La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sugirió al gobierno de Venezuela abandonar el uso proselitista de las cuentas institucionales en las redes sociales. Así lo señalaron los expertos europeos en las recomendaciones presentadas en el informe final sobre las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.
Recomendaron, además, que las autoridades venezolanas desistan de las políticas dirigidas a manipular la conversación pública en las plataformas digitales.
Esas prácticas, dice el informe presentado este martes por la europarlamentaria Isabel Santos desde Bruselas, no se ajustan a los estándares internacionales de libertad de expresión ni a la Constitución y leyes venezolanas para que los ciudadanos tengan derecho a formar su opinión libre de inducciones o injerencias de cualquier tipo.
Casi 1.500 cuentas eliminadas
Twitter anunció en enero de 2019 la eliminación de 1.196 cuentas en Venezuela que parecían participar en una campaña de influencia respaldada por el Estado y dirigida a audiencias nacionales.
El 2 de diciembre de 2021, poco después de las elecciones de alcaldes y gobernadores, la red social informó la eliminación de una red de 277 cuentas venezolanas que amplificaban cuentas, hashtags y temas en apoyo del gobierno y sus narrativas oficiales.
“Muchas de las personas que estaban detrás de este abuso utilizaban el Twitter Patria, una aplicación vinculada al sistema Patria. La Constitución venezolana, la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de Procesos Electorales prohíben a los funcionarios públicos utilizar los recursos del Estado para favorecer a partidos políticos o intereses políticos”, expresó la misión.
Organizaciones de la sociedad civil venezolana e internacional han documentado ampliamente que el gobierno utiliza fondos públicos para remunerar a los ciudadanos por compartir sus narrativas en Twitter desde 2017, señaló.
El informe menciona que la mayoría de los hashtags posicionados diariamente por el Ministerio de Comunicación son compartidos por bots y cuentas cibernéticas. Agrega que esto puede repercutir en los procesos electorales, en los que las campañas deberían proveer igualdad de condiciones para todos los contendientes.
72% de la población con acceso a Internet
El informe de la Misión de Observación Electoral indicó que 20 millones de venezolanos (72% de la población) tienen acceso a Internet. De ellos, 14 millones usan las redes sociales, pero la crisis económica ha afectado profundamente el acceso a los datos, así como a la calidad y la velocidad.
“A pesar de estas limitaciones, el Internet ha aumentado su relevancia tras la disminución de la confianza en los medios de comunicación tradicionales, la mayoría de ellos sujetos al control del gobierno. La falta de papel de prensa ha obligado a muchos periódicos tradicionales a existir solo en sus versiones digitales. Los portales de noticias digitales se han convertido en el refugio del periodismo independiente y de investigación”, expresa.
Indicó que los intentos del gobierno por influir en el ecosistema digital incluyen medidas represivas como el bloqueo selectivo de sitios web, como ocurrió recientemente con la web de El Nacional luego de una amenaza pública del chavista Diosdado Cabello.
Además de campañas de desprestigio contra periodistas, junto con operaciones de propaganda que promueven las políticas y los logros del gobierno. Los expertos europeos aseguraron que las estrategias incluyen la práctica de remunerar a los ciudadanos por retuitear mensajes del gobierno.
Campaña sin regulación
En el informe también se menciona que la campaña electoral en redes sociales no está regulada en Venezuela. Y que para las elecciones regionales y municipales de 2021, el Consejo Nacional Electoral estableció por primera vez que la propaganda electoral en medios electrónicos debía respetar la ley electoral.
Sin embargo, añadió, no se previeron sanciones en caso de infracción. La propaganda electoral estuvo permitida y no hubo límites al gasto en los medios de comunicación en línea, observaron los expertos.
Ley contra el odio, una amenaza
La ley contra el odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia subrayó la misión, supone una grave amenaza para la libertad de expresión en línea y tiene un efecto amedrentador sobre la conversación en Internet.
“Los observadores de la Unión Europea desplegados por toda Venezuela informaron que muchos interlocutores, en su mayoría periodistas y candidatos, no se sentían libres para expresarse en línea. La ley contra el odio impone penas de prisión de 10 a 20 años a quienes inciten al odio o a la violencia a través de cualquier medio electrónico”, dijo.
Pero esa norma no define los conceptos de discurso de odio o incitación al odio, permitiendo un amplio margen interpretativo y abriendo la puerta a la criminalización de cualquier tipo de discrepancia. La ley responsabiliza excesivamente a los intermediarios, estableciendo que pueden ser multados si no retiran los contenidos problemáticos en las seis horas siguientes a su publicación.
También permite a Conatel bloquear sitios web que “promuevan el odio” mediante procedimientos que carecen por completo de transparencia. Los sitios web no son notificados de los bloqueos ni de sus motivos y no pueden oponerse a la orden de bloqueo.
Medios chavistas privilegiados
La Misión de Observación Electoral determinó que mientras los sitios web alineados con el gobierno, como la Agencia Venezolana de Noticias o Últimas Noticias, eran constantemente accesibles durante la campaña en todos los estados y a través de cualquier proveedor de Internet, los sitios de medios de comunicación independientes eran de muy difícil o imposible acceso en 16 de los 23 estados.
Señaló que la organización de la sociedad civil Ve Sin Filtro informó que 35 portales de noticias fueron bloqueados durante la campaña electoral. Recordó que la ley contra el odio la aprobó en 2017 la extinta e irregular asamblea nacional constituyente, aunque la Constitución establece que solo la Asamblea Nacional puede promulgar leyes.
Advirtió asimismo que ley también podría violar los artículos 49, 51 y 57 de la Constitución, que establecen el derecho al debido proceso y prohíben la censura.
“Las disposiciones legales vagas y desproporcionadas que restringen la libertad de expresión no cumplen con el artículo 19 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni con el artículo 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expone el informe.
Ante ese escenario, la misión europea recomendó también al gobierno venezolano derogar la ley contra el odio para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura.
Sin leyes para la protección de datos
El documento, que en total contiene 23 recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales en Venezuela, indica que la Constitución y las leyes venezolanas reconocen principios aplicables a la protección de datos personales, como la salvaguarda del honor, la intimidad, la imagen pública, la confidencialidad y la reputación.
Sin embargo, se advierte que no hay leyes específicamente dedicadas a la protección de datos.
“Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por el riesgo de que se haga un mal uso de los datos personales recogidos para los servicios de bienestar y los programas públicos, como el sistema gubernamental Patria. Los posibles usos indebidos incluyen la presión sobre los votantes y la distribución arbitraria de bonos para premiar a quienes apoyan al partido gobernante”, dice.
Explica que la plataforma Patria, que cuenta con más de 21 millones de usuarios en Venezuela, recoge datos personales básicos como la dirección y la fecha de nacimiento, pero también información sensible como la pertenencia a un partido político, la participación en iniciativas del Partido Socialista Unido de Venezuela y la actividad en las redes sociales.
La misión destaca que no está claro qué institución estatal es responsable de la gestión de sus datos ni cómo y con qué fines se utiliza y almacena esta cantidad masiva de datos. Otro asunto preocupante, agrega, es que las inscripciones en la plataforma son gestionadas por militantes del movimiento Somos Venezuela, una plataforma política cercana al PSUV.
“No hay transparencia sobre cómo se asignan los bonos y beneficios a través de la plataforma, a qué beneficiarios y según qué criterios. La práctica de escanear el Carnet de la Patria el día de las elecciones podría hacer creer a algunos votantes que el secreto de su voto no está totalmente garantizado”, expresa.
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