Desde hace semanas se venía especulado sobre el momento y tipo de sanciones que emplearía Washington para castigar al régimen de Maduro por desconocer los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio y la represión que se viene presentando desde entonces.
Una pregunta que quedó despejada hoy con el anunció del Departamento de Estado del Tesoro.
De momento, todo indica, la decisión fue enfocarse en sanciones individuales contra las cabezas del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia por ser parte de un fraude generalizado que busca desconocer el triunfo de González.
Así mismo, contra los fiscales que han emitido órdenes de captura contra la oposición -especialmente la que pesa contra el candidato opositor- y las directivas de las fuerzas armadas que han participado en la campaña de represión contra la sociedad civil, medios de comunicación y los partidos opositores.
Estados Unidos, por otra parte, ya había reimpuesto parcialmente en abril pasado las sanciones contra el gas y el petróleo que levantó temporalmente en 2023 para facilitar un proceso electoral transparente y democrático pero dejando vigentes las licencias individuales que ha concedido a multinacionales como Chevron, que han vuelto a invertir en la explotación de hidrocarburos en el país y le han dado un respiro transitorio al régimen.
Hoy @StateDeptSpox anunció que EE.UU. tomó medidas para imponer restricciones de visa a varios funcionarios afines con Maduro y sancionó a 16 actores malignos por violar derechos civiles y humanos del pueblo venezolano y socavar la democracia en Venezuela. https://t.co/bCiP5Uuqw5
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) September 12, 2024
Esas licencias se encuentran actualmente bajo revisión y diversas fuentes en Washington afirman que serán removidas en un futuro cercano, durante una segunda ronda de sanciones, si no se presenta algún cambio en la situación actual.
Algo que pocos esperan que pase de aquí a enero, cuando arrancaría el nuevo período de Maduro. No obstante, según las fuentes, la administración de Joe Biden ha querido dejar ese garrote en reserva para tener margen de maniobra en caso de que prosperen las negociaciones y buenos oficios que adelantan países como Colombia, México y Brasil.
Aunque el tema de los precios internacionales del petróleo no es uno que trasnocha a Washington en este momento, la cercanía de las elecciones presidenciales en este país y un posible incremento en la cotización del crudo si es un factor de consideración. Adicionalmente, los funcionarios son conscientes del perjuicio que le causarían a empresas como Chevron, que han invertido importantes recursos para restaurar la producción en Venezuela.
Según anunció el Tesoro de Estados Unidos, los sancionados son:
- Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, conocida por militar en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Actualmente es la presidenta de la Sala Electoral del TSJ, la misma que dictaminó como válido el triunfo de Nicolás Maduro.
- Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ e integrante de la Sala Electoral. Según los videos difundidos por el Gobierno, Márquez participó en el peritaje al material enviado por el Consejo Nacional Electoral para certificar la victoria de Maduro.
- Juan Carlos Hidalgo Pandares es un general de la Guardia Nacional Bolivariana que ahora se desempeña como magistrado y vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ. También fue fiscal general del ejército.
- Rosalba Gil Pacheco, rectora del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE. Desde 2021 hasta 2023 fue secretaria de la Asamblea Nacional de mayoría chavista. Se le acusa de llevar adelante un nuevo reglamento sobre la elegibilidad de los observadores electorales.
- Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado del TSJ desde 2014. Participó en el peritaje realizado por el TSJ. Desde 2019 está sancionado por Canadá.
- Malaquias Gil Rodríguez, magistrado desde el 2010 y ahora presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ, también fue vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ. Está sancionado por Canadá.
- Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo. Fue quien emitió la orden de captura contra Edmundo González Urrutia.
- Luis Ernesto Duenez Reyes, fiscal del Ministerio Público. Este fiscal emitió la solicitud oficial de la orden de captura contra González.
- Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del CNE. Junto a Rosalba Gil, llevó adelante la nueva instrucción sobre la observación electoral. Se sabe que antes de llegar al órgano electoral, fue uno de los firmantes de la inhabilitación de María Corina Machado por parte de la Contraloría.
- Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal del Tribunal de Primera Instancia Especializado de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se sabe que fue ella quien dio órdenes para las detenciones de algunos parlamentarios opositores.
- Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional encabezada por Jorge Rodríguez.
- Domingo Antonio Hernández Larez, desde el 2021 es el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Fue acusado de reprimir, amenazar y hostigar durante las manifestaciones de 2019.
- Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y jefe de la Dirección Antiterrorista de la GNB desde donde se hacen labores de inteligencia para perseguir a la oposición.
- Johan Alexander Hernández Larez, comandante de la Red de Defensa Integral Capital de la GNB.
- Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la Dgcim y acusado como uno de los torturadores según informes de las Naciones Unidas.
- Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política del régimen venezolano, encargada de perseguir y encarcelar a la disidencia.
A través de un comunicado de la Cancillería, Venezuela rechazó “el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado”, se lee en el texto.
El documento difundido por el canciller Yván Gil, expresa que las medidas demuestran “su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos, en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia Bolivariana”.
El Observatorio Antibloqueo, una iniciativa del chavismo, contabilizó 947 “medidas coercitivas unilaterales” y se quejó que Estados Unidos “impone sanciones a funcionarios venezolanos del Tribunal Supremo de Justicia, CNE, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Ministerio Público”.
A través de su cuenta en X, Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, aseguró que las medidas de su país sobre 16 funcionarios venezolanos “actores malignos” se dan “por violar derechos civiles y humanos del pueblo venezolano y socavar la democracia en Venezuela”.
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