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ONG piden a Petro influir para que levanten inhabilitación de María Corina Machado

Por EFE
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Organizaciones no gubernamentales pidieron este martes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, influir ante el gobierno de Nicolás Maduro para que sean levantadas las inhabilitaciones a sus opositores, entre ellos María Corina Machado, que ganó el domingo la candidatura presidencial.

En una carta pública, activistas y agrupaciones de derechos humanos le piden al mandatario «que incida sobre el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo venezolano) para el retiro de las inhabilitaciones políticas de importantes líderes de oposición y partidos democráticos del país».

Consideran que las elecciones primarias de la oposición, en las que Machado arrasó con el 92% de los votos -con el 64,88 % escrutado-, representan un camino democrático que pudiera «ensombrecerse si las actuales autoridades generan obstáculos e impedimentos a la resolución pacífica e institucional del conflicto, abriendo de nuevo las puertas a la violencia».

«Petro tiene la oportunidad de aportar para el logro de la paz en Venezuela, promoviendo para otros las medidas que a él mismo lo beneficiaron, y que evitaron el escalamiento de la conflictividad interna y la resolución institucional y democrática de los conflictos», prosigue la carta, en alusión a la inhabilitación dictada en 2013 contra el colombiano.

Le solicitan también que incluya «dentro de su agenda diplomática de incidencia el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales sobre el respeto al espacio cívico y los derechos de libertad de reunión, asociación y participación de los venezolanos».

María Corina Machado ganó estas votaciones con casi 1,5 millones de votos, el 92,56% del total, a falta de un 35,12% de las actas por escrutar.

«Este no es el final, pero sí es el principio del final», dijo Machado a sus seguidores el domingo tras adjudicarse la victoria. «Arrancamos la nueva campaña que tendrá un éxito de la misma contundencia».

Sobre Machado pesa una inhabilitación impuesta por la Contraloría en 2015 y extendida hasta 2030, por lo que la exdiputada no podrá ocupar cargos de elección popular ni competir en las presidenciales de 2024 a menos que la sanción le sea levantada.

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