acceso a Información Pública, indica que en 2021 se registraron 100 casos de restricciones y limitaciones al acceso de información en Internet, lo que representa un incremento de 42,62% del total de violaciones.
En 2018, la ONG documentó 13,44% de violaciones relacionadas con las restricciones a Internet, lo que en 2019 ascendió a 19,87%, y en 2020 cerró en 30,77%.
En el informe, se detalla que las restricciones en Internet en Venezuela comenzaron en 2009 y se intensificaron en 2014, cuando se registró una escalada en la cantidad de personas detenidas por hacer uso de la plataforma Twitter para criticar u objetar las acciones del gobierno.
«La reciente Ley Antibloqueo y la Ley contra el odio amparan acciones que incumplen las obligaciones nacionales e internacionales respecto a la libertad de expresión y acceso a la información pública. Solo en 2021 registramos 17 casos de incitación al odio o invocación de la ley contra el odio, esto sumó al menos 13 detenciones arbitrarias», indicó Espacio Público.
El bloqueo de funcionarios gubernamentales
Para evitar el cuestionamiento, muchos funcionarios en Venezuela deciden bloquear desde sus cuentas de Twitter a periodistas, ciudadanos, comunicadores y organizaciones. Con este mecanismo se busca cerrar el debate, intercambio y participación, práctica que se aleja de principios auténticamente democráticos.
El uso de Twitter por instituciones públicas y de las personas que allí trabajan, de todos los niveles, lo convierte en una fuente de información sobre la gestión estatal y en un mecanismo de participación, además de ser un canal de difusión.
Las instituciones y funcionarios tienen la obligación de garantizar la posibilidad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier mecanismo de comunicación que usen para dar a conocer asuntos de interés público, sea formal o informal, lo que incluye Twitter.
Esto quiere decir que cuando funcionarios o instituciones públicas impiden el acceso a sus cuentas a través de bloqueos selectivos de usuarios/as, constituye una violación del derecho a la información.
Opacidad informativa en Venezuela
Un estudio realizado en abril de 2022 por Espacio Público identificó casos de bloqueo en Twitter por funcionarios venezolanos. De las 32 respuestas de propietarios/as de cuentas, se identificó un total de 46 bloqueos, ya que hay casos de bloqueos múltiples, es decir, por parte de varios funcionarios hacia una misma cuenta.
50% de las cuentas afectadas pertenece a periodistas, seguidos de personas defensoras de derechos humanos y activistas, así como organizaciones de la sociedad civil, sumando 49%.
Tarek William Saab, quien desde 2017 ejerce como fiscal general al ser designado por la asamblea nacional constituyente, bloqueó 27 de las cuentas consultadas por la ONG para el estudio. Le sigue el diputado Diosdado Cabello, con 7 cuentas bloqueadas, y Nicolás Maduro, con 5 cuentas.
Señalar que la cuenta es personal y que eso valida bloqueos masivos es una excusa regularmente invocada por funcionarios cuando se les cuestiona por los bloqueos arbitrarios.
84% de las personas afectadas identificaron como motivos principales de los bloqueos: el opinar sobre temas de interés público, sobre el desempeño de funcionarios en su cargos, por preguntar sobre temas vinculados a la gestión pública, por solicitar rendición de cuentas, y también por compartir información periodística o replicar contenidos críticos que involucran a estos funcionarios.
La falta de transparencia en materia de gestión gubernamental en los niveles del poder público y la discrecionalidad en el uso de redes sociales que deriva en la negación de derechos puede interpretarse como una extensión de medidas que responden a una cultura de la opacidad.
«En Venezuela urgen políticas de reinstitucionalización democrática que deriven en la garantía efectiva del acceso a la información pública por todas las vías de comunicación e intercambio existentes, incluyendo Internet. Con sistemas que se basen de forma auténtica en principios democráticos, será más fácil concretar medidas guiadas por el respeto, la defensa, garantía y promoción de derechos humanos, dentro y fuera de línea», concluyó Espacio Público.