El Tribunal primero de control en Vargas dictó privativa de libertad para Ramón Blanco, de 66 años de edad, y William Echarry, de 70 años, bajo los delitos de «incitación al odio y agavillamiento», por presuntamente fijar una pancarta exigiendo sus derechos, así lo dio a conocer este lunes Vente Venezuela en Twitter.
«Estos adultos mayores son inocentes. Exigimos justicia ante esta nueva arbitrariedad del régimen que criminaliza y persigue a la disidencia», señaló el partido azul en la red social.
Agentes de la policía municipal del estado Vargas detuvieron a los activistas sociales el sábado 12 de febrero.
Según Mover y Provea, los adultos mayores desplegaron una pancarta el fin de semana que decía: «Venezuela pide justicia, fuera Maduro».
Provea, ONG que defiende los derechos humanos, pidió la libertad plena de los activistas sociales, que en su derecho constitucional protestaron en la entidad costera para exigir mejores condiciones salariales para los pensionados.
«Protestar es un derecho y en medio de una crisis que condena a los adultos mayores a sobrevivir con menos de dos dólares al mes. Castigar a quienes expresan pacíficamente su descontento revictimiza a ese sector de la población», dijo Provea el domingo.
Los venezolanos exigen mejores condiciones para vivir
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destacó el mes pasado que las protestas de trabajadores «lideraron la conflictividad en el país» durante 2021.
En su mayoría, según el OVCS, los venezolanos «reclamaron el respeto a la contrataciones colectivas», y a la vez exigieron al gobierno de Nicolás Maduro «salarios dignos para cubrir la canasta básica».
En medio de la pandemia del covid-19 los trabajadores y pensionados continuaron ejerciendo el derecho humano a la protesta pacífica en las calles, a pesar de las acciones represivas perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado, así como los rebrotes del virus.