La Universidad Central de Venezuela (UCV) expresó preocupación ante «la inminente» aprobación del proyecto de ley contra el fascismo, al considerar que este texto asocia ideologías políticas con prácticas discriminatorias, según comunicado difundido este viernes.
El Consejo Universitario de la UCV consideró que la ley propuesta «hace una indebida asociación de fobias discriminatorias (racismo, chovinismo, clasismo y misoginia) con algunas de las grandes tradiciones ideológicas (liberalismo, conservadurismo, neoliberalismo) admisibles en cualquier democracia sustentada en el valor del pluralismo político».
A juicio de la universidad, este proyecto «no contribuye a crear las condiciones necesarias para promover el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto mutuo entre diferentes, así como a la prevención y erradicación de toda forma de violencia política».
#10abril2024 II #ComunicadoOficial
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela a la opinión nacional sobre el Proyecto de la Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. pic.twitter.com/Adic2ndYh8
— Consejo Universitario UCV Oficial (@CUUCV_oficial) April 12, 2024
Por ello exhortó al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el chavismo, a «declinar» esta iniciativa, elaborada por orden del jefe del Estado, Nicolás Maduro, y presentada ante los diputados por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.
Este texto -que recibió un primer visto bueno y necesita una segunda discusión para ser aprobado- «no parece destinado a fortalecer el entendimiento entre los venezolanos ni la paz por la que clama la República», concluyó la UCV.
Según dijo Rodríguez en el Parlamento, el proyecto establece «medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a expresiones de orden fascista».
Entre las «medidas de protección contra el fascismo», la vicepresidenta señaló la prohibición de «la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política», así como el establecimiento de «sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley», aspecto sobre el que no dio detalles.
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