Legisladores de Florida presentaron el jueves un proyecto de ley en Washington que busca proteger de la deportación a cerca de 600.000 venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS), en medio de las órdenes de la administración Trump que buscan acabar con varios beneficios migratorios, dejando en el limbo a miles de estos ciudadanos.
Representantes demócratas y republicanos de la Cámara Baja de Estados Unidos presentaron la iniciativa, que otorgaría automáticamente un TPS por 18 meses, renovables, a los venezolanos en Estados Unidos, evitando que las autoridades los deporten y que les permita trabajar.
El condado de Miami-Dade y la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, concentran una de las mayores poblaciones de migrantes venezolanos en Estados Unidos, muchos de ellos con TPS o parole humanitario.
La iniciativa, titulada Venezuela TPS Act of 2025, es impulsada por los parlamentarios demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, y la republicana María Elvira Salazar.
Soto lamentó que la administración Trump busca «despojar a los venezolanos del Estatus de Protección Temporal (unos ya existentes), del parole y de otras protecciones críticas durante un momento de gran inestabilidad en su país».
El demócrata calificó de «insulto» darles la espalda a estas personas. «Ahora más que nunca debemos unirnos para proteger a nuestra comunidad de un trato injusto y deportaciones inconstitucionales», dijo.
Los venezolanos con TPS «no son criminales»
Wasserman Schultz destacó el carácter legal y pacífico de los actuales beneficiarios del TPS, que se encuentran en el limbo. «No son criminales, están aquí legalmente y nadie con antecedentes penales es elegible para esta protección», puntualizó.
«Simplemente está mal someter a familias venezolanas respetuosas de la ley a un régimen criminal y asesino que viola abierta y flagrantemente los derechos humanos», declaró la demócrata.
Salazar dijo en un comunicado que «la opresión del régimen de Maduro y el fracaso total del socialismo del siglo XXI ha creado condiciones peligrosas en Venezuela y una amenaza constante de persecución política».
El TPS protegería de la deportación a venezolanos que estén físicamente presentes en Estados Unidos al momento de la promulgación, no tengan antecedentes penales y se registren debidamente ante el Departamento de Seguridad Nacional. También se contempla autorización para viajar en casos de emergencia.
El proyecto de ley surge en un contexto de crisis humanitaria profunda en Venezuela, donde más de 50% de la población vive en pobreza. Además, la economía se ha contraído en más de 80% desde 2014, cifras que superan incluso los niveles de la Gran Depresión en Estados Unidos.
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