Venezuela lideró los peores rankings internacionales en el ámbito de justicia en el año 2022, de acuerdo con los datos reseñados por la organización Acceso a la Justicia en su informe anual.
En el reporte anual del Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP), Venezuela repite el último lugar, por octavo año consecutivo, de entre los 140 países evaluados. El país obtuvo una puntuación de 0,26 puntos, una centésima menos de la obtenida el año anterior, cuyo puntaje fue de 0,27.
Venezuela también se ubicó en el último lugar en otras tres de las ocho categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio y actuación del sistema de justicia penal.
En el resto de las categorías, entre las que destacan corrupción, justicia penal y justicia civil, Venezuela comparte los últimos lugares con Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo.
Los datos de WJP coinciden con los de otras organizaciones, como, por ejemplo, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que ubicó a Venezuela en el lugar 177 de 180.
Para elaborar el índice, la WJP toma en cuenta «la actuación de los jueces y fiscales en materia penal y civil, la capacidad del Poder Judicial para fijar límites al gobierno, la ausencia de corrupción, la transparencia en la toma de decisiones, el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la situación del orden, la seguridad interna y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente».
Acceso a la Justicia destacó que los datos obtenidos en la categoría de justicia penal son llamativos porque revelan que el país tiene más de una década en el foso. Durante el año de evaluación no se produjo ningún avance y Venezuela volvió a obtener 0,12 puntos.
«Estos datos confirman las sospechas de que la revolución judicial puesta en marcha por Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 no ofrecen resultados para hacer más eficiente y eficaz al sistema. El Índice reveló que las reformas legales no han servido para mejorar la prestación del servicio de justicia y tampoco para combatir la corrupción», agregó el informe de Acceso a la Justicia.
La organización destacó que en 2022 Venezuela también reincidió en la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH observó graves violaciones de los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática, por lo que hizo una serie de recomendaciones referente a justicia e independencia judicial.
La anterior alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también indicó en un informe publicado en junio de 2022 y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que las reformas legales e institucionales en la justicia venezolana no ayudaron a fortalecer la autonomía de los tribunales, porque los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos, plantean preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes.