Venezolanos afectados por la caída del Banco Espírito Santo (BES) se concentraron este martes en el Tribunal Central Penal de Lisboa, donde dio inicio uno de los juicios más grandes de la historia de Portugal.
El proceso busca esclarecer más de 300 delitos relacionados con la falsificación de cuentas del holding Espírito Santo Services, entre 2009 y 2014, que llevaron al colapso de la entidad bancaria y su intervención por parte del Banco de Portugal.
Entre los damnificados se encuentra Fátima Rufino, hija de emigrantes portugueses en Venezuela, quien explicó que sus padres depositaron sus ahorros en el banco debido a la reputación que tenía en ese entonces. “Se aprovecharon de la ingenuidad y la confianza de los inmigrantes y lamentablemente los defraudaron”, dijo Rufino a la agencia de noticias EFE, quien representa a su familia en el juicio tras el fallecimiento de su padre hace ocho años.
Irene Gomes, otra afectada, estuvo presente en la protesta frente al tribunal y relató cómo su padre, un comerciante originario de Madeira, perdió alrededor de 200.000 euros en una cuenta a plazo fijo que tenía junto a sus hermanos. Según su testimonio, agentes del banco viajaban regularmente a Venezuela para captar clientes, especialmente pequeños empresarios, a quienes ofrecían productos financieros riesgosos sin explicarles los peligros. “Mi padre y muchos otros perdieron todo lo que tenían”, afirmó.
Durante la manifestación previa al juicio, un coche fúnebre se estacionó frente al tribunal como símbolo del daño causado por la caída del BES. El vehículo llevaba carteles con mensajes como «mataron nuestros ahorros, ahora es hora de justicia» y fue escoltado por personas vestidas de negro, portando los nombres de los acusados en sus camisetas.
Proceso judicial busca justicia para 2000 afectados
Francisco Carvalho, presidente de la Asociación de Defensa de los Clientes Bancarios (ABESD), declaró que este juicio representa una nueva esperanza para las víctimas. “Hoy renace la esperanza para recuperar las pérdidas y que la justicia empiece a hacer su trabajo”, expresó. ABESD reclama 330 millones de euros en nombre de los perjudicados.
El proceso judicial busca determinar las responsabilidades en el colapso del BES, que afectó a cerca de 2.000 personas en Venezuela, Portugal y otros países. A pesar de varios intentos fallidos de negociación con las autoridades, las víctimas aún no han recibido compensación por sus pérdidas financieras.