El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este miércoles el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), en la que solicitó a las autoridades del país que «garanticen una investigación independiente» sobre la muerte del general Raúl Isaías Baduel, preso político desde 2009.
Baduel, quien fuera ministro de Defensa del presidente Hugo Chávez (1999-2013), murió el martes a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por el covid-19, según el fiscal general, Tareck Saab, una versión puesta en duda por la familia del general y por diversas organizaciones.
La Acnudh también pidió al gobierno de Maduro que garantice «la atención médica para todos los detenidos, que se consideren medidas alternativas a la detención y se libere a los detenidos arbitrariamente».
En respuesta, el gobierno aseguró que garantiza a todas las personas privadas de libertad «el disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la debida atención médica, de conformidad con lo previsto en la Constitución y los tratados internacionales».
Mediante un comunicado, el Ejecutivo recordó que la propia Acnudh ha podido constatar esto «en las 33 visitas que ha realizado a los centros de detención del país», donde, asegura, ha entrevistado a más de 410 presos.
La organización internacional solicitó además que se consideren medidas alternativas a la detención y se libere a los detenidos arbitrariamente».
Baduel, preso político número 10 muerto bajo custodia
En opinión del gobierno, la Acnudh cede «a las presiones de aquellos sectores que pretenden seguir utilizando el tema de los derechos humanos con fines políticos».
Asimismo, el Ejecutivo negó que existan personas detenidas arbitrariamente e hizo un llamado al organismo a «honrar la verdad y ajustar su desempeño a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo».
Esto es, agregó el comunicado, requisito «indispensable para mantener y profundizar las relaciones de cooperación y asistencia técnica actualmente existentes».
La ONG Foro Penal señaló este martes que con el fallecimiento del general Raúl Baduel se eleva a 10 el número de detenidos por razones políticas que han muerto bajo la custodia del Estado.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional exigió el esclarecimiento de la muerte del militar y denunció que este pasó años detenido en «condiciones inhumanas».