El sociólogo Rafael Uzcátegui, director de la ONG Provea, dijo que Venezuela vive su peor período de violaciones de derechos humanos en los últimos 30 años.
«Hoy estamos en la peor situación de derechos humanos en los 33 años de existencia de Provea», indicó.
«No solamente por ausencia de democracia, sino por la crisis económica que ha llevado la pobreza a niveles desconocidos en los últimos 40 años», puntualizó Uzcátegui.
Riesgo de los defensores de derechos humanos
El director de Provea habló de los riesgos que corren defensores de derechos humanos, especialmente activistas locales con menos cobertura mediática que él.
«Las autoridades no quieren que se sepan muchas cosas, que no sean visibles, y celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos con un compañero en la cárcel», manifestó Uzcátegui al referirse a Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes.
Tarazona, especialista en la zona fronteriza con Colombia y crítico del gobierno, fue detenido en julio y acusado de «terrorismo».
Investigación sobre Venezuela
«Este año tuvimos un logro triste, que es que la Corte Penal Internacional haya iniciado una investigación sobre Venezuela» por la represión de las protestas antigubernamentales de 2017 y los opositores que están en prisión, agregó.
Y añadió: «Hay autoridades que saben que los defensores (de derechos humanos) y quienes hemos acompañado a las víctimas tenemos una gran responsabilidad en que eso se haya logrado, y seguramente en algún momento querrán cobrar esa factura».
Uzcátegui resaltó que Provea fue acusada de «narcotráfico y blanqueo de capitales», señalamientos que calificó de «delirantes».
Menos represión
El activista celebró que la acción de las ONG ayudó a la liberación de detenidos y a una actuación «menos represiva» de fuerzas policiales y militares ante protestas en los últimos tiempos.
«Como otros países de la región han superado situaciones muy difíciles, los venezolanos también lo vamos a hacer», aseveró.
Sostuvo que el gobierno niega violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Aseguró que en el caso de la CPI más de 150 funcionarios policiales y militares están imputados por abusos desde 2017.
Una prueba de una voluntad real, según Caracas, de juzgar a los responsables de más de un centenar de muertes durante manifestaciones.
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