El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) y la Fundación El Amparo están coordinando un plan de trabajo conjunto para a corto plazo denunciar al Estado venezolano por graves violaciones de derechos humanos cometidos en contra de profesores activos y jubilados.
Esperan elevar las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en Washington, y por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
La propuesta llegó durante una reunión entre el rector, Mario Bonucci; el presidente de la Fundación El Amparo, director General del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), y docente jubilado de dicha casa de estudios, Walter Márquez, y representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la universidad.
Allí se conversó sobre los bajos salarios que perciben los docentes y el personal administrativo y obrero de la casa de estudios, y las consecuencias humanitarias que esto ha conllevado, pues no tienen acceso ni a un sistema de salud adecuado.
Ante esto decidieron que recopilarán casos puntuales para elevar esta situación ante los organismos internacionales, por ser un hecho sistemático y repetitivo de crimen de exterminio tipificado en el Estatuto de Roma por la privación de alimentos y medicinas.
Plan para denunciar
“Estamos diseñando un plan de trabajo para investigar y documentar casos concretos de vulnerabilidad de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El hecho de que los profesores universitarios activos y jubilados no ganen ni siquiera un salario mínimo que cubra las necesidades y la dieta básica, es un crimen de lesa humanidad por la privación al acceso de alimentos y medicinas”, expresó Márquez.
Explicó el defensor de derechos humanos que existe doble responsabilidad, la del Estado, que hay que solicitarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y la responsabilidad penal individual de los altos funcionarios públicos que en su cadena de mando han intervenido para negarle los derechos a un salario digno, a una seguridad social, y también al respeto integral de la autonomía universitaria y sus integrantes.
“La universidad es un espacio democrático, cuando se ataca a la universidad, se ataca a la democracia y tenemos que luchar por rescatar los valores constitucionales, democráticos y civilistas. Fueron los espacios de la Universidad Central de Venezuela en que se formaron los próceres de la independencia, y la universidad sigue resistiendo frente a un régimen totalitario y antidemocrático”, resaltó Márquez.
Visibilizar los atropellos
Sobre esta nueva ruta de trabajo el rector de la ULA, Mario Bonucci, indicó que la sinergia con la Fundación El Amparo va a producir resultados positivos porque visibilizará los atropellos cometidos en contra del personal universitario, y permitirá crear una cultura de defensa de los derechos humanos.
“El Observatorio de Derechos Humanos no solo sirve para defender a la universidad, nos sirve para visibilizar todos estos atropellos y cosas que están ocurriendo. Nuestro observatorio que fue creado a partir de unas protestas en 2014 busca visibilizar y empoderar a la ciudadanía, y es lo que hace Walter Márquez».
Y agregó: «Creo que lo más importante es que independientemente de que usted haga o no haga una denuncia, usted pueda tener un pueblo empoderado en sus derechos, que diga yo tengo derecho a la protesta, yo tengo derecho a hablar. La esperanza se construye es de esa manera”.
Nota de prensa