Estados Unidos incluyó este jueves a Nicaragua en su lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y mantuvo a Venezuela y Cuba, mientras que felicitó a Bolivia por sus esfuerzos para acabar con esta lacra.
El informe relativo a 2019 publicado este jueves por el Departamento de Estado puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial para los países sancionados o la exclusión de préstamos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estos son los puntos clave:
Nicaragua debuta en la lista negra
Nicaragua había estado en una lista de observación durante tres años consecutivos. y este año el Departamento de Estado decidió castigar al país por no «cumplir completamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no estar haciendo esfuerzos significativos para ello».
Específicamente, EE UU apuntó a la falta de investigaciones judiciales y condenas contra traficantes de personas, así como a la vulnerabilidad de las víctimas y la «corrupción endémica entre funcionarios y la extendida complicidad» dentro del gobierno con este tipo de crímenes.
Cuba y las «misiones médicas»
Una de las razones a las que aludió EE UU para mantener a Cuba en su lista negra fueron las misiones médicas que La Habana envía a países con necesidades de personal o crisis epidémicas.
Desde hace meses, EE UU inició una campaña de ataques a los servicios médicos del país caribeño, a cuyo gobierno acusa de retener la mayor parte del salario del personal sanitario mientras los explota laboralmente y restringe sus movimientos sometiéndoles a vigilancia, asegura el reporte.
Además, el cubano es uno de los 10 gobiernos señalados como patrocinadores de la trata de personas, una nueva designación incluida este año por primera vez en el informe y que también se empleó con Afganistán, Bielorrusia, Birmania, China, Eritrea, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur y Turkmenistán.
Venezuela, las guerrillas y los refugiados
El informe acusa a Nicolás Maduro de haber dado refugio en su país a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a los disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, que firmó un acuerdo de paz en 2016 con el Ejecutivo colombiano.
«Estos grupos, que incluyen a los disidentes de las FARC y al ELN, han reclutado por la fuerza y usado a menores de 18 años como combatientes, sirvientes domésticos, informantes, vigilantes y esclavos sexuales», afirma EE UU, que ha mantenido a Venezuela en la lista negra desde 2014.
Además, en 2019 se cometieron más abusos sexuales y laborales contra los 6,5 millones de personas que han huido de Venezuela.
Al respecto se señala que los refugiados venezolanos han sido víctimas de trata en al menos 17 lugares: Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Macao, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, España y Surinam.
El Caribe y la explotación sexual
Cinco países del Caribe (Aruba, Barbados, Belice, Curazao y República Dominicana) aparecen en una lista de observación que EE UU usa para lugares donde hay un crecimiento significativo del número de víctimas sin que las autoridades nacionales estén tomando medidas concretas para evitarlo.
En los cinco casos, EE UU destaca la explotación sexual de mujeres y niños ligada al turismo de Europa y Norteamérica.
Este año, República Dominicana fue incluida en esa lista de observación porque ha habido una menor persecución judicial contra quienes siguen explotando a mujeres y niños, cada vez más procedentes de Venezuela y haitianos que han migrado de manera irregular, según el informe.
A su vez, las mujeres y niños dominicanos son víctimas de abuso en su propio país y, además, son obligados a prostituirse en otras partes de Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y EE UU.
Aparte de República Dominicana, este año Aruba también aparece por primera vez en esa lista de observación, mientras que Barbados, Belice y Curazao repiten por no haber hecho progresos.
Bolivia, por su parte, este año salió de esa lista de observación por sus esfuerzos para investigar y enjuiciar a los traficantes de personas, así como para identificar a las víctimas y aumentar las inspecciones de trabajo con el fin de evitar la explotación laboral.
Aunque el documento no lo menciona, en 2019 el hasta entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, tuvo que renunciar forzado por los militares después de unas elecciones en las que fue declarado ganador para un cuarto mandato consecutivo, pero que desembocaron en una ola de protestas entre denuncias de fraude.
Le sucedió como presidenta Jeanine Áñez, que tiene una posición mucho más favorable a Washington que Morales.