“El balance de la libertad de expresión en Venezuela es dramático; las cifras de ataque a la prensa son aterradoras”. Así lo sostuvo Andrés Raúl Páez, consultor jurídico del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela.
Para Paéz, el caso de El Nacional, medio de comunicación condenado a pagar más de 13 millones de dólares al líder oficialista Diosdado Cabello por presunto daño moral, es un zarpazo que confirma “la naturaleza de un régimen de tendencia totalitaria que no soporta la diversidad de pensamiento, ni la libertad de opinión”.
“La acción constituye, sin lugar a dudas, un claro ejemplo de pretender imponer la hegemonía comunicacional y generar, sobre todo, amedrentamiento y hostigamiento contra los pocos medios impresos y digitales que quedan en Venezuela”, expresó en entrevista para Aula Abierta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por esta decisión asegurando que “se da en el marco de una profunda crisis política e institucional en Venezuela, caracterizada entre otras cosas por una cuestionada independencia judicial y un contexto de represión generalizada, que ha derivado en los últimos años en la erosión del Estado de Derecho”.
En ese sentido, instaron a los representantes del Estado venezolano “a abstenerse de utilizar mecanismos de presión directa o indirecta dirigidos a silenciar la labor informativa de las personas comunicadoras y a remover todas las restricciones desproporcionadas que impiden que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo”.
Un año malo para la prensa venezolana
Si bien el 2020 fue un año duro para la prensa venezolana con al menos 355 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación, según el CNP seccional Caracas el 2021 ha empezado de manera dramática, pues no solo la demanda contra El Nacional ha acaparado los titulares de la prensa.
La ONG Espacio Público documentó, al cierre de enero 2021, 18 casos correspondientes a 30 violaciones a la libertad de expresión; en febrero reportaron 19 casos que corresponden a 38 violaciones a la libertad de expresión; y para marzo eran 18 casos que se tradujeron en 47 violaciones a la libertad de expresión.
Los patrones más comunes son intimidación, hostigamiento judicial, amenazas, censura y restricciones administrativas.
Para abril las cosas no cambiaron y uno de los casos más significativos ocurrió al cierre del mes, cuando los periodistas zulianos Lenín Danieri y Edwin Prieto fueron detenidos y obligados a desnudarse en La Villa del Rosario, estado Zulia, cuando realizaban una cobertura periodística.
“Nos hicieron la maldad de humillarnos obligándonos a quitarnos la ropa, preguntando lo que les daba la gana de preguntar”, contó Prieto a Radio Fe y Alegría Noticias.
Hechos que no pueden ser olvidados
En marzo, Jesús Urbina, profesor y coordinador del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, advirtió que los medios de comunicación venezolanos sufren un deterioro progresivo de sus capacidades, libertades y condiciones para atender el derecho a la información de los ciudadanos.
Según Urbina “hay auténtica libertad de expresión en un país si efectiva y plenamente este derecho humano está protegido”, pues “no es suficiente con que exista la mera formalidad de reconocerlo en la Constitución, tampoco vale mucho que exista un discurso oficial, un discurso de poder que lo reconozca y promueva”, expresó Urbina para Aula Abierta.
Para Páez, el reto de los periodistas en este contexto es “vencer la censura” y la “hegemonía comunicacional” que quiere imponer el gobierno de facto de Nicolás Maduro. En ese sentido, informó que desde el CNP han realizado diversas acciones para documentar estos hechos que “no pueden pasar por debajo de la mesa”.
“Diversas seccionales del CNP han realizado denuncias y pronunciamientos en materia de libertad de expresión. El CNP ha realizado pronunciamientos categóricos: el 30 de diciembre de 2020, el 14 de enero, 29 de marzo y el 20 de abril de 2021, denunciando ante la comunidad internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las Naciones Unidas, diversos hechos que no pueden pasar por debajo de la mesa, pues han sido hechos gravísimos”, sentenció.