La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) denunció este jueves la desaparición de cuatro presos políticos que fueron sacados de la cárcel militar de Ramo Verde.
De acuerdo con la organización con sede en Miami, se desconoce el paradero de los coroneles de la Guardia Nacional José Rommel Acevedo Montañez y Pedro Zambrano Hernández, el capitán de la Guardia Nacional Jesús Alarcón Camacho y el mayor de la Fuerza Aérea Adrián de Gouveia.
José Antonio Colina, presidente de Veppex, reclamó a la comunidad internacional que ejerza la presión necesaria para obtener una fe de vida de los presos políticos militares. Subrayó que el régimen de Nicolás Maduro es el responsable de cualquier daño que puedan sufrir.
En un comunicado, Veppex señala también al general del Ejército Carlos Terán Hurtado, director de Investigaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), como responsable de la desaparición de los cuatro militares. Anunció que solicitará a los organismos internacionales y las autoridades de Estados Unidos que lo sancionen por violaciones de los derechos humanos.
Veppex asegura que Terán, a quien definen como «esbirro con uniforme militar», es el responsable de las torturas y las violaciones de los derechos humanos a las que son sometidos los presos políticos militares en los calabozos de la Dgcim.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en una intervención ante el organismo en marzo pasado, expuso que la violencia y el acoso contra periodistas, opositores, líderes sindicales, autoridades universitarias y otros sectores continúa en Venezuela.
«Además, mi oficina sigue recibiendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas», indicó la alta comisionada.
En su informe sobre Venezuela correspondiente a 2019, Amnistía Internacional dijo que el país seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes. Ese organismo advirtió que tenía constancia de que durante el año al menos seis presos y presas de conciencia seguían detenidos o sufrían limitaciones de sus derechos.