Daniel Haro Méndez, alcalde del municipio Freites del estado Anzoátegui, que fue arrestado este jueves por presunto contrabando de gasolina, desmintió rumores de que había muerto en los calabozos de la Dgcim esta mañana.
«Buenos días. Me encuentro perfecto y muy bien hoy 4 de febrero, cuando son casi las 12:00 del día. Me han tratado muy bien. Seguimos con el procedimiento rutinario». Así lo indicó Haro en un breve video difundido en redes sociales.
Haro Méndez está detenido en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Anzoátegui por estar acusado de formar parte de una red de contrabando de gasolina.
Detención de Daniel Haro
El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró el jueves que el alcalde está involucrado con un grupo delictivo que comercializaba combustible para abastecer a grupos dedicados a la minería ilegal.
Por este caso, dijo, están aprehendidas 17 personas, incluido Daniel Haro y el alcalde del municipio Independencia, Carlos Vidal. Así como fiscales superiores de los estados Bolívar y Delta Amacuro.
“El alcalde Carlos Rafael Vidal Bolívar, aprovechándose de su cargo, y en complicidad con otras personas, entre las que se encuentran familiares y dueños de estaciones de servicio, manejaban un esquema de delincuencia organizada que funcionaba en dos fases”, indicó el fiscal.
“La primera fase ocurría en varias estaciones de servicio y consistía en el ofrecimiento a los usuarios de un pago único de 10 dólares, con el que se surtían 30 litros de gasolina. Sin embargo, se utilizaba la huella del usuario, a través del sistema biométrico Patria, para registrar un consumo de 120 litros. La cantidad restante era desviada y almacenada en centros de acopio ilegales”, explicó.
La otra fase ocurría cuando el combustible almacenado era desviado para abastecer a grupos dedicados a la explotación minera ilegal. El traslado se llevaba a cabo en vehículos de carga pesada.
“En esta fase el exalcalde Vidal, a través de un intermediario de nombre Jonatan Martínez, estableció contacto con miembros de la Fiscalía Superior de Bolívar, a quienes ofrecía y pagaba la cantidad de 10.000 dólares mensuales para evitar ser procesados por estos delitos”, subrayó el fiscal.