Las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2017, año en que murieron más de 100 personas entre abril y julio, alzaron su voz por primera vez ante la Corte Penal Internacional (CPI) donde, entre otras cosas, pidieron al organismo que reconozca que fueron perseguidas por defender sus derechos políticos y sociales.
A través de Paolina Massidda, abogado principal de la Oficina del Defensor Público para la Víctimas (OPCV en sus siglas en inglés) de la CPI, los venezolanos instaron a la corte a demostrar las violaciones y abusos padecidos en Venezuela, que constituyen crímenes contra la humanidad, para que pueda haber una forma de reparación.
Esta semana se celebraron dos audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones de la CPI en respuesta al recurso presentado por el Estado venezolano contra la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al fiscal Karim Khan de continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Durante estas audiencias, en las que se pudo escuchar a la Fiscalía, a las víctimas y al gobierno de Nicolás Maduro, el Estado venezolano negó la existencia de un plan estatal de represión y consideró que la presencia de la CPI en este asunto responde a intereses políticos externos.
Los fiscales, sin embargo, señalaron que la labor judicial de Caracas es escasa y temen que haya un vacío de impunidad. Los jueces deberán decidir a partir de ahora si la Fiscalía puede seguir adelante con el caso.
«Venezuela no está investigando ni lo hará en el futuro inminente los crímenes que ellas, sus familiares, sus amigos, sufrieron. Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad», dijo Massidda durante las conclusiones de la segunda audiencia llevada a cabo en La Haya.
La abogada aseguró que las autoridades venezolanas no investigan como lo haría la Fiscalía de la CPI y destacó que el sufrimiento que han padecido una violación o de abusos sexuales “es específico en el marco de una persecución”.
“No se pueden investigar estos delitos a escala nacional como si fueran solo actos de crueldad. Hay que demostrar la intención discriminatoria y debe reconocerse el contexto”, dijo.
Massidda explicó que los tribunales venezolanos han desestimado casos de esta índole, “pero hay actos de tortura y violaciones en centros de detención; amenazas y opositores políticos detenidos ilegalmente; abusos a las víctimas y a sus familias”.
La abogada concluyó que las víctimas esperan que las investigaciones de la Fiscalía se reanuden, con la esperanza de obtener la justicia que en Venezuela no han podido obtener.
Frente a ella, el británico Ben Emmerson, uno de los abogados contratados por el gobierno venezolano, negó que la CPI tenga competencia en este caso, a menos que hubiera una política estatal de represión, cosa que descartó. Al referirse a las peticiones de justicia de las víctimas de violaciones ha sido cortante.
“Esa retórica de los sentimientos se puede aplicar a muchos crímenes. Aquí se ha inventado una política de Estado generalizada inexistente para acudir a la CPI, y una usurpación de la función judicial por parte de la Fiscalía. Venezuela ya investiga cada caso basado en sus propios hechos”, señaló.
Su tono exaltado ha sido considerado poco adecuado por los jueces de la Sala de Apelaciones, que pidieron poco después a todos los presentes buenos modales ante un tribunal de justicia.