Hoy, 30 de diciembre, Perkins Rocha cumple 125 días detenido. Ocurre en medio de señalamientos sobre la violación de uno de los derechos humanos más fundamentales: el derecho a la visita familiar.
Este derecho está consagrado en múltiples tratados internacionales y reconocido como esencial para preservar la dignidad de las personas privadas de libertad. Sin embargo, ha sido sistemáticamente negado a Rocha, según denuncias del Bloque Constitucional.
La organización, comprometida con la defensa de los derechos y garantías, ha calificado la situación como un “claro recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes deciden alzar la voz para proteger los derechos fundamentales”.
En un comunicado compartido a través de la red social X (antes Twitter), el Bloque Constitucional rechazó la denegación de visitas. Explican que no solo afecta la salud emocional y psicológica del detenido, sino que también constituye un patrón de represión contra quienes defienden garantías constitucionales.
El significado de un derecho vulnerado
El derecho a recibir visitas familiares no es un privilegio, sino un componente esencial de los derechos humanos que deben respetarse incluso en contextos de privación de libertad.
De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), el contacto regular con la familia es vital para garantizar la reintegración social, la estabilidad emocional y el trato humano de los detenidos.
Negarle este derecho a Perkins Rocha no solo implica un sufrimiento personal, sino que sienta un preocupante precedente. “Esta práctica no debe normalizarse”, señaló un representante del Bloque Constitucional. Agregó que el Estado tiene la obligación ineludible de respetar y garantizar estos derechos sin discriminación alguna.
El caso de Rocha, según los expertos, simboliza un ataque directo contra quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Las organizaciones defensoras han advertido sobre el aumento de tácticas de intimidación que buscan silenciar voces críticas y disuadir a otros de emprender acciones similares.
La comunidad internacional ha instado en reiteradas ocasiones al Estado a garantizar que las condiciones de detención cumplan con estándares legales y humanitarios. Entre ellos está incluido el acceso a visitas familiares. El caso de Rocha es un ejemplo tangible de que las recomendaciones son ignoradas.
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